"El Gobierno Civil no ha suplantado funciones de ningún organismo"

Juan José Rosón, árbitro del desorden administrativo en la provinciaEL PAÍS: La reestructuración del Gobierno Civil ha traído consigo la creación de una serie de comisiones encargadas de solucionar temas que teóricamente debieran ser tratados por otros organismos locales. Paralelamente, estas entidades de la administración local parecen haber entrado en un prolongado letargo en espera de que se celebren las elecciones municipales. ¿Es éste el motivo que ha producido la absorción de competencias por el Gobierno Civil?Juan José Rosón: El Gobierno Civil no se está extralimitando en sus competencias. Lo que ocurre, es que se estaba olvidando que un Gobierno Civil tiene que intervenir en todos los campos de la vida ciudadana. Hay unos organismos como el Ayuntamiento o la Coplaco que tienen unos fines muy concretos. Algunos de los órganos, cuyos fines están claramente definidos, no responden, mientras que el ciudadano pide soluciones para sus problemas y tiene derecho a obtenerlas. En estos casos es cuando el Gobierno Civil ha actuado para instar al organismo del que se trate para que funcione, pero el Gobierno Civil nunca ha suplantado funciones.

EL PAÍS: ¿A qué obedece la paralización de los organismos locales?

J. J. R.: Muchas corporaciones han ralentizado su acción porque se sienten provisionales y transitorias. En esto influye el anuncio de elecciones municipales. Además hay que contar con que nos encontramos en unas fechas en que se están realizando balances y presupuestos.

EL PAÍS: El hecho de que la mayoría de los problemas de orden ciudadano vengan a plantearse en el Gobierno Civil, parece que ha traído algunas diferencias entre usted, el alcalde y el ministro de Obras Públicas. El ejemplo concreto de las cargas policiales contra los vecinos de Orcasur cuando permanecían concentrados frente al Ministerio de Obras Públicas el pasado 3 de diciembre, y las diferentes notas publicadas posteriormente, dejó entrever que las diferencias existen.

J. J.R.: Yo no tengo ninguna dificultad con Garrigues. El caso de Orcasur fue un problema de orden público. Desde el Ministerio comunicaron lo que estaba ocurriendo y desde aquí se dio la orden de que actuara la Policía Armada. De todas formas, ese día ni Garrigues se encontraba en el Ministerio, ni yo en el Gobierno Civil. Quiero dejar claro que, como gobernador de Madrid, y con la experiencia que tengo de ese Ministerio, creo que Garrigues ha respondido bien ante cualquier tema que se le ha planteado. Existe una coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Civil.

Con el Ayuntamiento, las esferas son diferentes. A veces puede parecer que hay confusiones, pero las competencias son distintas. Cuando desde aquí intervenimos en algún problema de carácter municipal, actuamos como una segunda instancia.

EL PAIS: ¿En qué va a consistir exactamente la reestructuración del Gobierno Civil? ¿No está contribuyendo ahora mismo a aumentar la confusión de competencias entre unos y otros organismos?

J. J. R.: Con la reestructuración se pretende conseguir una mayor agilización entre los órganos provinciales de la Administración, dar una respuesta más eficaz al conjunto de problemas de distinta naturaleza que se plantean en Madrid. Queremos conseguir más eficacia de las delegaciones ministeriales e iniciar un conjunto de acciones administrativas que hoy no están perfiladas dentro de los organismos a los que me refiero, pero que responden a necesidades absolutamente importantes.

En síntesis consiste en potenciar las delegaciones y, desde el Gobierno Civil, exigir la creación de nuevos servicios, tales como guarderías, tercera edad, sanidad, orden público.

Finalmente hay que tener en cuenta que la problemática de Madrid presenta grandes diferencias según la zona de la que se trate. El Gobierno Civil tiene que acomodarse a esta realidad.

EL PAÍS: ¿Cómo se coordinará entonces el Gobierno Civil con el resto de los departamentos oficiales locales y cuál será su función concreta?

J. J. R.: Hay que reforzar la representación del Gobierno Civil a nivel provincial. Esto es imprescindible porque antes ha habido una importante descoordinación entre los ministerios, y se nota en Madrid. Ello ha sido debido a que en la actuación directa de un Ministerio no se ha tenido en cuenta la problemática general. La necesidad de coordinar está clara. Hay un conjunto de servicios que deben ser absorbidos por la Administración municipal.

El concepto de ciudad tiene un ámbito más amplio que el. de término municipal de Madrid y para una gestión eficaz hay que ir a una fórmula más comprensiva de la Administración local, y resolver mejor la coordinación entre la Administración del Estado, representada en el Gobierno Civil y un ente municipal distinto al actual.

Ahora ocurre que se superponen actuaciones. Hay que empezar a pensar que la responsabilidad sobre unos determinados temas pueden recaer sobre un organismo, nunca de dos. La clarificación de competencias es uno de los puntos más importantes, pero tampoco hay que olvidar que es preciso evitar el que se produzcan colisiones como las que ocurren cuando hay un alcalde que no es del mismo partido que el del Gobierno.

EL PAÍS: ¿Cuál es la situación real del orden público en Madrid?

J. J. R.: Las alteraciones han descendido en el sector de conflictos callejeros, han aumentado en el sector de conflictos menores (pequeños robos y atracos) y se han estabilizado en los delitos medios (atracos a bancos). Muchos de los delitos de carácter menor son imputables a bandas de menores, que son poco numerosas. Son pocas, aunque están bien articuladas y especializadas en un tipo de delitos determinados. Frecuentemente, se da el hecho de que la detención de una banda demuestra que los componentes son los autores de toda una cadena de sucesos delictivos. Si se consiguiera detener y juzgar a unos trescientos delincuentes, es seguro que el índice bajarla considerablemente.

EL PAÍS: ¿Es suficiente el control policial que hay en la calle?

J. J. R.: El control policial no es suficiente, pero. mejorará con la intensificación. Yo creo que es necesario que se agilice el procedimiento judicial. La legislación actual es insuficiente para con los delitos menores. No hay una sanción adecuada para estos delincuentes y por eso proliferan tanto. Existe también una inadecuación de la ley de Peligrosidad Social y del Código Penal. El delito común necesita sanciones automáticas que sirvan de ejemplo. De todas formas, el índice de robos no ha aumentado, sigue siendo el mismo que el de hace ocho años.