Justicia y la Junta de Fiscales, contra un nuevo indulto general

Al mismo tiempo que el director general de Justicia, Fernando Cota, de viaje actualmente en Santa Cruz de Tenerife, aseguraba de forma tajante que no habrá nuevo indulto general para presos comunes, y la Junta de Fiscales anunciaba, tras la reunión celebrada los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero, que se opondría a cualquier proyecto de este tipo, ayer se dio a conocer el texto de la proposición de ley, sobre indulto general, presentada a la Mesa del Senado por veintisiete senadores, y que tiene el apoyo de los grupos Entesa dels Catalans, senadores vascos y Progresistas y Socialistas Independientes.

La proposición de ley sobre indulto general presentada en el Senado contempla la remisión total de las penas inferiores a seis años por hechos realizados con anterioridad al 14 de octubre de 1977, y propone la reducción a la mitad de aquellas penas que superen los seis años. La proposición de ley pretende que sea compatible el indulto general que se solicita con los indultos concedidos anteriormente -concretamente el del 14 de marzo de 1977-, por los que quedaron rebajadas las penas, con lo que, prácticamente, quedaría en libertad toda la población reclusa.Para los presos que tuviesen que cumplir aún, tras la aplicación de estas medidas, algún período de encarcelamiento, se solicita la concesión de la libertad condicional. En el indulto general propuesto también se incluyen las sanciones por faltas penitenciarias. Del proyecto de ley de indulto sólo quedarían exceptuados los reclusos sancionados en base a la ley de Delitos Monetarios y por falsificación de moneda y billetes de banco.

La actitud del director general de Justicia, contraria a un nuevo indulto, quedó reflejada en la siguiente frase: «Ya se ha llegado al límite máximo de la concesión, por parte del Gobierno, sobre este asunto, por lo que, en consecuencia, no habrá nuevo

'indulto ni nueva amnistía.» El señor Cota también manifestó que el Ministerio de Justicia prepara actualmente una ley que dará respuesta adecuada al fenómeno criminológico del terrorismo.

Según parece, se trataría de reformar aquellos artículos del Código Penal que hacen relación a los delitos de terrorismo y que quedarían completados con el proyecto de modificación de la ley de Orden Público remitido a las Cortes.

Medidas legislativas

Por su parte, la Junta de Fiscales Generales, reunida para examinar la situación del orden público, estudiar las instrucciones a impartir a las fiscalías, así como la posible solicitud de medidas legislativas que refuercen la función que les está encomendada, ha acordado que las fiscalías extremen «la utilización legal del ordenamiento jurídico en la tutela de personas, derechos y bienes».

La Junta de Fiscales estima que la desproporción entre la entidad aislada de la mayoría de los delitos, en sí mismos de escasa relevancia, pero cuya extensión y frecuencia van intensificando la alarma, y la escasa gravedad de su pena «imponen la necesidad de soluciones legislativas, siquiera sean transitorias, hasta tanto se configura el orden constitucional y se mejoran las condiciones económicas y de empleo».

La Junta de Fiscales, que resalta la escasa reacción de los ciudadanos ante la proliferación de delitos, ha decidido aplicar o proponer, en su caso, un catálogo de medidas adecuadas, entre las que se contempla la cancelación de cualquier proyecto de indulto general.

Los fiscales han constatado el estado de permanente y progresiva indisciplina de la población reclusa en actitud de franca sedición, no ya frente a los encargados de su custodia, sino también a los órganos jurisdiccionales.

Finalmente, la Junta de Fiscales Generales considera que «no es la política, ni puede serlo jamás, función rectora de las decisiones del ministerio público, y quede claro y terminante, por ello, que nada que afecte a dicho campo incide en estas consideraciones, ya que su estatuto le ordena velar por la observancia de las leyes y promover la acción de la Justicia en cuanto concierne al interés público».