La nacionalización de la alta tensión no afecta a la propiedad de las sociedades eléctricas

La posibilidad de nacionalizar la red de alta tensión a partir de una potencia de 132 kilovoltios (KV) y las subestaciones más importantes ha creado un auténtico movimiento de intereses a favor y en contra, a pesar de que tal medida no equivale a nacionalizar en absoluto la industria eléctrica, ni pone en peligro los intereses de los accionistas particulares en estas empresas. La fórmula propuesta para esta nacionalización es la intervención del Estado, con un 51%, en una empresa mixta en la que participe el sector eléctrico, dedicada a la administración de la red de distribución eléctrica de alta tensión. Esta red está valorada en algo menos de 60.000 millones. El Estado tiene ya patrimonio en la misma a través de las sociedades del INI (Endesa, Enher y una participación minoritaria en Unión Eléctrica). El llegar al 51% propuesto supondría de 15.000 a 20.000 millones de pesetas.

Las razones que arguyen los partidarios de la citada nacionalización se basan en un mayor control del sector y en una optimización del sistema.La falta de operatividad del Reca (Repartidor de Cargas, controlado por el Ministerio de Industria y Energía, pero gestionado por las empresas eléctricas), según los razonamientos de los partidarios de la nacionalización, ha quedado patente en repetidas ocasiones. Como botón de muestra se señala el hecho de que durante 1976 tanto las centrales de fuel de Iberduero como Hidroeléctrica funcionasen a una utilización superior a las 6.000 y 5.000 horas, respectivamente; estas compañías exportaron 880 gigavatios-hora de electricidad a Andalucía en tanto que las centrales de la empresa Sevillana de Electricidad sólo funcionaron a 3.000 horas. Se pone de manifiesto igualmente cómo las decisiones del Gobierno han sido sistemáticamente boicoteadas por las compañías eléctricas (caso de la central de Castellón que nunca ha podido ser apagada sin que se crease inestabilidad en la red).

Desde el punto de vista de la optimización del sistema, los argumentos favorables a la nacionalización apuntan, entre otras, las siguientes razones:

- Minimizar los grandes trasvases de energía dictados por las grandes compañías sobre las menos poderosas.

- Evitar duplicidad de líneas innecesarias construidas con criterios de beneficios económicos particulares. En este sentido, la idea de pagar un canon a la Diputación en aquéllas provincias excedentarias no es más que diluir un dinero sin que la provincia saque nada a cambio.

- Asegurar un tratamiento igual para todas las compañías, rompiendo la situación de poder existente en estos momentos.

- Realizar las interconexiones internacionales teniendo en cuenta aspectos como la estabilidad del sistema, reservas y otros.

- Terminar con todas las situaciones de preferencia de las grandes compañías, tales como los sistemas de liquidación o regulación de nudos.

Los defensores de la nacionalización señalan que una medida de este tipo tiene precedentes en el mundo, y así, Suecia y Gran Bretaña nacionalizaron inicialmente la red de alta tensión, si bien el Reino Unido nacionalizó con posterioridad la totalidad del sector. Otros países, como Francia, Italia y Portugal tienen totalmente nacionalizado el sector eléctrico.

Razones en contra

El Ministerio de Industria y el sector eléctrico se muestran rotundamente contrarios a cualquier medida de este tipo por considerarla, a grandes rasgos, ineficaz.En este sentido, UNESA, sociedad que integra a las empresas eléctricas, señala que la utilización por parte de las centrales eléctricas de los recursos primarios se realiza con unas determinadas directrices de política energética enlanadas de la Administración. De acuerdo con estas directrices, que señalan su prioridad de utilización, se programa la explotación diaria de las centrales a través del Repartidor de Carga, considerando en todo momento la necesidad de atender la demanda de energía eléctrica, cualquiera que sea el lugar geográfico en que ésta se produce.

La utilidad y eficacia con que se ha venido utilizando la red de transporte, según UNESA, se ponen de manifiesto al considerar que han permitido hacer frente a dos situaciones absolutamente dispares, como la extraordinaria sequía registrada en 1976, en el que debieron realizarse transportes térmicos de considerable volumen para atender la demanda en las zonas en que se hacía sentir la escasez de medios hidráulicos, y la situación registrada en 1977, en que, con una favorable situación hidráulica, la utilización integral de estos recursos permitió, mediante los necesarios transportes, reducir hasta el mínimo el funcionamiento de las centrales térmicas de fuel-oil.

Por su parte, el Ministerio de Industria, a través del comisario de la Energía, Luis Magaña, ha señalado a EL PAIS, que los actuales mecanismos legales son suficientes para tener un control efectivo sobre el sector eléctrico y que en absoluto considera necesaria la nacionalización de la red de alta para controlar el sector y para lograr una optimización del sistema. En este sentido, puso de manifiesto que el sistema está en la actualidad optimizado en España y que el Ministerio de Industria y Energía está plenamente satisfecho con la actuación del Reca.

El señor Magaña ha señalado que la actuación de Ofico (Oficina de Compensación), por la cual se intenta mantener la optimización en el uso del carbón y el fuel en las centrales eléctricas, es satisfactoria y que no existe en España energía del carbón sin utilizar.

Por lo que se refiere a la inversión que habría que realizar para nacionalizar la red de alta -15.000 millones de pesetas que permiten el control del 51% de la empresa mixta que se crearía para administrar la red-, el comisario de la Energía ha significado que supone una importante cantidad que, en cualquier caso, no compensaría los escasos beneficios que se desprenderían de esta medida, si es que hubiese alguno.

En opinión del Ministerio de Industria, en el caso de tomar medidas de mayor control sobre el sector, las más efectivas serían la creación de los delegados del Gobierno en las compañías eléctricas y la formación de comisiones de vigilancia al igual que existen en otros países.