El Gobierno alemán retira del Parlamento los proyectos de ley contra el terrorismo

La impopularidad exterior que ha reportado a la República Federal de Alemania sus maneras ole combatir el terrorismo parece ser la causa de que, una semana antes del debate definitivo sobre nuevas leyes en la materia, el Gobierno haya decidido retirar del Parlamento los proyectos legales. Paralelamente, la oposición democristiana ha dicho que si se presentasen estos proyectos votaría en contra.

El núcleo de disidentes socialdemócratas, contrarios desde un principio a la normativa de reciente cuño, se ha incrementado con la adhesión de los socialdemócratas de Bremen en bloque. Las diversas tendencias han pretextado razones distintas para justificar su nueva actitud.Aunque la socialdemocracia no ha dicho si volverá o no a presentar los esquemas legales para su segunda y tercera discusiones en el Parlamento, se da por seguro que los discutidos cinco proyectos pueden considerarse poco menos que hibernados.

La explicación de los demócratas cristianos es sibilina: «No queremos ser el respaldo parlamentario que necesita este Gobierno, controlado por un grupúsculo izquierdista», ha dicho el jefe del partido, Helmut Kohl. Para sacar a flote el «paquete antiterrorista» habría bastado el voto de cinco democristianos, contando con que otros tantos socialdemócratas y liberales hubiesen votado en contra del proyecto gubernamental. Esta situación pondría en entredicho al canciller Schmidt, que tendría que hacer frente, por segunda Vez, a una rara situación: la aprobación de nuevas medidas legales con el apoyo de la oposición.

La ocasión anterior fue en junio pasado, al discutirse la reducción de impuestos al patrimonio privado, ley orientada a beneficiar a los grandes capitalistas y que contó con la resistencia de un sector socialdemócrata. Esta vez, la resistencia se orienta especialmente contra el proyecto de exclusión de los abogados del contacto con sus clientes acusados de terrorismo y el respaldo legal a los registros policiales indiscriminados.

El camino de la represión gubernamental parece llegar al final y hasta el abogado Croissant, encarcelado en Stammheim y pendiente de proceso, puede beneficiarse de un trato judicial no tan severo como se deseaba hace un mes: de seis meses a cinco años de cárcel si se comprueba la acusación de «respaldo a una asociación criminal», única irregularidad que ahora ve el Gobierno alemán en la actuación del abogado del grupo Baader-Meinhof.