El régimen boliviano del general Banzer, al borde del colapso

La situación política en Bolivia se ha deteriorado rápidamente, según las últimas noticias llegadas a nuestra redacción. Las fuerzas armadas, la policía y los organismos de seguridad han sido puestos en estado de emergencia la tarde de ayer, poco antes de realizarse en La Paz una marcha de solidaridad de los universitarios con las quinientas personas que mantienen una huelga de hambre en cuatro ciudades del país.

Por otra parte, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) ha convocado desde la clandestinidad a un paro de veinticuatro horas en todas las minas del país para reforzar las reivindicaciones populares en favor de una amnistía general y sin restricciones. Los 2.500 trabajadores del Consejo Central Sur, en el departamento de Potosí, ya iniciaron el paro un día antes.Entretanto, la magnitud de la huelga de hambre ya ha adquirido características dramáticas al estar varios huelguistas mantenidos en vida sólo gracias a inyecciones de suero. Tanto el cardenal José Clemente Maurer como el representante de las Naciones Unidas en Bolivia, Henry Meyer, se hallan desde hace dos días desplegando esfuerzos para lograr una solución satisfactoria a la huelga.

El clima de tensión se agudizó el martes en la capital, cuando las fuerzas policiales hicieron un despliegue espectacular por toda la ciudad, siendo abucheadas y hostigadas por la población civil. Esta impresionante movilización popular ha debilitado fuertemente la estabilidad del régimen y ha desenmascarado sus promesas electorales como una mera operación continuista.

La probabilidad de la cancelación de las elecciones, inicialmente convocadas para el 9 de julio próximo, ha aumentado en los últimos días, debido a la incapacidad de respuesta del Gobierno ante la sorprendente ofensiva de una población exasperada por un autoritarismo que ya dura seis años. La impopularidad del régimen ha quedado también patente por la convergencia de posiciones de todas las fuerzas políticas del país, que -desde la clandestinidad o desde el exilio- han condenado de forma unánime el fraude electoral que prepara Banzer.

Mientras una lluvia de comunicados de solidaridad con las reivindicaciones democráticas de los huelguistas inundaban las redacciones de los periódicos y de las radios, la inquietud dentro de las fuerzas armadas también crecía amenazadoramente. La intransigencia demostrada hasta ahora por Banzer podría ser el preanuncio de una reacción de fuerza para «restaurar el orden» a sangre y fuego.

Sin embargo, también son altas las probabilidades de una intervención de la oposición militar «institucionalista», que el domingo último se ha manifestado en la prensa bajo la forma de un manifiesto suscrito por los generales y coroneles que, hace seis años, colaboraron con Banzer para derrocar al general Torres.

Los generales Remberto Iriarte, Eladio Sánchez y Mario Adett Zamora, los coroneles José Patiño Ayoroa, Juan Ayoroa y otros, han declarado que el actual Gobierno ya no representa el sentir mayoritario de las fuerzas armadas, y que es hora que éstas dejen de jugar el rol de un partido político. El desenlace de esta tensión militar, en medio de la creciente efervescencia popular, podría producirse en cualquier momento.