La Secretaría de Estado para Europa, en entredicho

El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y el embajador de España ante la CEE, Raimundo Bassols, se reúnen este fin de semana para estudiar el tema de las relaciones de España con las Comunidades Europeas, sumido en una seria crisis que afecta al proceso de integración hispano en la CEE, a la adaptación del Acuerdo Comercial Preferencial de 1970 y a la dificil situación de los sectores pesquero, textil y siderúrgico.

Pero los problemas a debatir en esta reunión triangular no serán de exclusivo alcance hispano-comunitario. La reforma administrativa española, con vistas a la futura integración de España en la CEE, estará también en el centro de estas discusiones sobre las que se ha levantado una cierta expectación en los llamados ministerios técnicos interesados por el tema: Comercio, Industria, Agricultura y Hacienda. El interés de estos departamentos se centra en la idea lanzada hace meses, y sin prosperar por el momento, por Marcelino Oreja, de crear un equipo negociador (tass force) con la CEE, encabezado por un secretario de Estado dependiente del Palacio de Santa Cruz.Esta iniciativa, que el propio ministro Oreja calificaba como operación portaaviones (creación de un equipo de expertos interministerial con base en Asuntos Exteriores), parece haber sufrido un revés o incluso un parón formal, desde el momento que el primer candidato al puesto de secretario de Estado para Asuntos Exteriores -el míster Europa español, Ramón Trías Fargas rechazó la oferta que incluía la entrada en UCD de la Convergencia Democrática de Cataluña.

Ahora, la falta de un candidato claro y los problemas de desequilibrio que el nombramiento de este secretariado puede crear entre las distintas tendencias de UCD, han propiciado la idea de rebajar la Secretaría de Estado a una especie de buró político interministerial o algo por el estilo, que causara menos problemas a la hora de escoger su primer protagonista (que en este caso podría ser el subdirector general de Europa y gran conocedor del tema, Gabriel Ferrand) y menos celos entre los ministerios técnicos frente a la operación portaaviones de Marcelino Oreja, que algunos la consideran como el principio de la caza del comercio exterior, en general, por el Palacio de Santa Cruz.

La reforma administrativa, para la negociación con la CEE, está aún pendiente de sanción y en todo caso no podrá cumplir los plazos que el ministro de Asuntos Exteriores prometió a la Comisión de Exteriores del Congreso, al situar en el 15 de enero el nacimiento de este equipo negociador que no tiene capitán y que Marcelino Oreja ha prometido defender hasta sus últimas consecuencias.

Sobre los temas hispano-comunitarios que los señores Suárez, Oreja y Bassols deberán abordar hay que destacar el del calendario de la negociación con la CEE, bruscamente alterado por el vicepresidente de la Comisión Europea, Lorenzo Natali, quien anunció el viernes pasado que el dictamen sobre la candidatura española será redactado en Bruselas en 1979 y no en 1978, como estaba previsto. Este retraso ha caído como jarro de agua fría en la Administración española y se suma, en tan sólo unas semanas, a las dificultades por las que atraviesan las relaciones España-CEE, sometidas a una indiscutible dureza comunitaria para con las posiciones españolas.

Baste recordar aquí algunos de los hechos que conforman la dura política comunitaria, para demostrar la debilidad de la posición española y los pobres resultados de la gira europea del presidente Suárez y de su poco planificada política exterior con la Europa de los nueve: el mandato negociador de la CEE para la adaptación del Acuerdo de 1970, del mes de diciembre, ha sido considerado como inaceptable por España; a partir del día 1 de enero las exportaciones españolas a Gran Bretaña perdieron las ventajas que les proporcionaba el stand still (statu quo comercial), a falta de la citada adaptación del Acuerdo de 1970; los sectores pesquero, textil y siderúrgico españoles sufren, progresivamente, el proteccionismo unilateral y discriminatorio comunitario.