El Metro de Madrid, intervenido temporalmente por el Estado

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También aprobó el Consejo de Ministros un proyecto de ley para su remisión a las Cortes, que contempla el rescate de las concesiones otorgadas a la Compañía Metropolitano de Madrid y la expropiación de los bienes no afectos a las concesiones. La titularidad del servicio será municipal y el Ayuntamiento de Madrid, el beneficiario en el rescate y expropiaciones complementarias.

El proyecto de norma prevé la estabilidad del personal de la compañía y su posterior incorporación a la nueva sociedad. Los derechos de los accionistas quedan garantizados por la ley de Expropiación Forzosa o mediante el canje de acciones.

Asimismo, se crea el Consorcio de Transportes de Madrid, integrado por el Estado y el Ayuntamiento de Madrid, con competencias planificadoras y coordinadoras del servicio del transporte de la capital.

El Navarra, excluido del Registro de Bancos y Banqueros

El Consejo de Ministros, a propuesta de la vicepresidencia de Economía, acordó imponer al Banco de Navarra la sanción de exclusión del Registro de Bancos y Banqueros operantes en España, como consecuencia de las infracciones cometidas y de la indisciplina mostrada con la legislación bancaria.

Por lo que respecta al Ministerio de Hacienda, el Consejo aprobó un real decreto que desarrolla las normas relativas a los servicios de Intervención y Control del Gasto Público, contenidas en la ley General Presupuestaria y cuyo desarrollo ya lo adelantó EL PAIS en su edición del 2 de mayo. El real decreto facilita a la Administración una serie de instrumentos legales que recogen un conjunto de experiencias e innovaciones en el terreno de la intervención y servirán para fomentar el más cuidadoso empleo de los caudales públicos.

A propuesta también de Hacienda, el Consejo aprobó un real decreto por el cual se establece una ordenanza fiscal reguladora de la Tarifa Especial del Arbitrio Insular a la entrada de mercancías en las islas Canarias. Dicha tarifa fue concebida en su día como un instrumento de política económica creado en beneficio de la industria y la agricultura del archipiélago, y gravaba, desde el momento de su entrada en vigor, los productos industriales o agrarios procedentes del extranjero que fueran de la misma naturaleza de los fabricados o producidos en las islas.

Las modificaciones que se introducen permitirán una utilización de la tarifa más adecuada a la evolución del comercio del archipiélago con el extranjero, e incluso con la Península, ya que se prevé la supresión de la desgravación fiscal de las mercancías que se envíen a Cananas desde el resto de España.

Por su parte, el Ministerio de Industria y Energía presentó a Consejo dos reales decretos por los cuales se otorgan cien permisos de investigación de hidrocarburos en la zona terrestre de la Península e islas y se expropian bienes para la instalación de una nueva planta siderúrgica no integral de Siderúrgica de Galicia. Dos acuerdos aprobados hacen referencia a la ampliación de financiación de Astilleros Españoles y a la modificación del Plan de Flota de Aviaco.

Fomento de la producción de soja nacional

El Consejo aprobó una serie de resoluciones sobre regulación de las campañas de aceite de oliva, soja nacional, patata temprana y tomate concentrado. Asimismo, fueron aprobados diversos expedientes de autorización para la adquisición de fincas para el Icona.

En materia de aceite de oliva, se autoriza la adquisición de producción entre tres y cinco grados de acidez, con el propósito de sanear el mercado y potenciar la calidad de los aceites presentes en él.

En cuanto a la soja, el carácter de componente proteico dentro de la alimentación ganadera aconseja -señala la ampliación de la referencia-, teniendo en cuenta el cos te de las importaciones para la balanza agraria, establecer una serie de medidas que fomenten la produccional nacional de este producto. En tal sentido, se aprobó un real decreto por el que el precio de la soja nacional queda fijado en veinticinco pesetas kilo, con un sistema de compensaciones y subvención a la semilla, con el fin de tratar de alcanzar una superficie cultivada de 15.000 hectáreas, co mo paso prevío a un horizonte de producción de 75.000 hectáreas.

Finalmente, se acordó conceder ayudas a la exportación de patata de hasta cinco pesetas kilo, habilitando a tal efecto un monto de doscientos millones de pesetas. También se decidió arbitrar medidas reguladoras de la campaña de tomate concentrado, con un objetivo de producción de 350.000 toneladas para la región de Extremadura.

El Gabinete aprobó igualmente, a propuesta del titular de Obras Públicas y Urbanismo, la modificación del plan parcial de ordenación del polígono-poblado C de Carabanchel Alto, en el término municipal de Madrid.

También acordó conceder un crédito de 184 millones de pesetas al Instituto Social de la Marina para financiar la construcción de 184 viviendas sociales en Huelva. Por otros reales decretos se nombran veintiséis delegados provinciales de Obras Públicas y Urbanismo y se crea el Colegio de Arquitectos de Baleares.

A propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia se aprobó un real decreto que regula el régimen de los centros extranjeros en España. Este dispositivo legal pretende dotar a los referidos centros de un régimen estatutario, toda vez que su existencia viene amparada tanto en los tratados y convenios suscritos por España como en la ley General de Educación.

El ministro de Trabajo informó al Consejo sobre el descenso de las cifras de paro durante la segunda quincena de abril. Por otro real decreto se modifican algunos artículos de la ley de Procedimiento Laboral y de la Orgánica de la Magistratura de Trabajo.

El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social presentó un paquete de medidas de salud pública principalmente en lo que respecta a la medicina preventiva. Se regulan los servicios sociales de higiene y seguridad en el trabajo y se ordenan las campañas contra la tuberculosis y la diabetes y se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales.

Igualmente, dentro de la campaña contra el tabaco y el alcohol, se aprobó un real decreto sobre publicidad de los mismos en los medios de difusión del Estado.

Seguridad Social para funcionarios de Justicia

Ha quedado pendiente para el estudio conjunto de los Ministerios de Hacienda y Justicia un proyecto de disposición, presentado por este último, para extender la Seguridad Social a los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Según se informa en la nota oficial, se ar.,parará y protegerá de modo inmediato todas las contingencias derivadas de la alteración de la salud, la Incapacidad laboral y las cargas familiares, «acentuando la participación del Estado en la necesaria cobertura económica».

Finalmente, se ha declarado zona catastrófica la comarca de la Llanada alavesa que abarca la zona industrial de Vitoria y los municipios de Arzúa, Ubarrundia, Alegría, El Burgo y Aspárrena.

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