Conservadores y jugadores

Director General de Tributos

El pasado día 14 de abril el Gobierno aprobó los últimos proyectos de ley, que completan el programa de reforma fiscal en su aspecto normativo. Durante los próximos meses las Cámaras legislativas estudiarán y discutirán estas leyes fiscales que, para muchos, constituyen materia absolutamente reservada a los especialistas.

Sin embargo, sólo en parte es así, pues no se puede ignorar ni esconder tras la profusión de los tecnicismos, la trascendente decisión política -comprensible para todos- que el Parlamento tiene ante sí. A este respecto, creo que conviene ser explícito con objeto de abreviar los argumentos en espiral que la discusión -parlamentaria o no- de los proyectos pondrá inevitablemente sobre la mesa del país.

Una afirmación de partida: cualquier sistema fiscal supone un patrón, un criterio para distribuir entre los ciudadanos los costes ocasionados por los servicios públicos. En consecuencia, lo que se discute en el fondo -y aquí está la inevitable decisión política-, cuando se opta por uno u citro modelo fiscal es, en definitiva, el patrón distributivo de unos determinados costes sociales.

Genéricamente pueden establecerse dos modelos de distribución de impuestos: el progresivo y el regresivo. Entre ambos, naturalmenté, se encuentran todas las situaciones intermedias posibles. En un sistema progresivo quienes dísfrutan de una renta superior pagan proporcionalmente más que los que detentan una renta inferior. Así, por ejemplo, si una familia con una renta anual de 800.000 pesetas pagase 80.000 pesetas al año de impuestos -de todos los impuestos-, otrafamilia, en igualdad de circunstancias, con una renta de cinco millones de pesetas debería pagar más del 10% de su renta que es el porcentaje satisfecho por la familia con menor renta. Cuando esto sucede decimos que la imposición, en conjunto, resulta progresiva y si sucede lo contrario, esto es, que los sujetos con menor renta pagan proporcionalmente más, entonces el sistema fiscal será regresivo.

Impuestos sobre lá renta frente a impuestos sobre el gasto

Pasar de este criterio de fácil comprensión a un esquema tributario también resulta sencillo. En general, puede afirmarse que la imposición sobre la renta y el patrimonio es una imposición potencialmente progresiva -si está bien estructurada para ello- mientras que la imposición sobre el gasto -gasto de consumo, se entiende- es una imposición regresiva, por la razón obvia de que la proporción del consumo en la renta decrece al aumentar esta última.

En realidad, históricamente ha prevalecido con técnica más o, menos adecuada la imposición sobre el gasto. Las estructuras fiscales del subdesarrollo son estructuras del gasto y también eran patrones regresivos los existentes en los países europeos antes del siglo actual. No puede decirse por tanto, si se salva la técnica hoy personalizada, que la imposición sobre el gasto sea algo recién descubierto.

Pero la opción por el modelo de imposición sobre el gasto significa algo más que conviene no olvidar. Una imposición preponderante sobre el gasto y, por tanto, en esencia, regresiva, supone defender una participación activa del aparato del Estado para agrandar la desigualdad con que se distribuye la renta. Supone, en definitiva, reforzar el ahorro de unos pocos a cambio de reducir la renta de otros muchos y esto, en mi opinión, equivale a utilizar al Estado como instrumento de agravación de las tensiones sociales.

Por el contrario, en una fiscafidad preponderante sobre la renta, subyace otra concepción diferente del papel del Estado. Se trata de un Estado que pretende atenuar las diferencias sociales y servir de elemento de compensación de tensiones mediante la redistribución de la renta, y, por tanto, una distribución más democrática del poder político. Pretende que el poder del Estado no se halle al servicio de unos pocos, sino que responda a la distribución social del poder haciendo esta, a su vez, más igualitaria.

Y yo me pregunto. ¿no se podría definir así un proceso de democratización? ¿No se trata acaso de desprivatizar el poder político convirtiéndolo en patrimonio de todos? ¿No es pues un sistema fiscal basado en la tributación sobre la renta el adecuado y coherente con una situación que pretende reducir desigualdades y democratizar en general el poder? Creo que una respuesta afirmativa a las anteriores cuestiones es la única posible.

Cuánto se ahorra y quién ahorra

Sin embargo, las frecuentes defensas surgidas en favor de la imposición sobre el gasto en ninguna ocasión se toman la molestía de analizar hasta el fondo sus presupuestos políticos y consecuencias finales. Suele zanjarse el tema con una llamada al ahorro que se entinde perjudicado por la imposición sobre la renta. El tema, en Cambio, merece alguna reflexión.

Como ya señalé en otra ocasión, la preferencia por la imposición sobre la renta no implica necesarianiente menos ahorro global. Sí implica en cambio alterar el protagonista del ahorro y, por tanto, el futuro propietario del capital.

Si el gasto público consuntivo se mantiene inalterado y los impuestos aumentan lo que aumentará será el ahorro público.

Si ni siquiera aumentan los impuestos, pero se varía su estructura en favor de los impuestos progresivos, tampoco debe disminuir necesariamente el ahorro global puesto que es posible -y existen mecanismos imaginables al respecto- que aumenten su ahorro aquellos que se han visto favorecidos por el cambio tributario y compensen de esta forma la disminución del ahorro en aquellos otros que se han visto incididos por la imposición progresiva. El resultado final del proceso, como antes indicaba, puede mantener idéntica masa de ahorro global pero distribuida, en cuanto a sus protagonistas, de una manera másjusta.

Tal redistribución del ahorro y, en consecuencia, del poder, dificilmente puede atacarse por los defensores de una economía de mercado, puesto que la justificación última del sistema capitalista occidental se razona tanto en términos de eficacia como en términos de libertad, y a este respecto no debe olvidarse que el modelo normativo que satisface ambos requisitos es un modelo competitivo cuya característica fundamental consiste en que ninguno de los participantes en eljuego económico tiene más poder que otro. Sólo así la economía será eficaz y el modelo, político resultante democrático.

Por tanto, todas las acciones del Estado -y un sistema fiscal progresivo puede ser una de ellas-, tendentes a distribuir el poder más igualitariamente tiene necesariamente que conducir -al margen de las teorías del «second best»- a una economía económicamente más eficaz y políticamente más democrática, a una situación, en definitiva, más próxima a ese modelo normativo que, desde un punto de vista ético, constituye la razón de ser del sistema.

Lo contrario, esto es, propugnar una imposición preponderante sobre el gasto no es, ed mi opinión, siquiera una postura conservadora, como pudiera parecer, sino la típica del jugador que apuesta a que aumentando la tensión en una sociedad ésta acabará cambiando... a su favor. ¿Correría un conservador este riesgo?