No hay una salida legal para las ocupaciones de viviendas

Las ocupaciones de viviendas, extendidas a los barrios más populosos de la ciudad, continúan siendo uno de los protagonistas principales de la vida ciudadana madrileña. Ayer se publicaba en este mismo periódico el caso de un soldado que habla sido juzgado «sin responsabilidad» por haber ocupado un alojamiento sin habitar. Las salidas legales al tema y la creación de una coordinadora que a nivel de todo Madrid se encargue de canalizar el movimiento son los puntos fundamentales sobre los que ahora trabaja la parte vecinal de la comisión mixta creada en San Blas para solucionar el conflicto.

Las ocupaciones ilegales de viviendas continúan ampliándose a nuevos barrios madrileños: San Blas, Alto Arenal, La Ventilla, Carabanchel, son zonas en las que raro es el día que una familia, carente de alojamiento, no ocupa una vivienda deshabitada. El proceso, iniciado durante el mes de septiembre del pasado año, no ha obtenido todavía una respuesta coherente ni por parte de la Administración ni por la de partidos políticos y entidades ciudadanas, salvo una comisión mixta que hasta ahora no ha funcionado. Unos comités de ocupacionistas formados básicamente por las familias necesitadas de vivienda han intentado centralizar el tema sin demasiado éxito.La única medida intentada conjuntamente por la Administración y las entidades vecinales de ordenar el terna de las ocupaciones fue la creación de una comisión mixta. Cuatro miembros de la asociación de vecinos y cuatro representantes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo se encargaron de canalizar las ocupaciones habidas en el barrio de San Blas. El primero de los puntos que la comisión se planteó fue la necesidad de contar con la documentación de la Obra Sindical del Hogar -responsable de casi todas las viviendas del barrio- para hacer una revisión de las adjudicaciones realizadas desde la OSH.

Después de un mes de espera de esta comisión para contar con la mencionada documentación, el Ministerio de Obras Públicas hacía pública una nota en la que se aseguraba que todas aquellas familias que hubieran ocupado ilegalmente una vivienda debían desalojarlas voluntariamente, porque, en caso contrario, la fuerza pública se encargaría de hacerlo. Hasta el momento, la orden no se ha llevado a cabo, al menos en Madrid, pero tampoco la comisión mixta ha podido realizar ninguna gestión concreta en el barrio, debido, fundamentalmente, a que la documentación solicitada continúa sin serles facilitada.

Durante esta semana, la comisión de San Blas intentará conseguir que el Ministerio les facilite los caminos legales para poder alcanzar un mínimo de operatividad. En caso de no conseguirlo, la comisión podría disolverse, ya que según uno de los componentes «corrernos el evidente peligro de que tanto familias afectadas como vecinos en general, en vez de hacer un frente de cara al Ministerio, nos van a responsabilizar a nosotros del tema, cosa a la que no estamos dispuestos».

El que la situación de esta primera comisión se resuelva, plantea una mayor importancia ante la extensión que el movimiento ha conseguido en otros barrios madrileños. La inoperancia de este primer intento supondría la paralización de futuras comisiones.

La participación de los partidos en el movimiento ocupacionista ha sido escasa y confusa desde el primer momento. Fernando Salar, miembro de la comisión de San Blas, explicó que, al menos en este barrio, el único partido que en un primer momento colaboró fue el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, al facilitar sus locales para que el comité de ocupacionistas se reuniera. «El resto de partidos -continuó- no ha colaborado prácticamente nada. De manera intermitente y esporádica, han estado presentes algunos grupos extraparlamentarios. El Partido Comunista, desde un principio señaló que éste no era el momento adecuado para arreglar el problema de la vivienda por la vía de la ocupación forzosa. Dada su presencia en las entidades vecinales de la zona, la postura del PCE ante el tema ha sido importante.»

Dificultades legales

La casi totalidad de fuerzas políticas y entidades ciudadanas justifican su escasa participación en el tema en base a la dificultad existente para encontrar una salida legal al tema. Fernando Salas, en relación con este punto, señaló que «la legislación española considera a la ocupación de viviendas como un acto delictivo. Ahora son conscientes de que existe un importante desfase; por eso, nosotros no nos hemos limitado a ofrecer una ayuda paternalista a las familias necesitadas de alojamiento, sino que desde un primer momento hemos hablado de la necesidad de dar una salida legal al tema. Es totalmente necesaria una modificación de la legislación. Por ello creemos que el tema de las ocupaciones hay que plantearlo en las Cortes y que la totalidad de las fuerzas políticas deben participar y definirse sobre el tema.