Los máximos dirigentes de la extrema derecha, citados a declarar en el sumario de Atocha

Raimundo Fernández-Cuesta, ex ministro y líder de Falange Española de las JONS; Blas Piñar, presidente del partido de extrema derecha Fuerza Nueva; Juan García Carrés, ex presidente del antiguo sindicato verticalista de Actividades Diversas e hijo de Vicente García Ribes, ex presidente del antiguo sindicato de Transportes, y Mariano Sánchez-Covisa, jefe de los Guerrilleros de Cristo Rey, serán llamados a declarar en el sumario sobre la matanza del despacho laboralista de la calle de Atocha, de Madrid, según decisión adoptada por la Audiencia Naciona, al estimar el recurso de apelación interpuesto por la acusación privada en representación de los supervivientes y familiares de las víctimas de aquel trágico suceso.

La acusación privada, representada por los abogados José María Mohedano, Cristina Almeida, José María Stampa Braun, Antonio Rato, Jaime Sartorius, Jaime Miralles y José Luis Núñez Casal, ha venido insistiendo para que los citados dirigentes de extrema derecha fueran llamados a declararante el juez instructor del sumario, ya que sus nombres aparecieron en las declaraciones efectuadas por los procesados, actualmente presos en la prisión provincial de Ciudad Real.Además de los anteriores, también deberán declarar otros conocidos individuos de extrema derecha, tales como Angel Sierra y Ricardo Manteca, cuyos nombres han estado relacionados en el pasado con numerosos atentados a librerías progresistas y a salas de arte. igualmente, deberán declarar en el sumario por la matanza de Atocha Pedro Rodrigo, director de la revista Fuerza Nueva, órgano del partido del mismo nombre; Luis Fernández Villamea, miembro de este partido, y los inspectores de policía Luis González Gay y Antonio González Pacheco, este último segundo del comisario Conesa en la Brigada Antiterrorista.

Finalmente, también deberá declarar Claudio Grande, Encinas, al que hizo una llamada telefónica desde Almería el procesado Fernández Cerra. Por otra parte, la Audiencia Nacional también ha ordenado que se investigue sobre la llamada telefónica efectuada desde Almeria por el citado procesado al número 225 44 51, de Madrid, correspondiente a una supuesta fábrica de muebles denominada Laorga, que ha dejado de existir hace algunos meses y en la que, según la acusación privada, se reunían militantes ultraderechistas.

La Audiencia Nacional ha entendido que es procedente la declaración de las citadas personas a fin de apurar la investigación judicial que se viene efectuando sobre el atentado al despacho laboralista de la calle de Atocha, y habida cuenta de las alegaciones formuladas por las partes durante la vista del recurso de apelación, los testigos de los procesados y el material probatorio que obra en el sumario.