Rota la negociación entre el Ministerio y el profesorado estatal de EGB

Ayer se rompieron las negociaciones entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la comisión negociadora del profesorado estatal de EGB, reunida tras el fin de la huelga del sector. Las negociaciones han terminado, según un comunicado de dicha comisión, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo acerca de las sanciones económicas con las que se ha castigado a los profesores, a causa de la huelga, y que ascienden a 15.000 pesetas por trabajador y a un total de 1.500 millones de pesetas.

El tema de la retirada de las sanciones ha sido considerado como previo a la discusión de una serie de reivindicaciones de los profesores estatales de EGB, que consideran que la postura del MEC es contradictoria, dado que ha reconocido públicamente la justeza de sus reivindicaciones y, en cambio, no ha accedido a la subida de sueldos. Consideran que es la inflexibilidad del Gobierno la que ha roto la negociación, pese a que el profesorado estaba dispuesto a asumir, y publicarlo así, los costos sociales de la huelga y arbitrar su recuperación. En este sentido, hacen responsable al Ministerio de Educación de las consecuencias que estos hechos pudieran acarrear.Por su parte, la oficina de prensa del Ministerio de Educación y Ciencia ha hecho público un comunicado en el que, según la agencia Efe, dice que «no es admisible y constituye una práctica insólita en cualquier país democrático que las huelgas de funcionarios sean financiadas por el tesoro público, y que los días de inasistencia al trabajo no ninguna pérdida de supongan retribuciones».

Por eso -añade el comunicado- se ha aplicado la norma de proceder a pérdidas en la remuneración correspondientes a cada día de inasistencia al trabajo. Ahora bien, y según Europa Press, el Ministerio ofrece la posibilidad de que los profesores sancionados recuperen la actividad docente perdida en las semanas que restan del curso. Con esta posibilidad, el Ministerio asegura -según la citada agencia- que pretende paliar los efectos negativos ocasionados a los alumnos y a sus familias, y evitar que los huelguistas pierdan sus haberes.

Claustro de Barcelona

Con actitudes claramente contradictorias y con una reafirmación del actual equipo rectoral, se celebró ayer la última sesión del presente curso del claustro general de la primera Universidad de Barcelona. La principal contradicción consistió en, por un lado, la aprobación del controvertido estatuto del profesorado, y, por otro, el, reconocimiento formal por parte del rector, Antoni M. Badía Margarit, en tono de seria autocrítica, de que su aplicación es inviable.El estatuto del profesorado fue aprobado por 443 votos a favor, 103 en contra y 58 en blanco.

Inmediatamente después de la aprobación del citado estatuto, piedra de toque de la reforma lanzada por la propia Universidad, el rector Badía Margarit tuvo una extensa intervención en la que, en síntesis, declaró con toda formalidad que la política a corto y medio plazo en materia de profesorado no coincidiría con el estatuto aprobado.

Como frase perfectamente representativa de la actual situación universitaria catalana es de señalar que Badía dijo: «Celebramos la presente sesión del claustro en unos momentos de depresión colectiva en los medios universitarios de Cataluña.» A continuación, afirmó que las tres universidades catalanas «se encuentran hoy en una situación crítica», después de un proceso reformador con «evidentes paralelismos de métodos y de objetivos».