Las cajas rurales podrían realizar las mismas operaciones que la Banca privada
El Ministerio de Economía está preparando una serie de disposiciones para modificar la actual situación de las cajas rurales, con objeto de potenciar la función social y crediticia de estas entidades en el medio rural y dar cumplimiento a lo dispuesto en el pacto de la Moncloa.
Entre estas disposiciones, según informa Cifra, está en proceso de elaboración un real decreto mediante el cual se atribuirían al Ministerio de Economía las funciones que desarrolla actualmente el Ministerio de Hacienda respecto a estas entidades, si bien el Ministerio de Trabajo y el Banco de España conservarían las funciones y facultades que ejercen en relación con las Cajas.Todo parece indicar que en el proyecto original se contempla la posibilidad de que las cajas rurales puedan realizar las mismas operaciones que la Banca privada, y que continuarían disfrutando, respecto a sus asociados, de las ventajas que concede el decreto 716/1964, de 26 de marzo, así como de otras que pudiera establecer el Ministerio de Economía para las cooperativas de crédito.
Según los iniciales estudios, las cajas rurales provinciales tendrían la facultad de rebajar hasta el 25% de los rendimientos líquidos de cada ejercicio la parte destinada a la formación de un fondo patrimonial o incremento del fondo de reserva y del de educación y obras sociales obligatorias como determine el Ministerio de Economía. Igualmente, se podrá rebajar hasta el 15% como mínimo la parte destinada a la formación de una reserva de riesgos de insolvencia, que anualmente se ingresaría en una cuenta de una institución crediticia o bancaria autorizada por el Banco de España. Por otra parte, las cajas rurales de ámbito local podrían abrir dichas cuentas en la caja rural provincial respectiva.
El real decreto en elaboración contempla la regulación de los fondos procedentes de los impositores, que en el caso de los afiliados deberán destinarse, al menos en un 50%, a la concesión de préstamos de carácter económico-social a empresarios agrarios. Estos préstamos tendrían como finalidad la atención o gastos de producción, para pequeñas inversiones, renovación de maquinaria, inversiones en nuevas explotaciones o modernización de las existentes, formación empresarial y otras.
Según los estudios realizados hasta el momento, las cajas rurales provinciales tendrían que invertir un porcentaje sustancial de sus fondos para créditos en la propia provincia, aunque también podrían realizar, en determinados casos, transferencias a otras cajas rurales provinciales o realizar préstamos directos a empresarios agrarios.
Respecto a las relaciones de cada caja con el banco, éstas podrían extenderse en el futuro a la posible asistencia técnica, jurídica, económica y otras misiones en común encaminadas a coordinar y promover el ahorro y el crédito cooperativo del medio rural.
Según Cifra, podría constituirse la Unión Nacional de Cooperativas, cuyo funcionamiento no afectaría a la personalidad y autonomía de gestión de las respectivas cajas rurales. A la Unión Nacional le correspondería, sin embargo, promover la democratización de los órganos de gobierno de las cajas provinciales, de cara a una mayor transparencia y dedicación del sector agrario, rigiéndose especialmente por los principios cooperativos, como postula el pacto de la Moncloa.
Está prevista también la constitución de una comisión interministerial con la misión de revisar la normativa vigente sobre cajas rurales, con la finalidad, entre otras, de promover la inversión de los recursos de estas entidades en el medio rural.
