Gobierno y elecciones sindicales

A pesar del propósito del Gobierno y cierto sector del empresariado de restringir, restar entidad e incluso impedir la celebración de elecciones sindicales, se cuentan diariamente por centenares las empresas en las que los trabajadores están eligiendo sus delegados y comités de empresa. Sin duda, el acuerdo CCOO-UGT para impulsar su realización ha sido importantísimo, demostrando una vez más que la unidad de acción es fundamental para los intereses de los trabajadores.Al seguir el Gobierno una política contraria a la generalización de elecciones y procurar tan ostensiblemente que su repercusión se reduzca al mínimo, evidencia algo que desde una perspectiva de clase resulta claro y elemental: se trata de impedir, en lo posible, que el movimiento obrero y sus centrales sindicales se desarrollen y organicen mejor. Las elecciones sindicales son un factor que lo facilita.

Sin duda, tal objetivo es una constante para todo Gobierno burgués y para cualquier país capitalista. Pero en nuestro caso se produce en la etapa de transición a la democracia, uno de cuyos elementos de consolidación es precisamente que los trabajadores se doten de órganos de representación que, entre otros cometidos, sirvan para llenar el vacío legal que, a nivel de empresa conlleva la desaparición de la Organización Sindical.

Unas elecciones sindicales generales y con garantías resultaban imprescindibles en España para ampliar la libertad sindical. Al quitar a las actuales ese carácter, al insistir en su provisionalidad, se está en el fondo realizando un atentado contra el proceso de democratización que nuestra sociedad inició hace más de dos años. De ahí la grave responsabilidad del Gobierno.

Al mismo tiempo, era urgente que el panorama sindical, con una considerable multiplicación de siglas, se clarificara. Al Gobierno no le perjudica la confusión, aunque el perjudicado sea el país en su conjunto. Incluso el fomentar que ante la opinión pública parezca que existe una pugna irreconciliable entre CCOO y UGT para alzarse con el liderazgo entre los trabajadores, le parece al Gobierno muy positivo. Por eso, al promulgar el decreto sobre elecciones, tuvo buen cuidado de dejar las cosas lo suficientemente ambiguas como para que hasta en el cómputo de los resultados se reflejara esa ambigüedad. Como es sabido, en las empresas con menos de 250 trabajadores no es necesario que figure en las actas la afiliación sindical de los elegidos. Ese detalle le permite al Ministerio de Trabajo alimentar la falsa imagen de que el arraigo del sindicalismo de clase es muy débil. Pese a todo, si se analizan sus propias estadísticas y se tiene en cuenta que para las empresas con más de 250 trabajadores, las candidaturas necesitan identificación, puede deducirse que los no afiliados no sobrepasan el 6,2%.

El que justo en el comienzo de su celebración se haga público un proyecto de ley sobre la representación de los trabajadores en la empresa, que contiene una cláusula por la cual habrían de celebrarse nuevas elecciones en el plazo de tres meses es, sencillamente, una provocación a los trabajadores y a sus centrales de clase.

El Gobierno sabe que las elecciones sindicales van a ser un elemento de modificación de la actual relación de fuerzas y que esa modificación favorece las posiciones del movimiento obrero.

Por otra parte, no podemos pasar por alto que dentro de unos meses se celebrarán elecciones municipales y que sobre ellas se proyectará en cierta medida el resultado de las sindicales. Conseguir que las sindicales -en ningún caso favorables a UCD- se hagan después de las municipales, en las que UCD está montando, a partir de las prerrogativas que otorga el poder, un tinglado legal y financiero para ganarlas, es coherente desde la óptica y los intereses que UCD y el Gobierno Suárez representan.

Al hilo de todo ello cabe subrayar la ofensiva que en distintos frentes está lanzándose desde el Gobierno contra los trabajadores, posiblemente para identificarse mejor con el espacio político en el que le sitúa su base social más influyente y poderosa: la derecha. No es sólo el retraso en lo sindical. No es sólo intentar un escamoteo definitivo del patrimonio de la CNS, hoy en manos de la AISS, o el favorecer el amarillismo y restar crecimiento a las centrales de clase a base de ver cómo ofrecer a los trabajadores no afiliados unos servicios asistenciales mediante el propio patrimonio sindical, los abogados y otros profesionales que estuvieron en la nómina de la CNS y los 25.000 y pico millones de pesetas del presupuesto que todos los españoles vamos a pagar a la AISS en 1978. Hay también una ofensiva para hacer el despido aún más libre de lo que ya es; hay un decidido propósito de retrasar o anular la aplicación de los muchos aspectos positivos contenidos en los acuerdos de la Moncloa e incluso se está llegando al colmo de lo permisible en la política salarial, dándose el caso de algún Ministerio cuyos altos funcionarios aconsejan a los patronos una forma de interpretar los acuerdos para que ni siquiera se llegue al 20-22 % de subida sobre las masas salariales globales.

El Gobierno ha entrado en un terreno en el que sólo es posible hacerle retroceder a base de una respuesta contundente. El triunfo de Comisiones Obreras en las actuales elecciones sindicales, triunfo que, afortunadamente para los trabajadores parece ya asegurado, lo interpretamos como una clara toma de posición de éstos en favor de la experiencia, responsabilidad y eficacia con que defendemos los intereses de nuestra clase. En este caso, la única vía para cumplir este cometido es procurar la máxima unidad en la acción con otras centrales, fundamentalmente UGT, y conseguir una movilización amplia, organizada y controlada en la que los trabajadores dejemos patente ante el país que no estamos dispuestos a tolerar que carguemos en exclusiva con la crisis y que, encima, se prolongue indefinidamente la consecución de nuestras libertades sindicales básicas.