El Gobierno propone la sustitución autonómicade la pena de muerte por cuarenta años de reclusión

El envío a las Cortes de dos proyectos de ley, uno sobre la sustitución automática de la pena de muerte por cuarenta años de reclusión mayor y otro sobre la adopción de medidas especiales durante un año para la investigación de delitos de carácter terrorista, y un real-decreto por el que se aprueba el régimen preautonómico de Andalucía, fueron los principales acuerdos del Consejo de Ministros de ayer, cuya duración -apenas cuatro horas- fue excepcionalmente breve. La reunión del Gabinete, presidida por el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, se inició a las nueve de la mañana y finalizó a la una y media de la tarde, aproximadamente.

El proyecto de ley sobre la abolición de hecho. aunque no de derecho, de la pena de muerte no contempla la modificación de los artículos del Código Penal que establecen la pena de muerte. Se trata de promulgar una nueva ley complementarla del Código Penal, que, sin perturbar el esquema previsto en esta norma, establece los efectos derivados de la imposición de la pena de muerte según las normas del Código. El efecto principal es la sustitución automática de la pena de muerte por la reclusión mayor, cuya duración se eleva, para este caso, de treinta a cuarenta años.Esta pena agravada de reclusión mayor no podrá ser objeto de reducción por virtud de indulto o medidas de gracia de carácter general. Quienes hayan de cumplirla podrán gozar de los beneficios de la redención de pena por el trabajo y de la libertad condicional, pero en ningún caso la aplicación de estos beneficios podrá representar una disminución de la duración de la pena por tiempo inferior a veinte años de reclusión efectiva e ininterrumpida.

Con este proyecto de ley remitido a las Cortes se abre la posibilidad de que quede suprimida la pena de muerte en el Código Penal, sin necesidad de modificar ninguno de sus preceptos, y en espera de que. aprobada la Constitución, se promulgue un nuevo Código Penal, en el que desaparecerá la mención de la pena de muerte y, por tanto, la posibilidad de su imposición por aplicación de sus preceptos.

La fórmula establecida en el citado proyecto de ley tiende a conciliar las posturas abolicionistas de la pena de muerte, a las que se aspira en la Constitución, con las exigencias del actual momento social que vive el país.

El proyecto de ley sobre medidas para la investigación de delitos cometidos por grupos o bandas armadas establece, sin detrimento del legítimo ejercicio de los derechos reconocidos a las personas, medidas especiales encaminadas a facilitar la investigación policial, haciéndola más rápida. segura y eficaz en la lucha contra los delitos comprendidos en dicha ley que sean cometidos por personas pertenecientes a grupos o a bandas armadas.

Medidas especiales contra el terrorismo

Estas medidas, según precisa la referencia del Consejo de Ministros, estarán vigentes durante un año y comprenden. en general, las siguientes facultades:

Primera. La posibilidad de prolongar por más de 72 horas la detención de las personas implicadas en los delitos a que se refiere esta ley, siempre que así lo exija el estado de la investigación policial y con el debido control judicial.

Segunda. La entrada y registro en lugares cerrados podrá efectuarse sin previo mandamiento judicial, por considerarse como flagrantes a los efectos de esta ley todos los delitos a que la misma se refiere, debiendo darse cuenta al juez competente a efectos de¡ debido control.

Tercera. El Ministerio del Interior podrá ordenar la observación postal, telegráfica y telefónica para aquellas personas que se estime racionalmente puedan estar relacionadas o integradas en grupos o bandas armadas, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial competente.

Cuarta. La celeridad de las causas por estos delitos, a cuyo objeto se agilizarán los trámites procesales y se les dará preferencia sobre las de otra naturaleza.

Quinta. Las personas condenadas por estos delitos serán privadas total o parcialmente de los beneficios legales de carácter Penitenciario.

Sexta. El Gobierno, a través del ministro del Interior, tendrá el deber de informar periódicamente a las Cortes en la forma que el Congreso y el Senado determinen del uso que se haga de dichas facultades Y del resultado obtenido por aplicación de las medidas excepcionales reguladas en esta ley.

Al margen de estos temas, el Gabinete dio su conformidad, a propuesta del ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas, a un acuerdo sobre intercambios siderúrgicos con la CEE. La crisis mundial del sector siderúrgico, se afirma en la ampliación de la referencia del Consejo de Ministros, ha impulsado a los Gobiernos de los principales países productores a buscar soluciones que garanticen una mayor rentabilidad de las empresas.

Dentro de este contexto. España y la CEE han concluido un acuerdo, válido hasta el final del presente año, por el que la Comunidad Económica Europea se compromete a admitir las importaciones de productos siderúrgicos procedentes de España en cantidades similares a las exportadas en 1976 (año muy favorable, ya que en él las ventas españolas alcanzaron su máxima cota), así como a suspender los procedimientos antidumping ya iniciados en relación con exportaciones españolas.

Por su parte, España se obliga a respetar un nivel de precios equivalentes a los baremos CECA rebajados por un margen de penetración del 6% para los aceros normales y del 4% para los especiales.

El acuerdo permite a España aplicar a las importaciones procedentes de la CEE criterios similares en términos de reciprocidad.

Información sobre la autonomía andaluza en página 19