Procesados los directivos de Azulejera Granadina
El Juzgado de Instrucción número tres de Granada ha dictado el auto de procesamiento contra los directivos de Azulejera Granadina, SA, Francisco Sáez de Tejada y Juan Palomino, antiguos presidente y delegado consejero de la empresa, respectivamente, como presuntos responsables de un supuesto delito contra la seguridad del trabajo, según el artículo 499 bis del Código Penal, que protege el derecho de los trabajadores a la estabilidad en el empleo y sanciona a aquellos empresarios que de manera maliciosa pongan en peligro el ejercicio de tal derecho.Al mismo tiempo, el juez ha decretado la libertad provisional de ambos implicados, bajo fianza de 350.000 pesetas cada uno, y con la obligación de acudir al juzgado cada quince días. Contra el auto han presentado recursos los dos afectados, por lo que éste no se ha hecho firme.
Según la copia del auto del juzgado, los señores Sáez de Tejada y Palomino están acusados de haber aprovechado sus altos cargos en la empresa para adquirir, a precios inferiores a los de costo, productos de Azulejera para establecimientos privados de su propiedad. Además, el señor Palomino utilizó personal y material de Azulejera para obras particulares de una fábrica de su propiedad en Córdoba, lo que supuso para la empresa un perjuicio económico no inferior a 2.233.000 pesetas.
La existencia de dos contabilidades distintas en la empresa, la declaración de que la administración y dirección económica de la misma eran completamente anárquicas y la realización de unas amortizaciones realmente insuficientes, todo lo cual provocó la gradual y progresiva descapitalización de Azulejera, con continuas peticiones de expediente de reestructuración de plantillas, cierre patronal y suspensión de pagos, hasta la definitiva declaración de quiebra y cierre de la factoría, el pasado día 11 de febrero, son otros términos igualmente recogidos en el acto de procesamiento ahora dictado.
Por su parte, en la pieza quinta de la calificación civil de la quiebra de Azulejera, que está siendo actualmente estudiado por el Juzgado de Primera Instancia número dos de Granada, el fiscal actuante concluye calificando la quiebra de fraudulenta, en contra de la calificación de la misma como fortuita emitida en su informe por el comisario designado por dicho juzgado.
