Se mantiene el consenso sobre el término "nacionalidades"

«En la nueva redacción del artículo 2 del proyecto de Constitución se mantiene el término nacionalidades, sobre el que sigue existiendo consenso mayoritario en el seno de la ponencia», dijo el ponente de Unión de Centro Democrático (UCD), Miguel Herrero de Miñón, en la rueda de prensa que celebró ayer tarde

El señor Herrero de Miñón señaló que UCD nunca había objetado dicho término, sobre el que no presentó ni voto particular ni enmienda alguna. «UCD tuvo problemas internos a este respecto en el sentido de formación de voluntad, pero ha quedado perfectamente claro en la reformulación del artículo que no tiene la menor relación con el concepto de autodeterminación de los pueblos, sino con el de autoafirmación», añadió.Para el ponente de UCD tiene especial relevancia que por primera vez en nuestra historia una ponencia con representación de partidos nacionalistas vasco y catalán reafirme que España es una nación indivisible, «Patria indivisible de todos los españoles». «He de decir que precisamente en una enmienda socialista se proponía que el artículo 2 hablara de la nación española», prosiguió el señor Herrero de Miñón.

El ponente ucedista señaló que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha participado prácticamente en todos los trabajos de la Constitución y que, a su juicio, es coautor de ella, aunque se retirara a última hora de la ponencia. «Personalmente desearía que el representante socialista, señor Peces-Barba, firmara el dictamen de la ponencia que pase a la Comisión, y espero que lo haga», afirmó.

Para el señor Herrero de Miñón ninguno de los tres argumentos esgrimidos por el PSOE para su retirada tiene mucha base. El artículo 52, por ejemplo, establece la garantía de la economía de mercadó y el criterio de productividad en las relaciones económicas, pero también señala que el derecho de los empresarios a declarar conflicto colectivo se regulará por ley, y que en todo caso no podrá afectar a los servicios públicos o de interés nacional, «tal y como se establece también en el derecho a. la huelga de los trabajadores», explicó.

No habrá debates hasta mayo

Añadió que los títulos II y VII, «De los derechos y deberes fundamentales» y «De Economía y Hacienda», serán, sin duda, los más conflictivos en el seno de la Comisión, y Adelantó que ésta no podrá empezar sus debates, probablemente, antes del mes de mayo, dado el ingente trabajo que aún han de realizar los letrados de las Cortes.

Respecto a las declaraciones de un dirigente socialista en el sentido de que esta Constitución iba a ser «de las más reaccionarias del mundo», Miguel Herrero de Miñón dijo que dicho dirigente estaba mal informado o conocía poco mundo, y apeló al juicio del grupo comunista, «al que no se podrá acusar de ser de derechas», en el sentido de que el texto de la ponencia era liberal-progresista.

Interrogado sobre si el proyecto de Constitución sufriría, a su juicio, muchas modificaciones en la Comisión, señaló: «Sufrirá alteraciones, pero creo que en sus líneas generales se mantendrá y que serán aprobadas en el Pleno.»

Resaltó la extremada prudencia que la Corona ha mantenido cerca de los miembros de la ponencia, y consideró imposible que el PSOE boicotee la Constitución. ¿Confío en la responsabilidad del PSOE, y creo que nadie puede permitirse el lujo, después de cuarenta años de no tener una Constitución, de aconsejar al pueblo que se mantenga al margen de ésta», afirmó. Además, el señor Herrero de Miñón estima que el consenso no lo otorga simplemente la firma de los representantes de los partidos en el dictamen de la ponencia, sino el debate en la Comisión, en el Pleno de ambas Cámaras y en último término en el referéndum.

Se refirió seguidamente al informe que el presidente de las Cortes, señor Hernández Gil, remitió reservadamente a los miembros de la ponencia y lo calificó de estrictamente técnico y sin ninguna implicación política. «El presidente de las Cortes es maestro de juristas, y su informe nos ha sido de gran utilidad», agregó.

Por último, el señor Herrero de Miñón afirmó que la Constitución, tal y como ha quedado redactada por la ponencia, permitiría un Gobierno socialdemócrata, y que el texto fundamental una vez aprobado, no exige la celebración de unas nuevas elecciones legislativas, pero las posibilita.