Una empresa de publicidad reclama cuarenta millones al equipo demócrata-cristiano

os miembros de un bufete de abogados de Barcelona se encuentran hoy en La Coruña y Cádiz con la finalidad de requerir el pago inmediato de deudas electorales de personas y partidos integrados en el Equipo Demócrata-Cristiano del Estado Español. Una fuente directa indicó que «se trata de la última cuestión amistosa, antes de proceder en el terreno meramente judicial».De forma prioritaria se requiere por parte de los letrados que representan a la empresa Publicidad Danis el pago de tres letras, aceptadas y con gastos, que fueron de vueltas impagadas. Dos de ellas -una por el importe de medio millón de pesetas y otra por millón y medio- fueron aceptadas en su día por Fernando García-Agudín, primer candidato a diputado por La Coruña en la lista del Equipo Demócrata-Cristiano y Socialdemocracia Gallega, jefe de la abogacía del Estado de La Coruña y diriaente del Partido Popular Gallego (PPG). La tercera es de un importe de tres millones de pesetas: figura aceptada por Patricio Gutiérrez Cano, actualmente senador por Cádiz, concejal de Chiclana y dirigente de Izquierda Democrática.

Estas deudas se enmarcan dentro de otras a la misma empresa -cuyo importe total sería de unos cuarenta millones de pesetas- también pendientes de pago por parte de organizaciones y personalidades del Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español. El único partido que habría saldado totalmente sus deudas con dicha empresa de publicidad sería el Partido Popular del País Valenciano mientras que las cantidades adeudadas por Unión Democrática de Cataluña serían superiores a los diez millones y contarían con la aceptación bancaria del diputado Antón Cañellas.

Fuentes próximas a Danis afirmaron que el camino a seguir en el terreno judicial -caso de no procederse al pago de las letras de vueltas- sería solicitar el concurso de acreedores de las directivas de los partidos afectados. Ello supondría llegar a implicar, a criterio del juez competente, el arresto de las mismas con la consiguiente pérdida de algunos derechos patrimoniales y cívicos.