Dos inmobiliarias de Mallorca denunciadas supuesta estafa
El príncipe de ascendencia rusa señor Tochotoua y el agente mallorquín de la propiedad inmobiliaria Juan Oliver, ambos muy conocidos en la sociedad mallorquina, han sido procesados por el magistrado-juez número dos de Palma como autores de un delito de estafa que puede superar los quinientos millones de pesetas como titulares de las sociedades Inmobiliaria Constructora Mallorquina, SA, y Alconsa, promotoras del grupo de viviendas Parque de los Almendros, en el barrio de Son Rapinya, en el que habitan 624 familias.El príncipe Tochotoua, casado en Mallorca con una hija de Pedro Salas, uno de los principales promotores del casino Sporting Club de Mallorca, es compañero de estudios del Rey; convivieron en un internado en Suiza. Eljuez decretó anteayer el ingreso en prisión de ambos, y mientras el señor Oliver pasó a la prisión provincial, de donde saldría a última hora de la noche previo pago de tres millones de pesetas de fianza, el príncipe Tochotoua ha desaparecido de la isla y, al parecer, se encuentra en París.
A cada uno de los promotores urbanísticos se les requiere por su responsabilidad civil en concepto de daños y perjuicios causados a los compradores de las viviendas en el Parque de los Almendros la cantidad de 150 millones de pesetas, y otros 140 millones de pesetas son reclamados a la sociedad Inmobiliaria Mallorquina, SA, de la que es presidente Oliver y otra cantidad idéntica a Alcansa, de la que es administrador Tochotoua; en total se pide a los dos promotores 580 millones de pesetas como autores de un delito de estafa.
El affaire, desde hace mucho tiempo de dominio público, ha saltado ahora a primer plano debido al procesamiento de los dos conocidos promotores, y se centra en la urbanización Parque de los Almendros, situada a unos cuatro kilómetros del centro de Palma y próxima al castillo-hotel de Son Vida. La comisión provincial de urbanismo concedió, con fecha de 10 de febrero de 1971, permiso para levantar 624 viviendas repartidas en 39 bloques sobre unos terrenos de 68.200 metros cuadrados, y en un plazo de cinco años.
Falsa campaña
La construcción, efectivamente, terminó en los plazos previstos, pero no a satisfacción de los propietarios, gente modesta en su mayor parte, que creyeron lo que se prometía en la profusa campaña de publicidad por la que pagó más de doce millones la inmobiliaria, según la cual se vendía junto con las viviendas centros escolares, complejo deportivo con piscinas y campos de juego, casa cuna, etcétera. Al final, nada de eso. Es más, la calidad de la construcción deja mucho que desear, pues cuando los primeros habitantes comenzaron a llegar a las viviendas, muchas.de ellas ya presentaban profundas grietas, sótanos húmedos y fisuras en los muros y estructuras.Todo ello junto con la negativa del Ayuntamiento de Palma a admitir la urbanización. Por todas estas deficiencias hizo que la querella criminal presentada por más de cuatrocientos vecinos no se hiciera esperar, y la demanda judicial interpuesta por los vecinos contra los dos responsables de la urbanización fuera admitida por el Juzgado número dos de Palma, quien ordenó inmediatamente el procesamiento de los señores Oliver y Tochotoua, decretando el ingreso en prisión de ambos.
