Ley del aborto: aplazamiento indefinido

En la lista de enmiendas presentadas al anteproyecto de la Constitución ninguno de los grupos parlamentarios más progresistas, salvo el PCE, hacen mención al tema del aborto. Tampoco ninguno de ellos ha iniciado, hasta el momento, un estudio definitivo sobre el contenido de una posible ley de Aborto.En su XXVII Congreso, el PSOE se declaró a favor del aborto «libre, gratuito y a cargo de la Seguridad Social». Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado una propuesta firme al respecto. El único estudio realizado sobre el tema del aborto es la ponencia que presentó la Comisión Mujer y Sociedad en la Internacional Socialista.

En dicho estudio se analiza en profundidad la actual situación y se denuncian las graves injusticias sociales que ocasiona, al tiempo que se presentan posibles alternativas. Aunque su contenido es materia reservada por ser un documento de base todavía no discutido en el seno del partido, parece ser que el modelo que se propone como más idóneo -aunque se tenga que adaptar a la realidad española- es la ley de Aborto que funciona en Suecia, según la cual, la voluntad de la madre basta para justificar la interrupción del embarazo, siempre que éste no supere los tres primeros meses.

El PCE ha mostrado, con la actuación de su grupo parlamentario, una actitud más definida ante el problema del aborto y la necesidad de su legislación. En la sesión del 12 de enero, María Dolores Calvet, diputada del PSUC, defendió en nombre del grupo comunista una proposición de ley de amnistía para los delitos de aborto, adulterio y propaganda de anticonceptivos, propuesta que fue rechazada por una diferencia de 37 votos: 119 a favor y 156 en contra.

Por su parte, UCD se declara contraria al aborto: «Existe para nosotros el deber de proteger y defender la vida humana, sobre todo cuado ésta no puede ser defendida por sí misma.» No obstante, matiza: «No podemos, sin riesgo de caer en una gran injusticia social, desconocer el gran problema que representa el medio millón de abortos que anualmente, y de forma clandestina, se realizan en el país.»

Para conjurar esta «dolorosa realidad social», UCD plantea una serie de medidas de orden legal y social que de forma indirecta se supone que acabarán erradicándola. Estas medidas son: proteger a la madre soltera, facilitar el sistema de adopción, posibilitar la planificación familiar a través de la Seguridad Social y equiparar la condición de los niños nacidos fuera del matrimonio a la de los nacidos dentro de él. En último término, pues, elude la cuestión de regular el aborto a base de una ley.

AP también se pronuncia rotundamente contra el aborto, en razón a la exigencia de proteger y defender la vida humana. En cuanto a la planificación familiar que podría paliar el problema que hoy representa el abundante número de abortos clandestinos, el partido «la contempla favorablemente», aunque, en el último congreso se manifestaron algunas tendencias adversas a ella.

Opinión de las feministas

La despenalización del aborto es reivindicada por todas las feministas, y la mayoría de ellas aboga también por su legalización. No obstante, señalan que la liberalización del aborto debe estar incluida en un programa general de planificación familiar e información sexual. Para ellas el aborto es un recurso de carácter excepcional que se podrá limitar al máximo si se difunde ampliamente y de forma gratuita la utilización de los distintos sistemas de contracepción.Algunos grupos feministas radicales defienden el aborto como una consecuencia del derecho de la mujer a usar su propio cuerpo, pero consideran que tanto el aborto como todos los métodos anticonceptivos representan una agresión que ésta recibe de la sociedad machista «que no ha fomentado las investigaciones en torno a los métodos anticonceptivos en los varones, que quedan así libres de culpa y con toda posibilidad de placer».

Modelos de ley sobre el aborto

En líneas generales se pueden distinguir dos modelos legislativos en lo que respecta a la regularización del aborto: el modelo de plazo y el de indicaciones.Según las leyes que corresponden al primer modelo -por ejemplo, las vigentes en Estados Unidos, Francia, la URSS y los países del Este en general- basta la petición de la mujer para interrumpir el embarazo, siempre que éste se encuentre en su primer trimestre o dentro de un plazo que varía de unos países a otros. En la mayoría de ellos la petición debe formularla un médico y la intervención es gratuita y se lleva a cabo en hospitales estatales.

En los países donde rigen leyes que siguen el modelo de indicaciones -Suiza, Bélgica, Canadá, Inglaterra- una comisión de médicos dictamina si el aborto es legal en cada caso concreto, según existan o no las causas que establece la ley. Estas causas son de orden médico -peligro de la vida de la madre o del feto-, ético -la mujer ha quedado embarazada por estupro o incesto-, eugenésico -riesgo de deformidad grave del feto-, sociales, etcétera.

Según países, las causas que determinan la interrupción legal del embarazo son cualquiera de éstas o sólo algunas. Asimismo, la actuación de la comisión de médicos que deciden la interpretación que hacen de la letra de la ley, puede ser más o menos abierta. En Holanda, por ejemplo, la ley es absolutamente prohibitiva, pero de hecho hay una gran tolerancia ante el aborto.

En estos momentos España es, con Italia -pendiente en este caso del referéndum que decidirá definitivamente la cuestión- el único país de Europa donde el aborto carece de la correspondiente regulación legal.