Posibles "filtraciones" policiales en la denuncia de "Interviú" contra ACL

El ministro del Interior ordenó ayer una investigación acerca del reportaje que publica la revista Interviú en su número de esta semana, sobre presuntas implicaciones delictivas de dirigentes de Acción Ciudadana Liberal, así como los posibles orígenes de la información, según declaró ayer el propio señor Martín Villa, al ser preguntado por un grupo de periodistas sobre las posibilidades de que el reportaje en cuestión tuviera raíces en filtraciones policiales. El número ha sido secuestrado, pero no por la información sobre ACL, sino por otro reportaje, sobre el pasado de Antonio Rosón Pérez, que ya fue causa de anteriores secuestros.

El reportaje sobre ACL, que el señor ministro desconocía ayer por la mañana, se basa en declaraciones de un individuo, Luis Miguel Rodríguez Pueyo, presuntamente conectado con el ex secretario de finanzas de ACL, Jaime Messía. Ambos han sido detenidos por atraco y secuestro.Acción Ciudadana Liberal (ACL), partido que preside José María de Areilza, está dispuesta a llegar hasta el final y que se descubran los verdaderos responsables de lo que entiende es una campaña de desprestigio contra el partido, según el comunicado emitido por el partido en relación con el reportaje que publica la revista Interviú en su número de esta semana, en el que se vierten graves acusaciones contra el secretario general de ACL, Francesc Guardans.

El reportaje en cuestión afirma que Francesc Guardans está implicado en las acusaciones de robo y secuestro que pesan sobre el ex secretario de fimanzas de ACL, Jaime Messía. Ante tal afirmación, José María de Areilza envió telegramas al presidente de la empresa editoria, Antonio Asensio; al director de la revista, Antonio Alvarez Sols, y al autor de la información, Eliseo Bayo, para que se retirase el reportaje, apelando a su ética periodística.

El señor Guardans ha aclarado, respecto a las acusaciones que le hace el señor Messía, que toda su relación con él deriva de que éste se presentó al partido para colaborar, y que fue expulsado, a petición precisamente de Guardans, en cuanto se observaron algunas anomalías.

Por su parte, Antonio de Senillosa, dirigente de ACL, ha declarado que «habrá que ser implacables y averiguar el origen y los instigadores». El señor Senillosa ha calificado los hechos de «maniobra sucia, rastrera y calumniosa», y añadió que «todo tiene el aspecto de un montaje». Dijo también que hay que preguntarse a quién beneficia esta acción, quien ha entregado unas diligencias policiales, si es que son verdaderas, y si son falsas, quién las inventó.

El director de la revista, por su parte, ha manifestado a EL PAIS, en relación con la supuesta existencia de fuentes policiales, que el origen de la información es secreto profesional, si bien aseguró que las fuentes eran seguras. Asimismo, ha informado que la revista ha enviado al señor Areilza un telegrama en el que, contestando al del presidente de ACL, le explican la posición de la publicación.

En cuanto al contenido de la información, la revista no descarta que se trate de unos delincuentes que pretenden encubrir su acción con motivaciones políticas, que se trate de una operación lanzada contra ACL, o bien, que realmente esté implicado el partido. A este respecto, el director explicó que la información llegó al autor del reportaje con un sentido muy desfavorable para ACL, y que se trató de evitar posibles ofensas al partido.

El número de la revista fue secuestrado ayer por orden del juzgado número 13 de Madrid, pero la causa del secuestro no es el artículo sobre ACL, sino el famoso reportaje sobre Antonio Rosón Pérez, que ya había provocado otros secuestros, los cuales fueron levantados por el juez de Hospitalet (Barcelona).

A este respecto, el director de la publicación resaltó la situación de indefensión jurídica provocada por la contradicción entre los dos jueces.

Un portavoz de ACL ha declarado a EL PAIS que ellos prefirieron no ejercer las posibilidades que había de secuestro en relación con su caso, porque acciones de este tipo podrían atentar contra la libertad de expresión.