Parece probable que nacionalizaciones eléctricas no prosperen
Ayer se reunió la comisión interministerial encargada de analizar las modificaciones que podrían realizarse en lo que a cuestiones institucionales se refiere en el proyecto de Plan Energético Nacional inicialmente elaborado por el Ministerio de Industria. Sobre las conclusiones de la reunión no se conoce absolutamente nada al haber establecido sus miembros un pacto de silencio.
Esta comisión está presidida por el secretario general técnico del Ministerio de la Presidencia, señor Uriarte Zulueta, y de ella forman parte los secretarios generales técnicos de los Ministerios de Economía, Hacienda, Justicia e Industria. El hecho de que esté presente un representante del Ministerio de Justicia se debe a que aquella puede tratar sobre asuntos de régimen jurídico de las empresas que deben ser examinados por expertos en estos temas.Por lo que respecta a las modificaciones realizadas por el grupo de Trabajo, creado para modificar cuestiones de tipo técnico y económico del PEN, y que afectan a aspectos institucionales, como son la nacionalización de la red de alta tensión, la nacionalización de las centrales nucleares que entren en funcionamiento a partir de 1987 y a la ubicación del ente petrolífero en la vicepresidencia de Economía, fuentes competentes han manifestado sus dudas sobre la probabilidad de que se aprueben en base a la existencia de la comisión interministerial antes citada y a que las posturas de Economía e Industria han comenzado a enfriarse.
Aunque esta es la opinión existente en círculos oficiales próximos a los dos departamentos, fuentes consultadas por EL PAIS no olvidan que los acuerdos adoptados por el grupo de Trabajo fueron aceptados por su presidente, José Luis Leal, director general de Política Económica y hombre muy ligado a Enrique Fuentes Quintana, por lo que se supone al vicepresidente económico en el completo conocimiento de todo cuanto el grupo de Trabajo aceptó y modificó. A la hora de valorar cuál puede ser la postura del vicepresidente económico, las fuentes utilizadas conceden a esta circunstancia un importante valor.
Los eléctricos, divididos
Si la posibilidad de nacionalizar algunos aspectos del sector eléctrico ha enfrentado a algunos departamentos ministeriales, no es menos cierto que la necesidad de modificar las estructuras del citado sector divide en la actualidad a los empresarios eléctricos.
Fuentes próximas a ciertas empresas del sector han asegurado rotundamente a EL PAIS que a lo largo de la polémica no han realizado presiones de ningún tipo sobre los miembros del Gobierno, ya que existe entre algunos dirigentes eléctricos el convencimiento de que la situación actual de España ya no es la que era y que por tanto el poder político que durante el régimen de Franco estos hombres ostentaron es imposible continuarlo en la actualidad.
Dicho grupo, encabezado por el actual presidente de UNESA, Juan Alegre, es consciente de la necesidad de realizar en el sector eléctrico un importante lavado de cara y así quedó claro cuando en su toma de posesión en UNESA, el señor Alegre manifestó que «en muchos casos tendremos que abdicar de nuestras posiciones». Prueba de todo ello, es el hecho de que tras repetidas peticiones de entrevistarse con el presidente Suárez -concretamnete tres- los dirigentes eléctricos no han podido ver cumplido su deseo.
Por el contrario, otro importante grupo dentro del sector eléctrico, encabezado por José María Oriol, es radicalmente opuesto a que varíe ninguno de los esquemas en los que se ha venido moviendo el sector a lo largo de los últimos años.
UNESA discrepa de los argumentos nacionalizadores
En respuesta a los argumentos utilizados por los partidarios de la nacionalización de la red de alta tensión (véase EL PAIS del 15 de febrero), UNESA ha manifestado a este diario que son completamente falsas las cifras que se barajan y que afectaban a Iberduero, Hidroeléctrica Española y Sevillana de Electricidad.
Con respecto a la utilización de las centrales térmicas de fuel-oil de estas empresas y a la exportación de electricidad a la región andaluza durante 1976, el informe de UNESA pone de manifiesto que la utilización alcanzada por la potencia térmica de Sevillana de Electricidad durante 1976 fue de 4.800 horas en lugar de 3.000 que se señalan, si bien esta utilización referida a la potencia disponible pasa a ser de 5.600 y ha rebasado las 6.000 horas en varias centrales. Las 5.000 y 6.000 horas de utilización con que, se decía, funcionaron las centrales térmicas de fuel-oil de Hidroeléctrica e Iberduero respondieron a la extraordinaria sequía que afectó a España.
La mención de la cifra de 880 GWh que hacen los partidarios de la nacionalización de la red de alta tensión como de exportación realizada por HE e Iberduero a Andalucía, pone de manifiesto, según UNESA, la confusión de conceptos en que se desenvuelven, dado que los GWh en cuestión constituyen el saldo de la energía entrada en la zona andaluza como resultado de sus intercambios con el resto de España; energía que proviene de cualquier empresa en función de las circunstancias de la explotación y concretamente en este caso sólo veinte de los 880 GWh corresponden a Iberduero y HE. Además, la parte más importante de los 880 GWh corresponde a energía de la Empresa Nacional de Electricidad, del INI.
En la última puntualización, con respecto a los grupos de la central de Castellón, UNESA señala que se encuentra entre los de mejor rendimiento del sistema y que se han desacoplado cuando ha sido conveniente para la explotación. En 1977 la utilización de la central sólo ha alcanzado 3.465 horas, de las 8.760 del año.
UNESA señala, en lo que se refiere a la transparencia de la gestión desarrollada por el RECA, que éste asegura un tratamiento igual para todas las compañías, sin que, en ningún momento se produzcan situaciones de preferencia de unas sobre otras, como demuestra la existencia de un reglamento de explotación.
La CEOE, contra las nacionalizaciones eléctricas
En relación, a la propuesta de nacionalización de las futuras centrales nucleares y de la red de alta tensión, recogida por el grupo de trabajo designado por la Comisión Interministerial sobre el Plan Energético, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha realizado una serie de puntualizaciones a Europa Press.
- En cuanto a las centrales nucleares, bastaría que se autorizara a la industria eléctrica unas tarifas acordes con los costes reales para que el sector privado acometiese, sin ayuda del Estado, los programas para la producción de esta clase de energía.
- En relación con la red de alta tensión debe decirse que, aunque pertenece a muy diversas sociedades, al estar interconectadas las distintas líneas constituye una verdadera unidad técnica, permitiendo el transporte de energía desde cualquier central eléctrica a todo punto de consumo, cualesquiera que sean las empresas que produzcan esta energía, la transporten o la distribuyan. Así queda plenamente asegurada tanto la racionalización de la explotación de las distintas fuentes de energía eléctrica como su suministro a toda la nación.
La industria eléctrica privada ha constituido siempre un imprescindible soporte al desarrollo de la economía española cubriendo en todo momento con gran eficacia su misión.
- Las nacionalizaciones significan, en la práctica, la institucionalización de monopolios. Por el contrario, la economía de mercado, al permitir que distintas iniciativas compitan entre sí para la satisfacción de las necesidades de la comunidad, asegura la mejor adecuación de los medios de producción. De esta confrontación competitiva resultarán las más idóneas inversiones y costes, así como la seguridad del abastecimiento a la comunidad en cantidad y a precios mínimos para asegurar su continuidad.
