Mil quinientas hectáreas para un proyecto de "descentralización" administrativa

La congestión de la ciudad de Madrid, sobre, todo su centro urbano, extendido hacia las afueras poco a poco, no ha sido una cosa que haya sucedido en una noche: ha sido un largo y laborioso proceso en el que ha intervenido tenazmente el centralismo que España ha sufrido durante los últimos años.Precisamente por eso, porque a estas alturas a nadie puede sorprender el que la capital del país haya llegado a un grado de congestión importante y preocupante, que amenaza cada día en mayor medida al ciudadano madrileño, ha podido ser prevista hace ya años. Pero lo malo del caso es que, a pesar de las previsiones, a Pesar de que se pensaron mil y una soluciones al problema e incluso llegaron a plasmarse en proyecto, éstos nunca llegaron a realizarse y los que comenzaron, con grandes promesas de realización quedaron, al final en aguas de borrajas, para decepción de los crédulos y reafirmación de los más difíciles de convencer.

La capitalidad de Madrid

A la hora de calcular previsiones y de ver cómo se podría evitar que la congestión de Madrid alcanzara grados que hicieran de la ciudad un mundo absolutamente inhabitable, alguien se atrevió a decir, que el problema de la capital era precisamente ese: su capitalidad, el hecho incuestionable de que en la capital del Estado orgánico tenían que estar todos los ministerios y centros oficiales y que, además, desde la propia capital, había de regirse los destinos de las demás ciudades y pueblos españoles. Y alguien le contestó inmediatamente al filósofo creador de tal razonamiento: «Pues si el problema está en los centros de la Administración del Estado, llevemos esos centros fuera de la ciudad. Pero no demasiado, que por Madrid ha de pasar todo el que quiera algo del Estado. »

El problema ya estaba resuelto: Madrid se descongestionaba con sólo efectuar una pequeña. mudanza. Eso sí, un tanto laboriosa. Consistiría esa mudanza en hacer desaparecer del centro de la ciudad todos los ministerios y centros oficiales dependientes del Estado, con lo que una población laboral calculada entonces -era el año 1960- en 376.284 personas -correspondiente a algo más del 57,72% de la población activa madrileña-, que se encargaban de hacer funcionar todo el complicado mecanismo de la burocracia estatal abandonaba, junto con los edificios, el centro de Madrid. Además, toda una población flotante no tendría por qué adentrarse en el mismísimo centro urbano para realizar sus gestiones, con lo que su ocupación material del terreno, ya escaso para los habitantes de la ciudad, no se produciría más que en un pequeño grado.

Nace Valverde-CD2

Una vez alcanzada la idea de dejar que Madrid fuera sólo eso: una ciudad para sus habitantes, con sus propios órganos locales de gestión y gobierno, y no la ciudad por la que tenían que pasar un montón de españoles a los que en la capital no se les había perdido más que un papel en un ministerio, sólo quedaba algo por hacer: conseguir los terrenos en los que colocar esa ciudad administrativa -la expropiación y los cambios de calificación se encargarían de ello-, redactar los proyectos correspondientes y ponerse a construir algo en donde se podría celebrar una grandiosa ceremonia de inauguración, con todo lo propagandístico que esto resultaría.

Y alguien le buscó un nombre a esa ciudad administrativa: Centro de Decisiones 2; CD2, en abreviatura. Y, cuando se ubicó geógráficamente, encontró el nombre por el que es ahora conocida: polígono Valverde.

Se decidieron los límites que esa ciudad debería tener: un polígono de quince lados, situado al norte de Madrid capital, dentro de la provincia, entre las tapias de El Pardo y el antiguo término municipal de Fuencarral. Sus linderos, en líneas generales, serían los siguientes: al norte, la cerca del monte de El Pardo; al este, el ferrocarril Madrid-Burgos y la variante de Fuencarral de la carretera nacional I; al sur, la línea del ferrocarril de enlaces para Renfe, y, al oeste, otra vez la cerca del monte de El Pardo.

La superficie incluida dentro de esos límites, según la memoria del proyecto original, es de 1.370,3870 hectáreas, aproximadamente, aunque estudios posteriores llegaron a establecer una superficie bruta de 1.434 hectáreas o, lo que es lo mismo, 14.340.000 metros cuadrados.

Y la operación comenzó con toda rapidez. Para construir un polígono urbanístico de este tipo era necesario, ante todo, conseguir el cambio de la calificación que urbanísticamente tuvieron esos terrenos, hasta el momento conceptuados, en su mayor parte, como agrícolas. Pero eso no era difícil dado que era la propia Administración del Estado -encargada de realizar, en principio, ese cambio de calificación- la que promovía el polígono.

Ante esto, no faltó quien pensó que ahí había negocio y ofreció grandes cantidades de dinero a los agricultores de la zona por la adquisición de sus terrenos, anticipándoles que iban a ser expropiados, con lo que, además, se Ies estaba dando una especie de tabla de salvación para no perder, por medio de la expropiación, todo lo que tenían: su terreno. Lo que no estaba previsto es que el sistema de expropiación fuera después cambiado por el de compensación, con lo que los nuevos propietarios de los terrenos no eran ya simples sujetos pacientes de la acción del Estado, sino que pasaban, desde una posición no desventajosa, a negociar con éste en qué forma habría de hacerse la cesión de los terrenos y qué compensaciones económicas habrían de obtener.

De administrativa a residencial

Una vez hecho todo el planteamiento filosófico de lo que debería ser el polígono Valverde, hubo alguien que pensó que casi 1.500 hectáreas era una superficie de terreno lo suficientemente grande como para que en ella, además de esos centros de decisión previstos en un principio, pudieran ubicarse una serie de viviendas. Y el tema entró en una política muy concreta que, para aquel entonces, estaba planeando el antiguo Ministerio de la Vivienda: el urbanismo concertado. Consistía esta nueva política en potenciar e incluso gestionar desde el Estado una serie de ciudades en las que, antes de que comenzara cualquier tipo de construcción, hubiera acabado la fase previa de urbanización y creación de la Infraestructura necesaria.

Y, una vez incluido en esa política, el polígono Valverde, aunque siguiera llamándose, en la nomenclatura oficial, CD2, se había convertido más en un nuevo Tres Cantos que en una sucursal de la capitalidad de Madrid, en su forma administrativa.

Una vez llegados a esta fase, sólo quedaba establecer la distribución por zonas de las 1.400 hectáreas, para que se ajustase a algo lógico, urbanísticamente hablando. De esta forma, en tanto quedaban 189,85 hectáreas de terrenos para la zona administrativa, otras 464,150 se destinaban a zona residencial.

Precisamente esa zona residencial fue la que motivó constantes alegaciones y ataques por parte de las entidades ecologistas de Madrid: su linde inmediato con la tapia del monte de El Pardo podía suponer la degradación inmediata del monte. Las alegaciones que fueron presentadas en su día, dentro del período de información pública, fueron aceptadas en parte y, con ello, reducido el volumen de edificación que se iba a permitir. Pero ya hoy las sociedades ecologistas han detectado anuncios que prevén, según ellas, que El Pardo se va a convertir en un parque privado para los futuros habitantes de Valverde. Todavía queda mucho por decir sobre todo ello.