La legalización del separatismo vasco

SOLO APLAUSOS merece la decisión del Ministerio del Interior de legalizar a EIA, seguramente el más influyente partido de la izquierda abertzale. En sus filas militan la mayoría de los dirigentes históricos de ETA, entre otros su actual secretario general, Mario Onaindia, uno de los seis condenados a muerte en el célebre proceso de Burgos de 1970, y figuras tan conocidas como Izko, Uriarte, Gorostidi, Múgica Arregui, López Irasuegui y «Wilson». Porque la única vía para la solución pacífica de la tensa situación que vive el País Vasco desde finales de la década de los sesenta es permitir la libre confrontación de los programas ante las urnas, sin más condición y exigencia que la renuncia de las organizaciones que los mantienen a tratar de imponerlos por la violencia.Una intervención del diputado del PNV señor Arzallus, en la mesa redonda celebrada en San Sebastián hace unos días sobre «La Europa de las regiones», ha dejado en claro que para el partido fundado por Sabino Arana la defensa de la identidad del pueblo vasco no pasa por el independentismo y la soberanía estatal, sino por las instituciones de autogobierno dentro de la nación española. La otra gran fuerza política electoral de Euskadi, el PSE-PSOE, se halla fuera de toda sospecha de devaneos independentistas. Parece claro que la mayoría de la colectividad vasca, que dio sus votos a esos dos grandes partidos en las elecciones de junio de 1977, si bien respalda el proyecto de un estatuto de autonomía, rechaza las utópicas propuestas separatistas de la izquierda abertzale, cuyos pobres resultados electorales en las legislativas tal vez puedan mejorarse en las municipales, pero no hasta el punto de alterar sustancialmente el mapa político.

Ahora bien, el carácter minoritario de una opción política no puede servir de argumento para situarla fuera de la ley. Un sistema pluralista se define precisamente por su capacidad de reconocer la voz y los votos a las minorías que encuentran en la democracia la posibilidad de expresar libremente sus opiniones, y de defenderlas. Las tesis independentistas de la izquierda vasca ofrecen la triple condición de ser irrealizables, de no contar con el apoyo de su propio pueblo y de ofender las emociones patrióticas de muchos españoles. Esa es una característica común a todos los grupos minoritarios, cualquiera que sea su ideología. Pero no por eso hay que condenarlos a la ilegalidad.

En este camino, la legalización de ETA es un enorme paso hacia adelante. La aplicación del mismo trato a grupos similares que todavía no han sido registrados parece una consecuencia lógica. Los formalismos jurídicos y los bizantinismos a la hora de juzgar los estatutos de los partidos de la izquierda abertzale son ya impropios del avanzado estado de nuestra democracia, aunque pudieron ser útiles en la fase de transición para la legalización del PCE. Todo el mundo sabe que ETA es un grupo independentista, aunque se haya prestado a retorcer sintácticamente su programa para lograr pasar por la ventanilla. Sería pueril continuar exigiendo a los partidos acrobacias léxicas y gramaticales en sus documentos oficiales como condición sine qua non para su reconocimiento.

Lo que es preciso exigirles en cambio, y no sólo en la teoría, sino en la práctica, es la renuncia a la utilización de la violencia y el compromiso explícito de cortar sus vinculaciones con las organizaciones terroristas. En el pasado de ETA está la matriz originaria de ETA; como lo están las guerrillas de la primera etapa del franquismo en las tradiciones del PCE y del PSOE, y como la violencia ha sido práctica y prédica de numerosos grupos franquistas. A nadie se le puede obligar a abjurar de su historia. Sin embargo, el expreso reconocimiento de que el cambio de la situación política general hace condenable desde cualquier punto de vista el terrorismo, es algo que se puede y se debe exigir a los dirigentes de la izquierda abertzale que se incorporan ahora a la legalidad de la nueva democracia española y vasca.