El laberinto vasco
EL CONSEJO General vasco ha desautorizado en un comunicado de extraordinaria dureza la iniciativa del señor Tarradellas de ofrecer sus servicios como negociador para la pacificación del País Vasco. La intemperancia de la respuesta, que acusa de afán de protagonismo al presidente de la Generalidad y rechaza de plano sus oficiosidades, tiene seguramente varias causas. Su intento de reconocer como interlocutor válido al lendakari Leizaola, presidente del Gobierno vasco en el exilio, es una afrenta a la legitimidad democrática de los parlamentarios que forman el Consejo; parece como si se tratara de repetir en Euskadi la maniobra del pasado mes de julio en Cataluña, privilegiando, con el apoyo del Gobierno de Madrid y en contradicción con todos los postulados de la reforma política, a una figura histórica del exilio y contraponiéndola a un organismo colegiado respaldado por las urnas en el que son mayoritarios los partidos de oposición. Pero el Consejo General vasco no defiende sólo su estatuto político y legal; también se hace eco, con retraso de las protestas que suscitaron, hace pocas semanas, las declaraciones del señor Tarradellas sobre Euskadi.Por lo demás, no es improbable que la guerra entablada entre los socialistas catalanes y el presidente de la Generalidad haya influido también en la respuesta dada por un organismo cuya presidencia ocupa un veterano miembro del PSOE; pues cabe la sospecha de que ese espectacular paso, dado en condiciones de publicidad poco adecuadas a la confidencialidad de su propósito, sea en parte una operación de diversión del señor Tarradellas, fuertemente contestado por un sector de los parlamentarios y de la opinión pública catalana que le reprocha haber regresado de Madrid con las alforjas vacías, bloquear la transferencía de competencias estatales y provinciales a la Generalidad, gobernar de forma caprichosa y personalista, y emplear toda su influencia para crear un partido presidencialista en el principado.
Sin embargo, las motivaciones interesadas que puedan haber coadyuvado al gesto del señor Tarradellas no privan de valor a su iniciativa. Y las acusaciones de entrometimiento que le ha dirigido el Consejo General vasco son excesivas y localistas.
La consolidación de las instituciones democráticas en España depende de la pacificación del País Vasco, donde el cruento fanatismo de ETA, si bien no le servirá para imponer mediante las armas una Euskadi socialista, reunificada e independiente, podría ser utilizada como fulminante para una involución autoritaria en toda la Península. Por esa razón, a ningún español se le puede censurar, por cuestiones de forma o como resultado de un juicio de intenciones, que considere los problemas del País Vasco como propios.
Ahora bien, la iniciativa del señor Tarradellas, aunque en ningún caso contraproducente, no parece demasiado prometedora. La situación en el País Vasco no mueve al optimismo; y las habilidades negociadoras del presidente de la Generalidad, que se mostraron efectivas en despachos y salones, no resultan las más apropiadas para un campo de batalla. No es lo mismo chalanear con ministros y políticos parlamentarios que sentarse a la mesa de discusión con unos profesionales de la metralleta. Y la idea de que el lendakari Leizaola y el Partido Nacionalista Vasco pueden servir de mediadores bajo la sabia dirección del señor Tarradellas en la negociación con ETA es simplemente un buen deseo.
La nueva ofensiva de ETA muestra una gran frialdad en su estrategia. Ha conseguido ya su primer objetivo: hacer olvidar a sectores minoritarios pero significativos del pueblo vasco que la perspectiva de paz y reconciliación abierta por la amnistía de octubre de 1977 ha sido destruida por los terroristas de ETA, no por las fuerzas de orden público. Los crímenes cometidos por los etarras en los últimos meses ponen de manifiesto que la campaña por la amnistía posterior a la muerte de Franco, en sí misma justa, fue secundada por los grupos situados en la orla de los terroristas con motivos pigamente tácticos. Lo mismo ocurre ahora con las movilizaciones para pedir una segunda amnistía de la que se beneficiarían los que siguieron asesinando después de concedida la anterior; y si esa nueva amnistía llegara a ser otorgada, los terroristas festejarían su promulgación con otros asesinatos, que darían motivo para lanzar una nueva campaña en favor de una tercera amnistía... y así hasta el infinito.
Por lo demás, los dirigentes de ETA saben que los asesinatos de miembros de las fuerzas de orden público, atrapados en emboscadas o ultimados por la espalda, producen una enorme tensión emocional entre los compañeros de las víctimas. Saben, en definitiva, que el mecanismo «acción-represión-acción» todavía funciona; y conocen la forma de desencadenar con eficiencia esa diabólica espiral.
Esta frialdad de los planteamientos de ETA, tan lejana del romanticismo populista de sus orígenes, es el argumento principal a favor de la hipótesis de que otras fuerzas e intereses se hallan detrás de los terroristas vascos y también un motivo de reflexión para los que todavía se esfuerzan por encontrar atenuantes a sus crímenes. Porque los dirigentes de ETA no sólo son responsables del asesinato de miembros de las fuerzas de orden público; son también los induclores de la muerte de sus propios militantes y simpatizantes, simples peones en una partida de ajedrez sangrienta en la que uno de los jugadores no vacila en sacrificar los propios peones para mejorar su posición estratégica.
