Quijorna, un pueblo alquilado como coto de caza privado

La falta de desarrollo de los pueblos más lejanos a Madrid capital posibilita aún hoy el que prácticamente la totalidad de un término municipal, el de Quijorna, esté alquilado como coto de caza a un particular, en este caso el que fue ministro de Comercio entre 1951 y 1957, Manuel Arburúa. De todas formas, el tema que preocupa actualmente a sus habitantes es el expolio que se lleva a cabo con las arenas del arroyo de Quijorna, y la práctica, habitual del Ayuntamiento, calificada de caciquil, por los propios vecinos, de negarse a dar cualquier tipo de información pública.El arroyo de Quijorna lo forma una estrecha corriente de agua asentada sobre un fondo arenoso. Desde julio del año pasado el Ayuntamiento ha concedido a un vecino del cercano pueblo de Brunete, José Luis Curiel, el derecho a extraer arena del arroyo con miras a su comercialización a las empresas constructoras.

La asociación de vecinos del pueblo se ha dirigido en varias ocasiones al Ayuntamiento pidiendo conocer el contrato correspondiente, así como las cantidades percibidas hasta ahora. Tanto el alcalde, Bernabé Serrano, como el concesionario, afirmaron que no existía contrato alguno, y no facilitaron el valor en metálico del volumen de arena extraído. Después de mucho insistir los vecinos lograron que se designara una persona -un familiar directo del alcalde- para controlar el número de camiones que se cargan diariamente. Y aquí es donde las cifras no coinciden. El alcalde les informó verbalmente de que se cargaban unos quince vehículos diarios, lo que proporcionaba el Ayuntamiento una ganancia de 3.500 pesetas, contando con que por término medio cada camión transporta seis metros cúbicos de arena, a cuarenta pesetas el metro cúbico.

Los vecinos prefirieron montar su propio servicio de control. Los datos recogidos el primer día, en un período de dos horas y cinco minutos, arrojan el paso de trece camiones. Días más tarde se montó la vigilancia desde las doce de la mañana hasta las siete de la tarde, y se contabilizaron veintisiete. Según estos datos, la media de vehículos sería de unos treinta lo que supondrían unas 7.500 pesetas diarias. Hay que hacer constar que el concesionario, José Luis Curiel, se encarga sólo de extraer arena y venderla allí mismo a las empresas que llevan sus camiones. El precio de la venta es de 150 pesetas el metro cúbico.

Los vecinos piensan que es imposible que no exista un contrato que legalice la operación, aunque sí es cierto que la concesión se hizo directamente, sin concurso-subasta previo. Lo más factible es que la Confederación Hidrográfica del Tajo, al autorizar al Ayuntamiento a la extracción de la arena, señalara también unas condiciones mínimas, que ellos no han logrado conocer.

Un municipio privatizado

El término municipal de Quijorna lo forman un monte público de unas trescientas hectáreas y una extensión similar de terrenos privados. La totalidad del primero y la mayoría de los segundos están arrendados a Manuel de Arburúa, ex ministro de Comercio, que lo usa como coto de caza. Los vecinos tampoco han conseguido saber las cláusulas del contrato de arrendamiento, aunque se habla de una cantidad de seis millones a pagar en seis años.La privatización del municipio ha llegado al extremo de que los guardas jurados que vigilan sus contornos prohíben el paso por el campo a los niños en los meses de marzo, abril, mayo y junio, ordenándoles que no se salgan para nada de los caminos. La proliferación de perdices, que luego serán potenciales presas de los cazadores, daña gravemente los campos cercanos de trigo, pero los pocos agricultores que quedan ya en el pueblo, caracterizados por un individualismo exacerbado, no han planteado colectivamente queja alguna.

Quijorna es una localidad que hoy cuenta apenas con 450 personas, la mayoría de edad madura. Los jóvenes se marchan cuando se casan. Tradicionalmente han sido siempre ocho o nueve familias las que han gobernado el pueblo. Desde hace ocho años el alcalde es Bernabé Serrano. El actual presidente de la asociación de vecinos, señor Serrano, tuvo un fuerte altercado con él hace años, cuando se le ordenó categóricamente trasladar fuera del pueblo un pequeño rebaño de su propiedad. Según la historia relatada por el afectado, unos veinte días más tarde, el propio alcalde introdujo en un redil adjunto a su casa, también dentro del casco urbano, un rebaño de unas cien cabras, situación que aún se mantiene, aunque el número de animales ha disminuido.