Comienza el gran debate
HOY COMIENZA a debatirse en la Comisión del Congreso el anteproyecto de Constitución, cuya larga gestación de ocho meses en la ponencia tuvo como criterio la búsqueda del consenso. El abandono, a última hora, del representante del PSOE en la ponencia, por razones y propósitos que no han sido satisfactoriamente explicados a la opinión pública, ha ensombrecido las optimistas perspectivas que, hasta ese momento, permitían esperar un acuerdo básico sobre las cuestiones fundamentales y un trabajo rápido y eficaz. Sería lamentable y altamente perjudicial para la consolidación de las instituciones democráticas que el anteproyecto encallaría en una interminable discusión, que reprodujera, multiplicadas inútilmente, las voces que ya tuvieron ocasión de hacerse oír en la ponencia.No se trata, por supuesto, de que la Cámara de los Diputados se convierta en una simple oficina de refrendos formales de los acuerdos a los que llegan los partidos en las negociaciones de pasillos, en la Junta de Portavoces o en las ponencias con representación proporcional ponderada. La publicidad de los debates en las comisiones y en los plenos permitirá conocer las posiciones de cada grupo acerca de las cuestiones fundamentales sobre las que existe discrepancia y los argumentos que las apoyan. Pero los diputados que sirvan de portavoces a los partidos deberán hacer compatible esa tarea de explicar ante los ciudadanos los grandes temas en conflicto, con las exigencias de sobriedad y eficacia que permitan acelerar al máximo los trabajos parlamentarios. Pues hasta que la Constitución no sea aprobada, el pasado autocrático no habrá sido definitivamente liquidado y la comunidad española no se hallará en condiciones de dejar de hablar de la democracia para comenzar realmente a practicarla.
A ese respecto, y aunque tal vez sea demasiado pronto para expresar esa preocupación, la posibilidad de que el Senado anteponga su orgullo gremial a las conveniencias generales, de forma tal que en vez de acelerar el ritmo de los trabajos constitucionales en su seno lo retrase con una inútil repetición de debates, constituye un serio motivo de alarma. La postergación hasta bien entrado el otoño del referéndum constitucional no sólo aplazaría el inicio de la normalidad democrática, sino que, además, lastraría la confianza, ya de por sí bastante debilitada en los últimos meses, en que un sistema parlamentario puede hacer compatible la transparencia del trabajo legislativo, la representatividad popular y el control de la Administración con la eficacia necesaria en una sociedad y un Estado modernos.
Las grandes cuestiones sobre las que no existe unanimidad o falta un elevado grado de consenso, son ya conocidas: la forma política del Estado; la dialéctica entre unidad de la nación española y el derecho a la autonomía de las comunidades históricas y de las regiones; la compatibilidad entre la aconfesionalidad del Estado y la expresa mención a la Iglesia católica entre las confesiones con las que los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación; la conciliación entre el objetivo de una educación obligatoria y gratuita, los derechos de los ciudadanos a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos, las subvenciones de fondos públicos a centros docentes privados y el control de la forma en que aquéllas se asignen y administren; la definición de las fronteras del sistema económico, los deberes y los derechos de los empresarios y de los asalariados y los ámbitos de acción de la iniciativa privada y del sector público; la forma de designar y deponer al presidente del Gobierno y las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo; los procedimientos para garantizar la independencia del poder judicial y los derechos de los jueces y magistrados como ciudadanos y como miembros de ese tercer poder. Etcétera.
En este primer día de comienzo del gran debate parece obligado pedir, además de diligencia y eficacia en los trabajos de la Comisión, un esfuerzo de patriotismo y civismo a los estados mayores de los partidos para que no bloqueen de manera intransigente los mecanismos de negociación y para que el resultado final no pueda ser interpretado por nadie como la victoria o la derrota de una parte del país.
Una Constitución que sirva de marco jurídico al despliegue de todas las potencialidades de la vida democrática y que no se convierta en bandera de grupos e ideologías es lo menos -y a la vez lo más- que se puede pedir a los representantes elegidos por el pueblo español para inaugurar una nueva etapa de convivencia pacífica.
