Ofensiva de la patronal contra el proyecto de acción sindical
La inclusión de numerosas propuestas de los partidos obreros en el informe elaborado por la ponencia que ha estudiado el proyecto de ley de Representación Sindical en las Empresas ha dado un carácter progresista al texto que en su día remitió a las Cortes el entonces titular de Trabajo, señor Jiménez de Parga. Las filtraciones de este importante giro en el texto, que según fuentes informadas podría responder a acuerdos logrados entre Felipe González y Adolfo Suárez, tras la retirada del PSOE de la ponencia constitucional, ha levantado una auténtica batalla dialéctica entre el empresariado, que ha llegado a solicitar que el Gobierno retire de las Cortes el proyecto.Así, la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM), que está integrada en la CEOE -la mayor patronal española-, ha redactado un informe que será elevado al Gobierno, en el que se dice -según un despacho de Europa Press- que «el indicado proyecto de ley va en contra de los principios de la economía de mercado, supone entregar a los comités de empresa el control decisorio sobre la actuación empresarial e impone a los empresarios el deber de satisfacer los honorarios de los expertos, lo que puede ser tanto como cargar a las empresas con la financiación de los cuadros técnicos de los partidos y de las centrales sindicales». «De hecho -añade el documento- no existe ningún país occidental en el que se desangre a las empresas de esta forma ni se establezcan condiciones de presión sindicales similares a las que se pretenden introducir en nuestro país»
La CEIM advierte que el informe de la ponencia desvirtúa y contradice las intenciones del proyecto, del Gobierno.
El actual ministro de Trabajo, señor Calvo Ortega, que ayer celebró una entrevista con los miembros de la ponencia, informó a Cifra, sin embargo, que no tiene el propósito de retirar de las Cortes el proyecto de ley citado.
Los ponentes, entre los que se encuentra Marcelino Camacho (PCE) y Jerónimo Saavedra (PSOE), han introducido en el artículo primero del proyecto los derechos de los trabajadores al ejercicio de la acción sindical y a la constitución de órganos de representación en el ámbito empresarial. Por otra parte les otorga también a los sindicatos importantes facultades de vigilancia y control.
En el texto se podría haber introducido igualmente, según pugo saber EL PAÍS, la obligatoriedad de celebrar elecciones sindicales en el plazo de tres meses en aquellas empresas en que no se hubieran realizado todavía comicios.
