La Audiencia Territorial decreta la demolición de mil viviendas en Parqueluz

Con la demolición de mil viviendas levantadas sobre zona rústico-forestal, habitadas desde 1973, y la anulación de las licencias de construcción concedidas en la urbanización Parqueluz, de la Alameda de Osuna, decretadas por la Audiencia Territorial de Madrid, rinaliza un largo conflicto que durante cinco años ha mantenido enfrentados a los vecinos de este, barrio con los responsables de los organismos locales.

La sentencia de la Audiencia Territorial añade que deberá indemnizarse a los titulares de las viviendas y de las licencias, de lo que se desprende que el Ayuntamiento, al conceder las licencias, deberá ser el encargado de indemnizar a los perjudicados.Mil viviendas, de las 1.200 que forman la urbanización Parqueluz del barrio de Alameda de Osuna, tendrán que ser demolidas por haber sido construidas en zona rústico-forestal, según ha sentenciado la Audiencia Territorial de Madrid. Asimismo, ha decretado la anulación de las licencias de obras en la mencionada urbanización.

La sentencia señala que tanto la demolición como la anulación no se efectuarán hasta que los propietarios de las viviendas y los titulares de las licencias hayan recibido la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

El dictamen de la Audiencia Territorial de Madrid pone de esta manera fin a uno de los más largos conflictos urbanísticos planteados en la ciudad. La primera vez que se denunció la ilegalidad de las viviendas construidas en Parqueluz fue en junio de 1973. La comunidad de propietarios de la calle Galera, situada cerca de Parqueluz, denunció la construcción ilegal de viviendas en zona rústico-forestal. Como respuesta a estas denuncias, el Consejo de Ministros celebrado en abril de 1974 impuso una multa de doce millones de pesetas a la constructora Fincas Madrid, por haber elevado ilegalmente la altura de los edificios, pero no se mencionó nada sobre la calificación de los terrenos.

El acuerdo del Consejo de Ministros no fue considerado suficiente por los vecinos, que presentaron un recurso en la Audiencia Territorial.

En espera de conocer la sentencia de la Audiencia Territorial, los vecinos continuaron durante todo este tiempo denunciando el tema ante los organismos oficiales y ante la opinión pública. La respuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo fue siempre que las licencias eran totalmente legales.

Según las respuestas del anterior gerente municipal de Urbanismo, Valentín Barriga, las licencias se habían concedido porque, según el denominado Plan Cantabria, la zona perdía su calificación de rústico-forestal.

Tras repetidas y nuevas denuncias de los vecinos, durante la primera semana de marzo de este año, el Gobierno Civil de Madrid ordenó suspender las licencias concedidas y la construcción de las obras en base «a las irregularidades y falta de cobertura legal de las mismas». Esta resolución fue tomada a la vista de un estudio elaborado por el actual gerente de la Coplaco, Carlos Conde Duque, un arquitecto perteneciente al equipo técnico del Gobierno Civil, y el presidente de la Asociación Familiar de la Alameda de Osuna, quienes consideraron que se habían cometido una infracción grave contra la ley del Suelo y el Plan General de Madrid, de 1963.