Los disminuidos físicos recibirán subsidio de paro

Una de las novedades más positivas que aparece en el borrador de la futura ley es el artículo cuarto, relativo a la asistencia sanitaria. En él se establece que los minusválidos recibirán las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social aunque no «reúnan las condiciones de beneficiarios de la prestación de Asistencia Sanitaria del Régimen General o Regímenes Especiales». La asistencia sanitaria cubrirá los casos de enfermedad común, maternidad y accidente no laboral.La concesión de un subsidio de paro, cuya cuantía se fijará en relación con el salario mínimo interprofesional, contemplada en el artículo 35 del borrador, es otro de sus puntos positivos y responde a una de las reivindicaciones más urgentes de los minusválidos.

Según especifica el borrador «el derecho a la percepción del subsidio quedará subordinado al previo cumplimiento, por parte del presunto beneficiario, de aquellas medidas de recuperación profesional que, en su caso, se le hubieran prescrito» y será incompatible con el cobro de otros subsidios de desempleo procedentes de la Seguridad Social.

Barreras arquitectónicas

La solución al problema de las barreras arquitectónicas, uno de los más denunciados en los medios de comunicación, aunque no es precisamente de los más graves, se aborda en el capítulo octavo bajo el título inédito de Readaptación ecológica. En el primer artículo se dice: «La construcción de los edificios públicos, especialmente los de carácter sanitario, laboral y docente, se efectuará de forma tal, que sean accesibles a los minusválidos.»Con este fin, el Gobierno aprobará unas normas técnicas a las que se deberán ajustar los proyectos y no se concederá licencia de obra a aquellos que no las cumplan.

Además se señala que los edificios públicos existentes «serán adaptados progresivamente a dichas normas, «siempre que sus características lo permitan».

Como complemento a estas medidas, los ayuntamientos deberán destinar un porcentaje de su presupuesto ordinario a la adaptación de las vías públicas, parques y jardines, a las normas generales: suprimir las escaleras existentes y dotar de vados a las aceras en los pasos de peatones en primer lugar.

También se indica en este capítulo la necesidad de modificar las normas de construcción de los transportes colectivos a fin de facilitar a los minusválidos el acceso a los mismos.

Algunas críticas

Aunque el borrador ofrece algunas alternativas interesantes a la actual legislación sobre minusválidos, muchas de las cuestiones que en él se regulan están ya legisladas aunque, de hecho, no se cumplen.Por otra parte, algunos de los sectores implicados en la gestación de la futura ley temen que ésta sea utilizada como cortina de humo para ocultar el fondo del problema: la necesidad de descentralizar los organismos de la Administración que organizan los servicios sociales y de ejercer un control en su gestión desde la propia base.

En este sentido, los diputados del PSOE consideran apresurada la presentación de un proyecto de ley sobre Minusválidos, puesto que todavía no se ha creado el marco general de servicios sociales y asistencia social según un criterio racional de organización que tenga en cuenta además las exigencias autonómicas.

Asimismo, la formulación de los términos de una posible ley de atención a los minusválidos no parece que se integre en una planificación general, y, en cierta manera, contradice algunas decisiones oficiales, como la reciente creación de direcciones provinciales de servicios sociales.

Por último, algunas de las peticiones de las propias asociaciones de minusválidos pueden contribuir, tal y como el borrador de las leyes las recoge, a complicar el sistema burocrático ya de por sí bastante hipertrofiado.

En cuanto a la naturaleza de la propia ley todavía no está claro si será una ley de bases o una ley pormenorizada, aunque sí se sabe que el proyecto de ley irá acompañado de los correspondientes programas para su aprobación en el Congreso. Tampoco se sabe si será presentado por el Gobierno o como proposición de ley de un grupo interparlamentario.