Parlamentarios canarios de UCD quieren impugnar la Junta

Un triste y lamentable espectáculo tuvo lugar ayer en las cañadas del Teide, en el acto de constitución de la Junta de Canarias, máximo organismo de la preautonomía canaria. Las tensiones internas de la UCD canaria se agudizaron de tal forma durante los debates previos a la elección que provocó la retirada de todos los miembros del sector socialdemócrata, que suman un total de nueve parlamentarios, de los dieciocho que cuenta UCD en el archipiélago canario.

Al final de la sesión se eligió a Alfonso Soriano, tinerfeño del grupo liberal-conservador, como presidente, y a Jerónimo Saavedra, socialista grancanario, como vicepresidente. Pero de todas formas, todos los círculos políticos opinan que esta Junta va a durar muy poco tiempo, porque va a ser impugnada por el grupo que la abandonó, argumentando que se han cometido irregularidades en la elección por defectos de procedimientos.El desenlace de la reunión de ayer ha caído como un jarro de agua fría en todos los medios políticos de Canarias, que no llegan a comprender cómo los miembros de la UCD no han logrado superar viejas y decimonónicas rencillas interprovinciales, aunque no cabe duda de que esto fue una pantalla de la verdadera lucha entre conservadores y socialdemócratas en el seno de UCD. Asimismo, se comentó la postura del PSOE, cuyo planteamiento fue el de mero espectador que observaba cómo los parlamentarios centristas se tiraban los trastos a la cabeza, azuzando la pugna y pactando unas veces con unos y otras con otros. Al fin y al cabo hizo su política: la de lograr sacar a la luz pública las contradicciones internas de un partido que nunca ha sido homogéneo en Canarias.

Para muchos observadores la cuestión se veía venir. Las tensiones entre el sector conservador-liberal, por un lado, y el socialdemócrata, por otro, fueron aumentando en los últimos días, y ayer, durante la reunión, quedaron establecidas en dos fuerzas claramente antagónicas para regocijo y satisfacción de los demás partidos, que veían así disminuir considerablemente la potencia del partido mayoritario en las islas. Desde que el diputado Alfonso Soriano consiguió que su candidatura fuese presentada como «candidatura provincial» de Santa Cruz de Tenerife, las posturas dentro de la UCD se hicieron irreconciliables.

De esta manera, la pugna entre los dos sectores se convertía en el viejo enfrentamiento interprovincial, resucitando la vieja polémica del pleito regional canario. Los que apoyaban al candidato socialdemócrata Fernando Bergasa, diputado por Las Palmas, y apoyado también por los sectores más progresistas de Tenerife, se vieron sorprendidos por el cariz que tomaba lo que debió ser una simple cuestión interna de partido. Sin embargo, Bergasa fue tachado de «candidato oficialista» durante una campaña dirigida por el propio Alfonso Soriano, en un periódico propiedad de conocidos miembros de Alianza Popular, en Tenerife, cuando en realidad Fernando Bergasa cuenta con un prestigioso pasado como político demócrata y autonomista.

Sin embargo, se produjo una novedad de última hora: la decisión de la UCD de Las Palmas de presentar un candidato regional en la persona del senador por Lanzarote, Rafael Stinga, como solución intermedia. Pero tampoco hubo acuerdo porque Alfonso Soriano, apoyado por los conservadores grancanarios -que encabeza el senador Diego Cambreleng-, decidió presentar su candidatura, jugando así lacarta más dura.

Una vez comenzada la reunión, los criterios antagónicos se hicieron visibles. Por un lado, el sector conservador quería que se aplicara únicamente la letra del decreto-ley sobre la preautonomía de Canarias, dejando la designación de los cargos para decisión del total de los miembros de la asamblea; por otro, los socialdemócratas querían que se respetasen los pactos previamente contraídos entre los distintos partidos. Este tema se debatió ampliamente hasta que Galván Bello -que presidía la constitución de la Junta por ser el senador con más edad- sometió el tema a votación, con la protesta de algunos miembros, triunfando la tesis de que fuese la asamblea quien designase a los que habían de componer la Junta. Esta decisión suponía prácticamente la ruptura entre los dos sectores de la UCD, decidiendo retirarse el grupo socialdemócrata y consignando en acta su rechazo de la decisión adoptada. Posteriormente se procedió a la votación de la Junta.

Los nueve parlamentarios que abandonaron piensan impugnar, según fuentes bien informadas, la constitución de la misma por defectos de procedimientos.