El ministro de Trabajo niega que el Gobierno proteja el sindicalismo amarillo

Marcelino Camacho, diputado comunista y líder de CCOO, pidió, mediante una moción, que en cada provincia se constituya una comisión formada por el delegado provincial de Trabajo y miembros de CCOO y de cada una de las centrales sindicales que lo soliciten, para que, conjuntamente, verifiquen las actas de las elecciones de cada centro de trabajo y la identidad sindical de los no afiliados e independientes. Tal moción fue rechazada por la Cámara por 186 votos contra 128 y una abstención. Marcelino Camacho (PCE). Es necesario que se constituya la comisión que solicito para que la verificación de las actas pueda dar lugar a la identificación sindical de los candidatos elegidos que el Ministerio de Trabajo considera no afiliados o independientes. Es preciso que esos resultados se hagan públicos, para dilucidar con exactitud lo que ha ocurrido en las pasadas elecciones. Por otra parte, es preciso que se tomen medidas para que participen en las elecciones los funcionarios y todos los asalariados del campo y de la ciudad. En algunos casos se están violando los acuerdos a que se había llegado con las centrales, como ha ocurrido en la Compañía Telefónica, varios de sus máximos dirigentes son destacados franquistas.Es preciso que el Gobierno tenga una política más correcta respecto a las elecciones sindicales y, en general, a los trabajadores, en lugar de favorecer el amarillismo a través de su protección a los candidatos no afiliados e independientes.

Rafael Calvo (ministro de Trabajo). En los casos en que se ha denegado la celebración de elecciones ha sido sólo por defectos de legitimación de quienes la solicitaban o de forma en su petición. El Gobierno no protege el sindicalismo amarillo, pero es necesario advertir que la sindicación es un derecho, no un deber. La Administración quiere las elecciones como toda Administración democrática y no las teme. La moción debe ser rechazada porque no es correcto verificar los resultados de las elecciones de la forma que se solicita. Sería tanto como defraudar a los electores que votaron a candidatos independientes o no afiliados, que ahora éstos dijeran que pertenecen a una determinada central sindical. Marcelino Camacho (en la explicación de voto). Mi grupo ha votado a favor de la moción porque el Gobierno tiene obligación de dar cuenta de los resultados de las elecciones, o de lo contrario favorece al sindicalismo amarillo (rumores). Téngase en cuenta que según el decreto del Gobierno en las empresas con menos de 250 trabajadores las elecciones hubieron de hacerse sin listas cerradas, lo que impedía identificar a los candidatos de los sindicatos de clase como CCOO y UGT, que han triunfado en las elecciones, mientras que los amarillos han fracasado.

Manuel Fraga (AP). Nuestro voto ha sido negativo porque la moción pretende descalificar a los delegados de Trabajo y porque en la normativa electoral existían garantías más que suficientes para la comprobación del resultado de las elecciones. Y hay, una razón más importante: la moción es contraria a la libertad sindical, que es la libertad de afiliación y la de no afiliación, así como la de fundar los sindicatos que uno quiera. Cada uno puede dar a su sindicato el color que quiera, incluso el rojo, pero no es nadie para ponerle colores a los demás. Cada central sabe quiénes son sus afiliados y no tiene derecho a saber los de las demás. Ya es hora de terminar con los piquetes y con las amenazas cuando salen las cosas a nuestro gusto.

Amnistía para maestros depurados

La moción presentada por la diputada del Grupo Socialista del Congreso, María Izquierdo Rojo, en favor de la aplicación de la amnistía a los maestros depurados fue aceptada por el Pleno del Congreso por 307 votos a favor, uno en contra y una abstención.Por la citada moción, el Congreso aprobó que a los maestros integrados en el cuerpo de Magisterio por aplicación del decreto de 2 de junio de 1977 se les reconozcan la antigüedad y la misma consideración que si se hubieran mantenido en activo, así como que se cree una comisión formada por representantes del Ministerio de Educación y Ciencia, de los propios afectados y por diputados pertenecientes a la Comisión de Educación del Congreso para que se estudien y analicen detalladamente aquellos casos que presenten dificultades para tal integración.

La justificación de la moción la basó la diputada María Izquierdo en que quienes han servido toda su vida al régimen actual -«si es que este régimen es la democracia», añadió-, se les debe hacer justicia, partiendo de la consideración de que no es admisible que la Administración pueda negar la condición de funcionarios a quienes ha depurado como tales, sino que más bien al separarlos del servicio les estaba reconociendo su titularidad.

Apoyó la moción el diputado del grupo mixto Manuel Sánchez Ayuso y, tras la votación, casi unánime, explicó el voto favorable de AP Juan Luis de la Vallina.

Otros acuerdos

La sesión se inició con el debate y votación del dictamen sobre el proyecto de ley de derogación de la ley de Bases del Estatuto de Régimen Local y el dictamen de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley de despenalización del adulterio y del amancebamiento. En ambos casos no se registraron votos en contra.Asimismo, la votación fue unánime, con una única abstención, para tomar en consideración la proposición de ley de modificación del artículo 100 del Código Penal propuesta por Emilio Martín Villa (UCD) y según la cual «podrán redimir su pena por el trabajo los reclusos condenados a las penas de reclusión, presidio y prision. Al recluso trabajador se le abonará para cumplimiento de la pena impuesta, un día por cada dos de trabajo, y el tiempo así redimido se le contará también para la concesión de la libertad provisional».

La novedad de la proposición de ley consiste en evitar que la redención de pena por el trabajo comience a partir de que sea firme la sentencia.

El Gobierno, a través del diputado Joaquín García Romanillos (UCD),se mostró favorable a la propuesta y asimismo el portavoz del PSOE, Gregorio Peces-Barba, quien destacó la posición de su partido en defensa de la iniciativa legislativa de todos los grupos.

Reanudada la sesión tras el descanso se procedió a votar, por el larguísimo procedimiento de papeleta individual y urna, para designar los cuatro diputados que formarán parte de la comisión mixta que prevé el artículo cuarto de la ley para la Reforma Política en relación con el proyecto de ley de elecciones locales. En el escrutinio (cada papeleta tenía tres nombres) se observó que el PSOE, PCE y AP se habían puesto de acuerdo (sus candidatos eran Luis Fajardo, Simón Sánchez Montero y Antonio Carro) y que otro tanto habían hecho UCD y la minoría Catalana que proponían a Manuel Núñez, Félix Pérez Millares y Maciá Alavedra). Sin embargo, algunos, pocos, diputados del PSOE o del PCE, rompieron el acuerdo con AP y no votaron a Carro, bien porque sólo ponían los nombres de Fajardo y Sánchez Montero, bien porque sustituían a Carro por otro candidato. Resultaron elegidos Manuel Núñez (173 votos), Félix Pérez Millares (173 votos), Maciá Alavedra (172 votos) y Luis Fajardo (126). Simón Sánchez Montero obtuvo 125.