El conflicto de la Universidad de Alcalá se debate hoy en las Cortes

El tema de la Universidad de Alcalá, en permanente conflicto desde que comenzó el curso -sólo se ha dado una semana de clase-, se tratará hoy en las Cortes a propuesta de Pilar Brabo con vista a clariricair sus causas y buscar una posible solución.

La Universidad de Alcalá se creó hace dos años -el decreto de constitución apareció en el Boletín Oficial del 30 (le junio de 1977- con el objetivo de descongestionar la Universidad Complutense. Sin embargo, desde un primer momento el equipo encargado de su gestión se manifestó contrario a considerarse como una ampliación de la Complutense y partidario de conseguir una Universidad reducida tanto en alumnado como en profesores. Esta concepción de la Universidad como un ámbito restringido para minorías ha sido en parte causa de los conflictos que han estallado en el campus, y responden a la estrategia general de privatización de la Universidad que practican algunos grupos, Opus Dei y Acción Católica Nacional de Propagandistas.

Críticas a la comisión gestora

Según un dossier elaborado por un grupo de alumnos y profesores de la Universidad de Alcalá, en poder de los diputados socialistas, la causa fundamental de los problemas del campus es la incapacidad de las autoridades académicas -la llamada comisión gestora- para llevar adelante una gestión responsable.Una de las críticas que se formulan en dicho dossier contra la actuación de la comisión gestora es el mantenimiento de cursos muy reducidos -del orden de veinte alumnos-, lo que representa un elevado coste social dada la situación del país, y, por otra parte, concuerda con el criterio elitista al que aludíamos.

Otra cuestión que se critica es la política de dotación de plazas que, según se afirma en el dossier, está más en función de las personas «idóneas» que pasan a ocuparlas que de las auténticas necesidades docentes. Asimismo, el acaparamiento de los puestos más destacados por parte de personas vinculadas o muy próximas a ciertos grupos de presión (Opus y Propagandistas Católicos).

Se denuncia también en el dossier el bloqueo sistemático a las actividades culturales, injerencias en las asambleas de los alumnos y sospechosas intervenciones en la concesión de traslados de expedientes, así como la arbitraria e improcedente intervención del gerente, señor Santiso, en cuestiones académicas fuera del campo de su competencia.

Con respecto a la gestión administrativa, el dossier señala alguno de los gastos inútiles que se han realizado, como la instalación de cuatro aulas prefabricadas, que no se utilizan, o las obras de acondicionamiento de un vetusto edificio de Alcalá de Henares -un antiguo hospital militar que no han servido de nada, ya que los alumnos que tenían que ocuparlas se negaron tajantemente a separarse de sus compañeros.

Por último, se destaca la expulsión del profesor de la facultad de Económicas, Enrique Curiel, que se produjo el pasado mes de enero, «por motivos estrictamente políticos», se afirma en el dossier.

La alternativa de solución al conflicto de Alcalá que ofrecen los alumnos y profesores que han elaborado el informe al que nos referimos se basa en tres puntos:

En primer lugar la disolución de la comisión gestora y creación de un órgano colegiado de gobierno con carácter provisional que se encargará de redactar los estatutos. Dicho órgano, elegido democráticamente por los tres estamentos de la Universidad, sería el punto de partida para la constitución de las juntas de facultad.

El segundo punto es la derogación de las normas de régimen interno, que establecen, entre otras disposiciones, la limitación del número de convocatorias a cuatro y la obligatoriedad de matricularse del curso completo.

Aunque los alumnos son partidarios de que se limite la permanencia en la Universidad reduciendo incluso el número de convocatorias, estiman que cualquier limitación es improcedente, ya que en la Universidad de Alcalá no se dan unas adecuadas condiciones de docencia. Por otra parte, señalan que deben tolerarse las anulaciones de convocatorias como en la mayoría de las universidades españolas, y que, en todo caso, hay que tener en cuenta las circunstancias particulares que puedan afectar al alumno.

En consecuencia, se pide la readmisión de todos los expulsados como tercer paso hacia la solución del conflicto.