La ponencia constitucional, en su momento de máximo desacuerdo

«Creo que estamos en el momento de mayor disenso entre los miembros de la ponencia constitucional», declaró ayer el presidente de turno de la misma, Miguel Roca. Esta fue la única declaración de los miembros de la ponencia, que durante todo el día de ayer estuvieron reunidos en el palacio de las Cortes, sin la presencia -una vez más- del representante socialista, Gregorio Peces-Barba. El resto de los ponentes se negó a hacer declaraciones a la prensa.El informe sobre el anteproyecto de la Constitución, a la vista de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, quedará concluido hoy.

A falta de algunas disposiciones transitorias, ayer quedó listo el título octavo del anteproyecto, el referente a las autonomías, y los integrantes de la ponencia dejaron patente su interés por terminar el mismo en el día de hoy, «a la hora que sea», dijo el representante comunista, Jordi Solé Turá, con el fin de coincidir con las vacaciones parlamentarias, que se inician mañana. Tras la sesión de hoy, a la que, con seguridad, tampoco asistirá el representante del PSOE, el anteproyecto quedará listo para que los letrados de las Cortes puedan iniciar la redacción final del mismo, trámite obligatorio para la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes del texto que, posteriormente, será dictaminado por la comisión correspondiente.

Se espera que los representantes de los grupos parlamentarios en la ponencia (al menos eso prometieron los de las minorías catalana y comunistas) hagan hoy declaraciones sobre la totalidad del anteproyecto de la Constitución.

Autonomías, problema clave

La constatación de que la ponencia constitucional ha llegado a su momento de mayor disenso parece referida, esencialmente, al problema de las autonomías. Siete meses después de iniciados los trabajos constitucionales, el problema autonómico no ha encontrado todavía una formulación que pueda ser aceptada y asumida por los grupos políticos parlamentarios e incluso la reciente presentación de nuevas alternativas por UCD parece mostrar que no hay acuerdo completo en el seno mismo del partido gubernamental.

Aunque los ponentes se mostraron ayer particularmente parcos en palabras, parece claro que la inclusión o no -del término nacionalidades es el origen de buena parte de los problemas actuales. Las soluciones parecen escasas y difíciles: o se negocia con todos los grupos parlamentarios para mostrar acuerdo en retirar ese término -después de haberlo utilizado durante meses a nivel de ponencia y anteproyecto constitucional-, o la alternativa de incluirlo como disposición transitoria de la Constitución plantea una cuestión aún más espinosa, ya que prácticamente llevaría a considerar que las nacionalidades son las que tienen derecho a disfrutar de autonomía política sin esperar un plazo, mientras las regiones tendrían que aguardar al menos cinco años para plantear una reforma de su estatuto autonómico, que le permitiera dotarse de ciertas competencias

Hasta ahora, la inclusión del término nacionalidades en el artículo dos del anteproyecto constitucional dejaba la cuestión al nivel de «declaración de principios», pero su relación directa con la disposición donde se establecería si ha de haber o no plazo de tiempo para tener derecho a competencias políticas, relaciona directamente ambos problemas.

Fuentes socialistas han puesto de manifiesto la coincidencia existente entre los planteamientos actuales de UCD, que cuestiona el término nacionalidades, con el voto particular formulado hace varios meses por Alianza Popular.

Parece, por otra parte, que los intentos de mediación entre Adolfo Suárez y Felipe González -entre ellos el del propio rey don Juan Carlos- no ha dado, por ahora, los resultados apetecidos, e incluso el problema se ha complicado por intervenir en la polémica las minorías nacionalistas.