La huelga acusadora

Una vez más los maestros han levantado su voz y una vez más han tenido su respuesta: promesas siempre formuladas, pero nunca cumplidas. Una vez más han hecho una llamada a la razón y una vez más, mucho me temo, creo que sea un clamor en el desierto.Son voces y llamadas que no queremos escuchar, pero que oímos. Son voces y llamadas que no atenderemos, pero que abren el camino a la meditación. Son voces y llamadas que nos resbalan, porque... nos acusan.

Son una acusación contra la Administración que, a través del titular del Ministerio de Educación y Ciencia, reconoce públicamente la justicia de sus reivindicaciones, pero que al elaborar unos presupuestos olvidó, quizá por la, inercia de la costumbre, la existencia de una injusta situación, alegando en su descargo el hecho consumado de unos presupuestos vigentes. En definitiva, una acusación contra una Administración que, pese a decir lo contrario, parece considerar todavía a la educación como un bien de consumo y no como un bien de inversión.

Pero en aras de la verdad, no sólo la Administración debe ser acusada, sino también unos partidos políticos que, al aprobarse los presupuestos, no alzaron su voz a favor de los discriminados funcionarios de la enseñanza en todos sus niveles y muy especialmente en el sector peor tratado: los maestros.

A esos partidos no creo que les sea válido el socorrido argumento de ignorar la situación, pues en sus programas electorales bien que exponían como valor prioritario la mejora de la enseñanza, y mal puede hablarse de calidad de la misma si no se mejora la situación de quienes han de llevarla a cabo.

Y como cada palo debe aguantar su vela, creo que también hay una acusación para la sociedad en general, en la que todos estamos inmersos. Una sociedad que no debe esperar a que los funcionarios de la enseñanza le pongan el despertador, sino que ha de ser ella la que procure que los maestros sean tratados no con privilegio -pues en una sociedad bien organizada no deben existir privilegiados-, sino con justicia, aunque sólo sea porque en ello va en juego el bien más preciado de su existencia: la formación de sus generaciones futuras.

¿Cómo puede ofrecer la Administración, prometer los partidos políticos y exigir la sociedad una enseñanza de calidad, cuando para realizarla cuenta con unos funcionarios mal remunerados, poco considerados y, lo que es peor, tantas veces engañados?

Quiero creer, necesito creer, que esta situación se arreglará, porque si así no fuera, peor para los maestros, pero mal para todos.

No obstante, soy comprensivo y entiendo que todos los acusados, Administración, partidos políticos y sociedad, tienen problemas de más enjundia que el de preocuparse de sus hijos, perdón, quiero decir de sus maestros.