La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso dictaminó favorablemente siete convenios

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó ayer tarde siete convenios, en el curso de una breve sesión en la que Miguel Angel Martínez, diputado del PSOE secretario de la comisión, responsabilizó al presidente de la misma, Ignacio Camuñas, de irregularidades y mal funcionamiento de la comisión. El señor Camuñas, que excusó su proceder en el reglamento del Congreso, anunció, por otra parte, que Rodríguez de Viguri, José María de Areilza, Gómez de Salazar, Carro Martínez y Martin Gamero hablan respondido favorablemente a la invitación del presidente del Congreso de informar sobre el proceso de descolonización del Sahara.

La sesión, con escasa asistencia de parlamentarios, se inició con una crítica del diputado socialista Miguel Angel Martínez a la gestión del presidente de la comisión, Ignacio Camuñas, quien aceptó la crítica y reconoció las deficiencias, a la vez que ponía gran parte de la responsabilidad de éstas en el reglamento del Congreso y en el propio presidente de la Cámara.Seguidamente, los diputados presentes aprobaron por unanimidad un total de cinco convenios relativos a: continuidad de empleo de la gente del mar; normas mínimas para la marina mercante; supresión de legalización de documentos públicos extranjeros; organizaciones rurales, y supresión de doble imposición entre España y Canadá.

Pasaron a debate, por enmiendas de la minoría catalana, los proyectos sobre doble imposición hispano-italiana y otro similar entre España y Chile referido a las rentas del ejercicio de la navegación aérea. Antón Cañellas, enmendante de ambos proyectos, pidió para el primero su renegociación para incluir el nuevo impuesto sobre el patrimonio, en este contrato. Respondió por UCD el diputado Rodríguez Miranda, que abundó en la especificidad del mismo y en la ausencia por parte italiana del impuesto patrimonial. El proyecto fue adoptado por diecinueve votos (UCD y AP) contra doce (PSOE y minoría catalana) y dos abstenciones (PCE).

El único debate político de la sesión fue el que incluyó el nombre de Chile y que llevó a la discusión los tradicionales enfrentamientos políticos, e ideológicos sobre los derechos humanos. Los diputados, con aspecto cansado por el Pleno del miércoles; debatieron entre bromas y adjetivos el convenio, que fue aprobado por dieciocho votos a favor (UCD y AP) y catorce en contra (PSOE, PCE y minoría catalana).

Algunas intervenciones

He aquí algunas intervenciones:

Antón Cañellas (minoría catalana): Chile no es un Estado de derecho y no ofrece, como tal, garantías suficientes a la vez que viola los derechos humanos.

Rodríguez Miranda (UCD): El tratado afecta a los Estados y no a los regímenes políticos. Empezó a negociarse con el régimen chileno anterior y su contenido es muy restringido.

Felipe Lorda (Socialistas de Cataluña): En Chile no hay diferencias entre régimen y Estado, es simplemente un Estado fascista que no ofrece garantías.

Luis Yáñez (PSOE): Extraña que UCD quiera reivindicar ideologías democristianas y liberales cuando en Chile se encarcelan hombres de estas ideologías. UCD debe demostrar con hechos sus declaraciones.

López Bravo (AP): Buen ejemplo para distinguir entre Estado y régimen lo dio el propio Allende y su ministro de Asuntos Exteriores, Almeida, cuando en 1971 ambos acudieron a una cena oficial en mi honor, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas de ambos regímenes.

José Ramón Lasuén (UCD): UCD vota por el acuerdo y defiende la defensa de los derechos humanos como cualquier otro partido, pero sin demagogia.

A lo largo de toda la sesión, que discurrió en tonos muy cordiales, el presidente, Ignacio Camuñas, duramente criticado al principio, se esforzó en complacer todas las peticiones de los diputados.