El Plan Siderúrgico definirá el paso de Altos Hornos del Mediterráneo al sector público

Los mecanismos de financiación, la fórmula de desprivatización de la IV Siderúrgica Integral de Sagunto y los objetivos para el sector no integral son las cuestiones más importantes que el Gobierno debe debatir antes del próximo día 1 de marzo en el plan de apoyo y reestruc turación de la siderurgia española. En su reunión del pasado miércoles, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos aceptó en principio el proyecto presentado por el Ministerio de Industria, señalándose dos semanas de plazo para concluir su estudio y aprobación.

Dentro de las diversas alternativas técnicas que propone el documento elaborado en principio en Industria, parece que el Gobierno se inclina por soluciones moderadas, descartando la nacionalización total de las siderurgias integrales. La fórmula que pudiera gozar de mayor consenso en estos momentos entre los integrantes del equipo económico es muy similar a la francesa, aunque todavía no existe un criterio definido sobre cómo instrumentar las aportaciones de fondos públicos al sector. Lo que nadie pone en discusión en estos momentos -ni en la Administración ni entre los privados- es la necesidad de que el Estado apoye sustancialmente al sector, no sólo en lo que respecta a sus inversiones, sino también para sufragar sus déficit de explotación. En principio pa recía tomar fuerza la idea de diversificar las aportaciones entre subvenciones a fondo perdido, con cargo al Presupuesto, y dotaciones de crédito oficial, a bajo interés y largo plazo. Sin embargo, cada vez se afianza más el convencimiento de que, dada la previsible evolución siderúrgica mundial, los fondos ahora aportados no podrán ser restituidos. Por todo ello, y a la vista de las importantes aportaciones técnicamente necesarias -50.000 millones de pesetas sólo en 1978-, el Gobierno considera, de una parte, instrumentar mecanismos de control sobre la actividad inversora y productiva de las empresas y, de otra, repartir los costes de la ayuda, haciéndolos recaer en la financiación pública y privada, las propias empresas y sus trabajadores y los consumidores. Precisamente este aspecto es el que previsiblemente requerirá más horas de estudio y discusión en los estamentos responsables de la Administración, en los quince días de plazo marcados Posteriormente las Cortes tendrán algo que decir sobre el tema.Uno de los problemas más complejos de resolver en el plan es el futuro de la Cuarta Planta Siderúrgica Integral, de Sagunto, que desarrolla Altos Hornos del Mediterráneo, en la que participan Altos Hornos de Vizcaya (46,2%); US Steel (15%); los bancos Bilbao, Vizcaya, Central, Banesto, Hispano, Urquijo y Valencia (23,8%), y siete Cajas que actúan en esa región, o Vizcaya (15%). La alternativa más barajada fue, en principio, la nacionalización, variando el proyecto inicial de esquema productivo de la planta. Esta modificación consiste en mantener el actual tren de laminación en frío, instalar otro en caliente y añadirle una colada continua suprimiendo los proyectados hornos altos y el convertidor LD. De este modo, la capacidad de Sagunto quedaría situada en unos. dos millones de toneladas anuales, cuyos elementos primarios serían suministrados a partes iguales por las instalaciones de la vieja factoría colindante a la Cuarta Planta y la de Ensidesa en Avilés. El coste del proyecto se sitúa en torno a los 40.000 millones de pesetas y su plazo de ejecución sería de cuatro años.

En cuanto a la desprivatización, parece que los expertos de la Administración se inclinan en estos momentos por la incautación de la empresa, manteniendo la titularidad de las acciones en manos de sus actuales propietarios. Esta alternativa plantea al parecer algunos problemas jurídicos, ya que habría que recurrir a disposiciones de 1939 o declarar suspensión de pagos, con lo que podrían ejercitarse las cláusulas de estilo incluidas en todos los créditos internacionales suscritos por la empresa. Según estas cláusulas, al mediar suspensión de pagos o cambio de titularidad en la empresa, los débitos pueden hacerse exigibles inme diatamente -la deuda exterior de AHM era ya de 3.200 millones de pesetas a 31 de diciembre de 1976-, lo que acrecentaría los problemas.

Conjuntamente, el plan plantea la progresiva entrada del INI en la empresa, a partir de ampliaciones de capital de mil millones de pesetas en 1978, 1980 y 1981 y 2.000 millones en 1979, suscritas íntegramente por el Instituto. Al mismo tiempo se procedería a un saneamiento de la sociedad, revisando objetivos, habida cuenta de que los actuales costes financieros constituyen el 10% de los gastos totales de explotación. La plantilla de la empresa se mantendría inalterable, con la única medida de jubilar anticipadamente a seiscientos de los actuales trabajadores. Hoy AHM tiene más de 5.500 trabajadores; 4.800 en la acería vieja y setecientos en el tren de frío de la Cuarta Planta.

Uno de los problemas principales que se plantean ante la alternativa que se adopte es el reconocimiento o no de las deudas contraídas por AHM hasta el momento. Una de las partidas principales de dicha deuda es la que corresponde a Altos Hornos de Vizcaya -7.800 millones de pesetas-. Recientemente, el Ministerio de Hacienda inició una auditoría contable en AHM, con el beneplácito de la empresa, para analizar la exactitud o inexactitud de las valoraciones en los activos, ventas y demás transferencias de bienes o fondos desde Altos Hornos de Vizcaya a su empresa participada de Sagunto.

Finalmente, el plan no establece -como se ha dicho- drásticas reducciones de capacidad productiva y plantillas. El primero de los puntos sólo se contempla en base al chatarraje de determinadas instalaciones obsoletas. El segundo deriva de un ajuste correspondiente a la actual utilización de la capacidad de las empresas, lo que traducido a datos concretos plantea una reducción global del 4,4% en la población laboral de las tres empresas -45.000 trabajadores en la actualidad- contemplada en fases anuales para el caso de Ensidesa.