"Urge adaptar el planeamiento urbanístico de los municipios al Plan General de Madrid"

Si el urbanismo de Madrid ha sido irregular, el de los pueblos de la provincia todavía ha estado sujeto a mayores eventualidades normativas. Su planeamiento ha ido a la cola del planeamiento general y, al no haber mantenido éste una línea coherente, aquél se ha visto cada vez más desasistido. Los actuales problemas urbanísticos de la provincia de Madrid han llegado a crear una fuerte tirantez entre las corporaciones locales y la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana, tirantez que hoy se quiere suavizar, según declaró a EL PAÍS Luis de la Vega, gerente del Area.

«La desatención de los municipios en el planeamiento de su desarrollo urbanístico ha sido considerable y causa de su actual descontento», afirma el gerente del Área Metropolitana Luis de La Vega. «Por ello, se impone -añade- establecer con ellos un sistema de diálogo y asesoramiento técnico, así como adecuar urgentemente la normativa por la que se rigen a la planificación general que ha de acometerse.»

Provisionalidades

El planeamiento de rango superior para Madrid tiene unas fechas claves: se inicia en 1933 con el Plan de Extensión, sigue en 1946 con el, Plan General antiguo y en 1963 con el vigente en la actualidad que, en 1971, se retoca con el Plan Director y en el 1976 se complica con unas Normas Subsidiarias y Complementarias a nivel provincial.Toda esta trayectoria ha situado en un segundo término el problema de los municipios, sujetos a un planeamiento subsidiario. Es decir, sobre la provisionalidad del Planeamiento General, otra provisionalidad para el planeamiento particular de cada municipio.

Esto es lo que se viene a apuntar en los recientes estudios sobre la realidad actual en los municipios madrileños, realizados por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana.

El problema es que las provisionalidades van a continuar todavía por un tiempo, pues el planeamiento definitivo debe ser refrendado por las fuerzas políticas y sociales a tenor de los estudios que, para ello, realice Coplaco. Y este trabajo va a exigir, por lo menos, dos años hasta que pueda considerarse como válido el nuevo Plan General de Madrid, referido ya no sólo a la capital, sino a su área regional de influencia, o, al menos, provincial.

«Mientras tanto, los municipios no pueden seguir estando desasistidos y hay que abordar una actuación eficaz», declara Luis de la Vega.

Tirantez

Los mencionados estudios señalan que el planeamiento subsidiario en su modalidad vigente ha creado en algunos casos una situación de tirantez entre las corporaciones locales y Coplaco, cuyas consecuencias son de muy variado alcance político-social y de tal importancia en estos momentos que se tendría que recurrir a un tratamiento de urgencia en su solución.Contra la inercia de ese mal atrasado, los responsables del actual urbanismo en la Administración, han abierto una especie de consultorio jurídico-técnico a disposición de los municipios y se han intensificado los contactos con las autoridades municipales. «Sin embargo, curiosamente -señala el señor De la Vega- algunos alcaldes parecen preferir seguir adoptando el papel de víctimas y se muestran reacios a admitir las facilidades de diálogo que les brindan desde Coplaco para la mejor forma de resolver los problemas.»

En realidad, el problema es doble. Lo que ocurre es que, mientras en algunos municipios se quejan abiertamente de la inoperancia burocrática de la Administración, en otros, por intereses ajenos a la bondad del urbanismo, prefieren aparentar motivos para seguir desconfiando de la política gubernamental. También es cierto que esta desconfianza está plenamente justificada en otros pueblos, en base a la historia anterior. Así lo entiende el señor De la Vega que precisa: «La normativa subsidiaria parece hoy insuficiente o ineficaz para el fin que se creó. Las causas derivan de su propio carácter de provisionalidad respecto del Gran Planeamiento, tan afectado por los cambios políticos.»

En resumen, el descontento o el rechazo de los municipios a las normativas vigentes parecen tener su base en que éstas adolecen de una falta de adaptación a la realidad y en la falta de participación de la corporación municipal en la toma de decisiones.

Actuación inmediata

«Esa participación, máxime después de unas elecciones democráticas para renovar los cuadros municipales, podría eliminar tensiones y potenciar la mejora del planeamiento municipal, dentro de los esquemas que, precisamente, marquen el planeamiento general que también ha de elaborarse», explica Luis de la Vega.Pero, además, como se recoge en el estudio de Coplaco, es precisa una actuación inmediata.

La propuesta del Area viene a centrarse en el establecimiento de un criterio definido para que un equipo técnico, compuesto por las Direcciones Técnicas de Planeamiento Local y Planeamiento Metropolitano, asista a las corporaciones locales, modifique las Normas Complementarias y Subsidiarias dentro del marco legal, previo conocimiento público y de los ayuntamientos de dicho criterio.