Los debates en el Congreso coincidirán con las movilizaciones obreras

La sesión de la mañana transcurrió sin apenas debate, imponiéndose el criterio mayoritario de UCD y AP en la totalidad de los tres artículos aprobados durante las dos horas que ocupó la misma. De esta manera, fueron aprobados los artículos 16, 17 y 18 prácticamente tal como habían sido dictaminados por la ponencia, con las únicas modificaciones introducidas como enmiendas in voce por los grupos parlamentarios de UCD y Alianza Popular.Los votos particulares al artículo 16, presentados por Socialistas del Congreso y Socialistas de Cataluña, a los que se sumaron los grupos Comunista y Mixto, defendían las listas cerradas para la elección de los delegados de personal, cuya regulación se contempla en el referido artículo.

Sometido a votación este artículo, prosperó la tesis de UCD, según la cual, y tal como explicó José Luis Moreno, «debe ser la elección directa la que dé el primer puesto a quien tenga más votos». El artículo, según el dictamen de la ponencia, fue aprobado con dieciocho votos a favor y catorce en contra.

El artículo 17, que regula la elección en empresas de más de cincuenta trabajadores -es decir, miembros de comités de empresa-, registró los votos particulares de Socialistas del Congreso y Socialistas de Cataluña, en el sentido de retirar el texto del mismo, además otro del Grupo Comunista, que finalmente se transformó en apoyo a los dos primeros.

Dos colegios electorales

La defensa de los diferentes votos particulares se centró en tomo a la existencia de dos colegios electorales, contra lo que se manifestaron los grupos de izquierda por entender que tal práctica favorece el amarillismo. En este sentido, en su intervención el diputado comunista Marcelino Camacho insistió en sus ataques al Gobierno como favorecedor del sindicalismo amarillo.Jerónimo Saavedra (PSOE). La división del electorado en dos colegios no tiene justificación puesto que el sindicalismo hoy engloba a todos los trabajadores con independencia de su cualificación dentro de la empresa. Todos hemos constatado la progresiva proletarización de los cuadros, por lo que hoy no existe enfrentamiento entre los trabajadores de mono y los llamados de cuello blanco.

Marcelino Camacho (PCE). No debe haber más de un colegio. Trabajadores son todos y ellos se han manifestado claramente por la unidad. Deben desaparecer las normas que dan lugar al amarillismo y el pretexto al Gobierno para intentar hacernos creer que tantos representantes como han sido elegidos en los últimos comicios eran independientes o no tenían afiliación. El sistema proporcional debe operar en todas las empresas.

José Luis Moreno (UCD). Si se tacha de verticalista al sindicalismo que contempla dos colegios, qué dirían los compañeros comunistas y socialistas del sindicalismo francés, por ejemplo, en el que existen tres colegios. Los calificativos de amarillista no ofenden al Gobierno, contra el que el diputado comunista dirige sus ataques, sino a los trabajadores independientes.

Antonio del Valle (AP). De la lectura del texto elaborado por la ponencia no se desprende favoritismo hacia una u otra corriente sindical.

Sometidos a votación los diferentes votos particulares fueron derrotados por la oposición de UCD y AP. El texto de la ponencia, con las modificaciones introducidas por estos dos últimos grupos como enmiendas in voce (en caso de empate a votos, la elección recaerá sobre el trabajador de mayor antigüedad y no el que figure en lugar anterior en su candidatura, como decía el texto de la ponencia), fue aprobado punto por punto.

El artículo 18, que regula la formación de mesas electorales, fue aprobado sin apenas debate, aceptándose la modificiación sugerida por el Grupo Socialista y asumida como enmienda in voce por UCD en el sentido de que cada candidato o candidatura, en su caso, pueda nombrar un interventor por cada mesa electoral.

La sesión de la tarde revistió en líneas generales la misma tónica que la de la mañana: poco debate y discusión y aprobación de artículos de manera rápida. Sólo en dos puntos hubo disparidad manifiesta de criterios entre derecha e izquierda: los relativos a los gastos ocasionados por las elecciones y las reclamaciones de las mismas ante la autoridad laboral.

Todas las enmiendas y votos particulares presentados al artículo diecinueve fueron retirados, lo que permitió que los apartados uno, dos y cinco fueran aprobados por unanimidad, según el dictamen de la ponencia. El apartado tres, también según la ponencia, se aprobó con la abstención de socialistas y comunistas, y en el apartado cuatro se admitió por unanimidad una enmienda in voce de los dos grupos parlamentarios socialistas, en la que se alude a que contra la proclamación de candidatos podrán reclamar estos mismos o sus interventores en el plazo de las veinticuatro horas siguientes, cosa que no contemplaban los textos de la ponencia ni del Gobierno.

En el artículo veinte, en sus apartados uno, cuatro y cinco, quedó aprobado, igualmente por unanimidad, el texto de la ponencia; el dos, con los votos en contra de socialistas y comunistas, y el tres, con las abstenciones de estos últimos. En el apartado dos fueron desechadas las enmiendas de la Minoría Catalana y las de Socialistas del Congreso y Socialistas de Cataluña.

Lo que en un principio estaba previsto como artículo veinte bis (de nueva redacción) quedó incorporado al dictamen de la comisión como apartado seis del artículo dieciocho, a propuesta de UCD, que, igualmente, presentó una enmienda in voce con un nuevo texto para este apartado, que fue aprobado, con el voto en contra de socialistas y comunistas. El texto de la ponencia de estos apartado 6, que ni siquiera fue votado, decía: «Los gastos ocasionados por la elección, excepto los relativos a propaganda, correrán a cargo de la empresa.»

El Grupo Socialistas del Congreso objetó a la enmienda in voce de UCD que ésta era más regresiva que el texto de la ponencia, a lo que el portavoz de este partido en la comisión defendió justamente lo contrario.

El artículo veintiuno quedó dictaminado, asimismo, según el texto de la ponencia, con dos modificaciones correspondientes a dos enmiendas in voce de UCD. Una, en el apartado tres, que incluye el calificativo grave, y otra al cinco, que añade al texto original la frase «a no ser que así se declare por la misma jurisdicción, a petición de parte».

Los apartados uno y dos se aprobaron por 31 votos a favor y dos en contra. El tres, por dieciocho votos a favor, catorce en contra y una abstención. El cuatro, por dieciocho a favor y quince abstenciones, y el cinco, por dieciocho a favor, catorce en contra y una abstención.

En este instante del debate, el grupo Socialistas del Congreso objetó a UCD el hacer demasiadas enmiendas in voce y en lo que respecta a la del apartado cinco del artículo veintiuno, Navarrete (SC) objetó a UCD que la adición de esa enmienda suponía «dar un cheque en blanco a los empresarios para poder paralizar unas elecciones que pudieran haberse celebrado con todos los requisitos legales».

El contenido del artículo veintidós, relativo a la celebración de asambleas en la empresa, quedaría finalmente muy distanciado del texto de la ponencia y, por supuesto, de las pretensiones socialistas expresadas por Jerónimo Saavedra, en el sentido de que las secciones sindicales pudieran también convocar asambleas.

Las enmiendas presentadas por UCD y AP a este artículo, finalmente refundidas en una sola, dieron lugar al más largo y encontrado debate de la sesión, por la introducción de elementos nuevos y limitativos del derecho de asamblea, al menos en opinión de los grupos de izquierda.

Las limitaciones, en concreto, suponían, de parte de UCD, el tratar exclusivamente en las asambleas temas laborales relacionados con la empresa de que se trate; exclusión de las mismas de extraños a la empresa y obligación de comu- nicar a la dirección el orden del día de la misma y relación de los convocados. La enmienda de AP, además, reconocía facultades de convocatoria a la empresa y a la autoridad laboral.

Desde la oposición socialista, que veía en las enmiendas citadas un principio anticonstitucional al derecho de reunión, pasando por la protesta de los comunistas por entender que la exclusión de extraños afectaría a los propios dirigentes sindicales, «en nada ajenos a los temas laborales de las empresas», las enmiendas de AP y UCD fueron contestadas por la izquierda y, tras larga consideración de su contenido por la Mesa, ambos grupos refundieron sus textos en una única enmienda, que recoge la limitación de extraños y, finalmente, fue aprobada por diecisiete votos a favor, once en contra y una abstención.

En la explicación del voto, el portavoz de UCD José Luis Moreno explicaría que la ley a debate regula los derechos de los trabajadores en la empresa y no fuera de ella, por lo que «no se interfiere en absoluto en el derecho de reunión de los mismos como ciudadanos».

Como ocurriera con el artículo anterior, el veintitrés fue aprobado de acuerdo con las enmiendas presentadas, en similares, términos, por UCD y AP, con la oposición de los restantes grupos.

Concluido el debate del articulado en la sesión de ayer, la fijación de fecha para una próxima reunión dio lugar al más fuerte enfrentamiento entre socialistas y comunistas, de una parte, y ucedistas y aliancistas, de otra.

El debate concluyó con la victoria de la izquierda, tras el pronunciamiento de la presidencia -que ostenta el socialista Francisco Vázquez, siempre imparcial y flexible en su actuación, como continuamente reconocen los restantes grupos-, por lo que la próxima reunión se ha aplazado hasta el próximo martes, día 23, coincidiendo con las acciones de protesta que para ese día y el anterior han convocado los sindicatos, en su llamamiento al encierro por parte de los comités de empresa y secciones sindicales, en apoyo del texto elaborado por la ponencia.