Huelga de maestros

UN CONFLICTO laboral ha puesto en pie de guerra a una importante cantidad de maestros y profesores en distintos puntos del país, y con resultados diversos y poco concluyentes para nadie. Si se observan las primeras cifras avanzadas, tanto de fuente oficial y patronal como por las propias centrales sindicales que han convocado el conflicto, los resultados son muy dispares: la huelga parece ser importante en la enseñanza estatal, a nivel nacional incluso, y muy poco seguida en los centros privados. Pero, independientemente de los balances finales, el revuelo armado en torno a esta huelga ha sido tal que las centrales habrán conseguido su objetivo -llamar la atención nacional-, aunque el paro no haya alcanzado las proporciones previstas por sus organizadores,Hay algo que está fuera de dudas para todo aquel que se considere demócrata. Los maestros tienen el mismo derecho a la huelga que el resto de los trabajadores. En todos los países libres hay, por eso, paros de personal docente cuando los conflictos no son solucionables por el diálogo. Ello causa evidentemente un daño a la educación de los niños y del alumnado en general, pero éste no es argumento suficiente para descalificar un conflicto.

Los maestros, por tanto, aunque sean funcionarios, cuando lo son, tienen perfecto derecho a la huelga para defender sus intereses. La huelga estaba anunciada desde hace casi un mes, convocada desde el 28 del pasado en la enseñanza estatal, y, sólo en Madrid, 218 centros la habían pedido ya sin recibir respuesta. Las irregularidades denunciadas en la convocatoria por el Gobierno Civil serían fundamentalmente el no haber señalado en cada caso los comités de huelga. Pero de ahí a calificar, como se ha hecho, de ilegal la huelga, va un gran paso. La huelga parece legal y no tan irregular como se ha querido decir.

Un maestro nacional gana 31.000 pesetas al mes en la enseñanza estatal y 26.000 en la privada, y hay personal no docente o docente en preescolar cuyos sueldos oscilan entre las 14.000 y 15.000 pesetas. En un país cuyo problema principal es el de la educación y la cultura, los maestros han sido sacrificados a otras prioridades menos justas, y hasta la palabra maestro se ha desvalorizado de tal manera en su status social que incluso sus protagonistas prefieren utilizar el espantoso y burocrático galicismo de enseñantes.

Las reivindicaciones de los maestros españoles existen y deben ser justamente atendidas por sus patronos, sean el Estado -donde cabe la culpa mayor- o los empresarios privados. Y la primera reivindicación deberá ser la de devolver al maestro su categoría y dignidad, respetarle sus derechos, sostenerle en su difícil misión y retribuirle justamente su entrega a unservicio público absolutamente fundamental y prioritario.

Se dice que esta huelga -aunque en realidad son dos huelgas, no se olvide- tiene también un carácter político. Estamos en puertas de una nueva guerra de religión: la lucha entre los partidarios de la enseñanza pública estatal y la de los que defienden la privada. El artículo 28 del anteproyecto de Constitución. que aborda el tema, ha provocado la ruptura del consenso entre los partidos, y ha sido enmendado desde la derecha y desde la izquierda. La izquierda puso un techo a las subvenciones a la enseñanza privada en los pactos de la Moncloa, pero el texto constitucional consagra el derecho a la libertad de enseñanza y de creación de centros docentes.

Por debajo de las reivindicaciones concretas de los maestros circula también, por eso, una dialéctica política soterrada de primera magnitud, que es lógicamente aprovechada por los partidos de oposición y centrales sindicales. Las otras reivindicaciones de los profesores, como el estatuto de centros, la gestión democrática de los mismos y el pluralismo en el interior de los centros, son acusadamente políticas, y es probablemente una lástima que los temas se entrecrucen, pues a la postre la politización del conflicto sólo puede perjudicar a los intereses generales de los maestros, sea cual sea su ideología. Probablemente también por eso el resultado de la huelga ha podido ser más pobre de lo previsto en cuanto a seguimiento.

Todo esto debe servir, en cualquier caso, de reflexión. Es preciso saber cuál es la auténtica situación de la educación en España, las necesidades para establecer en primer lugar una educación gratuita y, obligatoria para todos hasta el final de la enseñanza básica, conocer claramente el estado de los centros oficiales y privados, alentar a la iniciativa privada para que vaya allí donde más se la necesita y no allí donde hace mejor negocio; y que la libertad sea real para todos -y no sólo una palabra manipulada-, tanto en la creación como en la gestión de centros. Esta batalla es, a nuestro juicio, prioritaria y nacional, y si el conflicto de los maestros ha servido, al menos, para ponerlo de relieve es un: fariseísmo rasgarse las vestiduras ante él.