Directivos de Babcock insisten en la posibilidad de superar la crisis
«Babcok Wilcox puede todavía salir adelante, y con la ayuda de la Administración esperamos conseguirlo. Ahora bien, es cierto que esto va a exigir sacrificios a los trabajadores, a los accionistas y a los acreedores.» El secretario general de la empresa, Alvaro García Capelo, con estas palabras, sale al paso de la información de EL PAIS, que se hacía eco del peligro de que la suspensión de pagos presentada el pasado 24 de febrero ante el juzgado de guardia de Bilbao pudiera transformarse en quiebra.La comisión de expertos, integrada por José María Escondrillas, Enrique Kaibel y José Antonio Mendizábal, será la que negocie con los tres grupos en cuestión para llegar a un acuerdo definitivo de hasta dónde debe llegar el sacrificio de cada uno para que la empresa no termine por cerrar sus puertas.
En esta operación de salvamento de Babcock Wilcox le corresponde a la Administración pública un papel esencial, a juicio del señor García Capelo. «No se trata de que nacionalice ni siquiera de que participe en el capital, soluciones ambas que parecen definitivamente descartadas, sino que promueva un arreglo entre las partes en el marco de la empresa privada y de que complemente con créditos oficiales las necesidades financieras para remontar la crisis.»
Puesto que el problema básico es el de la financiación, es probable que la solución pase también por la incorporación de nuevos socios industriales o bancarios. Pese a todo, los directivos de la sociedad aseguran que no cabe hablar en ningún caso de quiebra: «No es cierto que el pasivo sea de 26.000 millones, sino de 16.700, y el activo supera al pasivo exigible en 7.900 millones, una vez deducidas todas las pérdidas en que ha incurrido la sociedad hasta el momento de la suspensión de pagos.»
Añaden, por otra parte, que las deudas vencidas son del orden de 5.400 millones, en lugar de los 12.000 millones mencionados. En todo caso, todas estas cifras no corresponden al balance de los interventores judiciales, sino al balance efectuado por la propia empresa con la supervisión de dichos interventores. Estos tienen ahora un plazo legal de dos meses, que el juez puede ampliar para efectuar su propio balance.
En la información recogida por EL PAIS se hacía referencia a las manifestaciones de un consejero de la empresa que ante el consejo de administración manifestó que a Babcock Wilcox le costaba abrir sus puertas cada día unas pérdidas adicionales de quince millones de pesetas. Directivos de la sociedad han confirmado estas manifestaciones, aunque aseguran que no corresponden a la realidad, ya que la reducción de jornada y de plantilla entre otras medidas, han permitido que las pérdidas diarias sean muy inferiores, aunque su cálculo resulta difícil.
