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Tribuna:TRIBUNA LIBRE
Tribuna
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La consolidación de la pequeña y mediana empresa

De la Confederación de la Pequeña y Mediana EmpresaLa salida cada día más urgente de la crisis económica y la consolidación de la democracia como sistema de convivencia pacífica de los españoles, pasa por la previa consolidación y afianzamiento de la pequeña y mediana empresa. Si la desesperación política y la bancarrota económica afectase de un modo definitivo a nuestros pequeños y medianos empresarios, cabrían pocas dudas del sesgo político autoritario y antidemocrático que tomaría cualquier «aparente» solución a la inestabilidad social generada.

La trama básica de la economía española no la forman los monopolios ni la gran banca o las multinacionales. A pesar del peso vigente y decisivo de la oligarquía dominante, los pequeños y medianos empresarios han creado día a día una constelación de centros de trabajo, de servicios y de producción de bienes económicos. Una legislación fiscal, laboral y financiera que primaba a la gran empresa sobre la pequeña, y mediana, no ha podido yugular la capacidad de iniciativa económica de cientos de miles de empresarios, que han arriesgado, y muchas perdido, su patrimonio personal en el seno de una estructura política y económica dominada por el capitalismo monopolista.

Base del empleo

De acuerdo con las más salientes estadísticas, los pequeños y medianos empresarios proporcionan empleo a cuatro españoles de cada cinco y producen tres cuartas partes de los bienes y servicios consumidos cada año. Según el censo sindical al 31 de diciembre de 1976, del Servicio Central de Elecciones, cuatro de cada cinco centros de trabajo, tienen menos de 250 trabajadores. Concretamente, los centros de trabajo con menos de cincuenta trabajadores sumaban un 57,68 % del total.

Estos datos realmente abrumadores son tan conocidos teóricamente como desconocidos por la legislación oficial y la política económica del Gobierno, sobre el que pesan, sin duda, importantes lastres de un pasado -y de un presente- en el que se ha manifestado omnipresente el predominio de los monopolios y de los grandes intereses económicos sobre los intereses de la inmensa mayoría. La distribución del crédito por los bancos y el sistema financiero en su conjunto, la desgravación fiscal a la exportación y los beneficios y exenciones fiscales, el peso de las cotizaciones de la Seguridad Social que discrimina a la pequeña y mediana empresa, son botones de muestra de un sistema montado por y para la gran empresa pública o privada. Es, en definitiva, un hecho incontestable que la estructura de nuestras leyes y la práctica de nuestra Administración, no recoge fielmente -como debiera hacerlo- la realidad social insoslayable de la posición de cabecera de la pequeña y mediana empresa en la creación de puestos de trabajo y de riqueza material y social.

Todo lo expuesto explica suficientemente que la crisis económica afecte de una manera radical y profunda a la estabilidad económica de miles de pequeñas y medianas empresas, que cierran sus centros de trabajo o reducen en la medida de lo posible el empleo ofertado o restringen al máximo la producción de los bienes y servicios demandados y necesitados por los consumidores. No se trata de dramatizar una situación normal y tolerable. Se describe objetiva aunque apasionadamente una situación crítica de la economía del país, situación de la que todos debemos ser conscientes para su superación. Porque ésta es posible, a pesar de las dificultades y de las contradicciones actuales.

Cambio de actitud

Hay en los pactos de la Moncloa determinadas referencias indicativas de un cambio apreciable de la vieja política. La prevista reforma del sistema financiero, por ejemplo, comportaría una atención prioritaria de las Cajas de Ahorro a la financiación de la pequeña y mediana empresa y el conjunto de las instituciones financieras reforzaría su funcionamiento democrático. Sin embargo, una reciente disposición oficial, permite a la banca mantener durante un año más, la vigente distribución porcentual del crédito entre grandes y pequeñas empresas, lo que, al margen de la buena intención de sus autores, parece canonizar provisionalmente una situación de «desorden establecido».

Hay también en el Gobierno, declaraciones privadas y públicas de apoyo a la pequeña y mediana empresa, declaraciones que permiten abrir un campo a la esperanza, pero, sin embargo, cuando se reúnen sus portavoces oficiales con las centrales sindicales y patronales, marginan de la cita a las organizaciones de los pequeños y medianos empresarios.

Hay, por último, en todos los partidos políticos parlamentarios (comunistas, socialistas, UCD, AP, vascos y catalanes) unos programas que reflejan más o menos acertadamente la importancia de los pequeños y medianos empresarios, pero sin embargo, sus dirigentes y sus militantes no acaban de comprender en la práctica política la apremiante necesidad de un apoyo más explícito y eficaz.

Esta confusa situación ha dado pie a la creciente crispación del empresario independiente, y a la manipulación interesada de dicha crispación por las organizaciones patronales dirigidas por representantes notorios de las clases económicamente dominantes, instaladas de antiguo en los monopolios y grandes empresas, que constituyen, como hemos visto, una pequeña fracción numérica del empresariado. Se pretende, al parecer, provocar la creación de un clima extremo de desesperación en el pequeño y mediano empresario, frente a la naciente democracia y a la solidaridad económica que se desprende del contenido pleno de los pactos de la Moncloa.

Esta operación que dificulta la salida económica de la crisis y la convivericia pacífica puede ser, sin embargo, frenada por la unidad operativa de todas las organizaciones de las pequeñas y medianas empresas, cuyos específicos intereses deben ser identificados, defendidos y promovidos por sus propios dirigentes, sin ninguna clase de tutela o de control por las grandes patronales, que en definitiva son las «patronales de los grandes».

Y esta unidad operativa debe construirse a partir de la aceptación plena del pluralismo ideológico del empresariado español y de la necesaria independencia respecto a los partidos políticos.

La presencia pública, constructiva, rigurosa y solidaria de una organización de este tipo, comportaría la mejor esperanza de una salida económica que tuviera en cuenta los intereses de la mayoría y asentaría sólidamente los pilares sociales y económicos de la democracia como forma y estilo de convivencia entre los españoles.

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