Protestan por las limitaciones de sindicación a los funcionarios de Justicia

Una comisión del Sindicato de Administración de Justicia de Galicia, cuya legalización está en trámite, visitó al presidente de la Junta de Galicia, Antonio Rosón para mostrarle su extrañeza por el hecho de que se establezca la prohibición del derecho de asociarse a los magistrados, jueces y fiscales en activo en el proyecto constitucional recientemente firmado.

Tres magistrados, un fiscal y un juez de primera instancia dialogaron con el presidente Rosón y con el consejero Pardo Montero, a los que expusieron su disconformidad con los principios constitucionales que pretenden negar a los funcionarios de Justicia todo derecho a sindicarse. «No sólo se nos quiere prohibir la pertenencia a partidos políticos -declaró a EL PAÍS un miembro de la comisión-, sino que, además, se trata de impedirnos que formemos nuestras propias asociaciones de'carácter profesional, que es un derecho existente en los demás países europeos. »

La opinión de los promotores del Sindicato Gallego de Justicia es que la independenciajudicial no se ve afectada por el derecho de asociación profesional, sino que, por el contrario, resulta incluso reforzada. Idénticos criterios son también defendidos actualmente por funcionarios de Justicia de Cataluña y Baleares, Asturias, Andalucía y Valencia.