Las ordenanzas militares, enviadas a las Cortes como proyecto de ley

El Consejo de Ministros decidió enviar a las Cortes, como proyecto de ley, las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Con ello se posibilita un debate democrático sobre la institución y el compromiso de todas las fuerzas políticas con las funciones de defensa del Estado. Según se añade en la nota oficial facilitada ayer, el proyecto de Ordenanzas ha sido elaborado- por una comisión interejércitos y más tarde corregido y aprobado por la Junta de Jefes de Estado Mayor, previa consulta a los Consejos Superiores de los tres Ejércitos.

«Las nuevas Reales Ordenanzas, que sustituirán a los antiguos y clásicos textos de Ordenanzas del Ejército de SM el Rey Carlos III y las Ordenanzas Generales para la Armada de SSMM los Reyes Fernando VI y Carlos IV pretenden ser la regla moral de la institución militar y el marco legal que defina las obligaciones y los derechos de sus miembros. Con la promulgación de esta normativa tan fundamental para las Fuerzas Armadas, se pretende garantizar la eficacia de las mismas y que sirva de base para la actualización y revisión de las normas particulares de cada Ejército y de las generales para la organización y vida de las unidades militares.»«Las ideas principales del proyecto de ley resaltan que las Fuerzas Armadas están al servicio de la Patria, un exacto cumplimiento del deber, el respeto a la dignidad de la persona y a las leyes y usos de la guerra. El soldado constituye el elemento básico de las Fuerzas Armadas, siendo la aportación de la sociedad a su propia defensa. Las Fuerzas Armadas, identificadas con los ideales del pueblo español, del que formar parte, al que sirven y del que reciben estímulo y apoyo, son el elemento esencial de la defensa nacional, que es problema de todos los españoles.».

Reestructuración policial

El Consejo aprobó tres decretos por los que se modifica el ingreso y planes de estudio en la Escuela General de Policía, la organización del centro y se reestructura la Dirección General de Seguridad.

Las normas para ingreso en la Escuela General de Policía señalan que si las plazas que se convoquen son para cubrir puestos en la escala facultativa, los aspirantes deberán estar en posesión del título superior correspondiente. Superadas las pruebas selectivas para ingresar en la Escuela, los aprobados realizarán un curso académico de formación básica y de carácter eliminatorio. Los que superen este curso seguirán en la Escuela dos más y serán nombrados funcionarios del Cuerpo General de Policía.

A su vez, la Escuela se reestructura creando un órgano rector del centro que será un patronato integrado, por terceras partes, por representantes de la Administración, de los profesores y alumnos de la Escuela y asociaciones profesionales del Cuerpo General y por representantes de centros u organismos relacionados con la función policial.

La Dirección General de Seguridad se reestructura restableciendo la secretaría general como centro coordinador de la gestión administrativa. Como órganos periféricos de la Dirección General y bajo la dependencia de ésta y de los, respectivos gobernadores civiles existirán las jefaturas superiores de Policía, las comisarías provinciales, y las comisarías locales o de distrito.

Igualmente se reestructura la Subsecretaría de Orden Público para una mayor eficacia en su labor de coordinar las direcciones generales de Seguridad y de la Guardia Civil.

El ministro del Interior informó sobre la creación de una unidad especial de carácter mixto, integrada por personal de los cuerpos generales de Policía y Guardia Civil para los delitos de terrorismo y sobre la creación de unidades especiales en cada una de las direcciones generales de Seguridad y de la Guardia Civil para prevenir y combatir específicas modalidades de la delincuencia común caracterizadas por su mayor incidencia y actualidad.

Dentro del Ministerio del Interior hay que señalar que el Consejo acordó sancionar con cinco millones de pesetas a Editorial Fobos y a Talleres Gráficos Ruiromer, respectivamente, por distribuir e imprimir la publicación pornográfica Private.

Se declara zona catastrófica la parte oriental de la provincia de Santander y los municipios de Carranza y Trucios, en Vizcaya. Se concede una subvención de casi catorce millones y medio de pesetas a la Diputación de Oviedo para paliar los daños ocurridos en Langreo con ocasión de las lluvias torrenciales de 19 dejunio de 1977.

Arrendamientos rústicos

El Gobierno ha acordado remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre arrendamientos rústicos que intentará fomentarlos y superar -dice la nota oficial- «los intereses inicialmente antagónicos, de arrendador y arrendatario, buscando un punto de equilibrio que garantice los derechos de ambas partes. Junto al proyecto se remite a las Cortes un decreto-ley sobre prórroga de arrendamientos rústicos, a fin de garantizar que hasta la aprobación de la nueva ley ningún arrendatario, cultivador directo y personal, pueda ser desahuciado. Para ello se prorrogan los arrendamientos rústicos, a medida que expire su plazo, hasta la entrada en vigor de la nueva ley o, en su caso, por un plazo máximo de un año.

Por otro lado, se regula la financiación de viviendas sociales por el Banco Hipotecario y el apoyo financiero del Instituto Nacional de la Vivienda. Se aumenta el crédito para viviendas destinadas a los estratos de menor nivel de renta. La disposición prevé 15.000 millones de pesetas para iniciar la construcción de 10.000 viviendas.

Reformas en Correos y Telégrafos

Se revisan los servicios y tarifas, se regula la obligación de ajustar las dimensiones y formatos de impresos y se incrementa el valor del franqueo y se regula especialmente la venta por correspondencia.

En telégrafos se pretende que los usuarios indiquen, juntó con las señas del destinatario, su número de teléfono, para que el texto pueda darse inmediatamente por este medio, sin perjuicio de la entrega del telegrama en el reparto ordinario del correo.

Líneas del nuevo Código Penal

El Consejo fue informado por el ministro de Justicia de las «Iípeas generales de la reforma del Código Penal», elaboradas por una sección especial de la Comisión General de Codificación.

Se trata de una revisión tan profunda del vigente Código Penal que, en algunos aspectos fundamentales, como es el sistema de penas, implica auténticas innovaciones.

El objetivo principal de la reforma consiste en acompasar el vigente Código -cuyas líneas maestras se remontan a 1848- a las actuales exigencias político-criminales, derivadas de las transformaciones sociales operadas y del cambio político que se está produciendo y que culminará en la nueva Constitución. Se corregirán errores técnicos, evitando consagrar a nivel legislativo doctrinas actualmente objeto de polémica.

En el sistema de penas, constituyen grandes novedades la sustitución de la pena de multa por la de días-multa, la introducción del arresto de fin de semana, las medidas de seguridad posdelictuales para los sujetos peligrosos, la mayor flexibilidad en las reglas para la aplicación de las penas y otras, tales como la rehabilitación automática y la prescripción de la reincidencia.

La responsabilidad civil recibirá un tratamiento unitario con reglas sobre la extensión, alcance y efectividad de aquélla, así como la forma de hacerla efectiva a través del proceso penal, aun cuando derive de actos inculpables.

En la parte especial se produce una reordenación sistemática con posible introducción de nuevos títulos, referentes a delitos contra la comunidad internacional, de delitos contra la familia, protección penal -a la intimidad, delitos contra la economía pública o el orden económico, revisándose profundamente los delitos contra la honestidad, contra la propiedad y los delitos de imprudencia.

Primeras transferencias a la Generalidad

El Consejo aprobó cuatro reales decretos por los que se transfieren a la Generalidad de Cataluña competencias de la Administración del Estado en materia de urbanismo, agricultura, industria y comercio. El primer real decreto transfiere a la Generalidad la práctica totalidad de competencias que, en materia de, urbanismo, venían atribuidas por la legislación vigente a la Administración estatal, la cual sólo se ha reservado la aprobación de planes directores territoriales de coordinación.

El segundo real decreto traspasa a la Generalidad las siguientes competencias en materia de agricultura: extensión e investigación agraria y denominaciones de origen. En lo que se refiere a Industria se traspasan las competencias atribuidas a las delegaciones provinciales del Ministerio: entre otras, registro industrial, tramitación de expedientes de instalación, verificación de controles, acciones concertadas y polígonos de preferente localización.