El sindicato de Administración de Justicia de Galicia, por su legalización
El decano del Colegio de Abogados de La Coruña, presidente de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación y senador coruñés, Manuel Iglesias Corral, se encargó de la defensa del Sindicato de la Administración de Justicia de Galicia ante la demanda que interpuso el fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid oponiéndose a su legalización.Este sindicato fue constituido en La Coruña el 11 de diciembre de 1977 y asocia a los funcionarios de los cuerpos o carreras judiciales, fiscales, magistrados de trabajo, jueces y fiscales de distrito, secretarios de juzgado y médicos forenses. Comprende el ámbito de la Audiencia Territorial de La Coruña y podrá federarse o unirse con otros sindicatos similares de otras regiones o provincias. Algunos de sus promotores proceden de la anterior Justicia Democrática y, según los datos que ha podido recoger EL PAÍS, en el Sindicato de la Administración de Justicia de Galicia se encuentran encuadrados ya numerosos funcionarios que ejercen en las cuatro provincias gallegas.
La demanda presentada por el fiscal de Madrid oponiéndose a su legalización sostiene la tesis de que los funcionarios de Justicia tienen un carácter especial que les excluye de la actual legislación al reconocer el derecho de asociación a todos los españoles, incluidos los funcionarios públicos, salvo los militares. Dicha tesis no es compartida por los numerosos jueces, magistrados, fiscales y secretarios destinados en Galicia que delegaron en el abogado Manuel Iglesias Corral para ejercer su defensa sindical.
El nuevo sindicato gallego, además de defender los intereses profesionales propios de sus miembros, velará por la consecución de un sistema de autogobierno del poder judicial que, mediante la adecuada estructura democrática, defienda la independencia de los órganos judiciales en el ejercicio de su función y la promoción de las necesarias reformas que mejoren los servicios judiciales, fundamentalmente en aquellos puntos en los que sea preciso afinar y garantizar los derechos humanos.
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