"Hay que suspender las concesiones de autopistas al sector privado"

La reforma administrativa realizada poco después de las elecciones generales legislativas del mes de junio pasado provocó la aparición de un auténtico monstruo burocrático llamado Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Dos antiguos Ministerios, el de Obras Públicas y el de Vivienda, se fusionaban de esta forma en una sola entidad. Dos Ministerios en los que se había abusado del paternalismo (Vivienda) y del triunfalismo (Obras Públicas) entraban en la nueva etapa democrática cogidos de la mano y encomendados a un equipo político de tinte liberal.

Con un presupuesto que supera los 100.000 millones de pesetas, este Ministerio va a jugar un papel de cierta importancia en el año 1978 por la envergadura, económica de sus grandes cifras. Jaime Fonrodona, ingeniero industrial, catalán de nacimiento, ocupa desde el mes de julio la Subsecretaría de Obras Públicas y Urbanismo.EL PAÍS: Dentro de las competencias de Obras Públicas y Urbanismo, el tema de la vivienda ocupa un lugar destacado por su importancia económica y su trascendencia social. ¿Qué se va á hacer para paliar el déficit de viviendas que existe en el país?

Jaime Fonrodona: El tema de la vivienda es quizás el que más nos preocupa en estos momentos en el Ministerio y no sólo porque estemos obligados a prestarle una atención preferente en virtud de los acuerdos de la Moncloa, sino porque creemos que el país necesita soluciones válidas y nuevas en esta materia. Estamos decididos a llevar a cabo una política de construcción directa, con cargo al Instituto Nacional de la Vivienda, un programa de viviendas que es necesario para satisfacer la demanda de los españoles comprendidos en los estratos de menor renta y que por sus niveles de ingresos no tienen acceso a las viviendas del mercado libre. En este sentido, la prioridad la pretendemos fijar en la erradicación del chabolismo, la remodelación de viejos barrios, la vivienda rural. Pero creemos también que un programa de este tipo, por su ambición, necesita mayores recursos presupuestarios, pues la financiación de estas viviendas debe hacerse con cargo casi exclusivo al presupuesto del país. Estas necesidades de acción directa del Estado en materia de vivienda afectan aproximadamente a un 12 ó 13% de los hogares españoles. Pero, al margen de este programa de construcciones directas, pretendemos agilizar la promoción y construcción de viviendas por la iniciativa privada para aquellas familias que necesiten algún tipo de apoyo. Por otra parte, estamos estudiando la situación del mercado de viviendas en alquiler y a la vista de la evaluación que obtengamos, propondremos al Gobierno la actualización de la ley de Arrendamientos Urbanos. Creo que se pueden instrumentar sistemas que faciliten el acceso a la vivienda en alquiler que hoy no existen.

EL PAÍS: ¿Cómo se puede conjugar este programa de viviendas con la escasez de suelo urbano que existe en el país?

J. F.: Efectivamente, una de las dificultades importantes es el suelo, la falta de suelo. Nos proponemos, con medidas reguladoras y fiscales, al mismo tiempo que con acciones puntuales, combatir la especulación. Este tema fue bastante discutido en la comisión correspondiente del pacto de la Moncloa. En resumen, lo que pretendemos es sacar adelante un conjunto de medidas basadas en el principio de que el suelo urbano, o el suelo susceptible de uso urbano, combina las características de un bien privado con las de un bien social y, consecuentemente, no debe generar plusvalías a favor de aquellos que lo retengan o especulen. Es necesario aumentar la oferta, agilizando los trámites urbanísticos y desincentivar o desalentar por todos los medios el atesora miento de suelo. En este campo será necesario, en algunos casos, actuaciones concretas del sector público a través de organismos tales como el Instituto Nacional de Urbanización (INUR). En definitiva, y volviendo al tema de las viviendas, esperamos, a pesar de las limitaciones presupuestarias ya aludidas, iniciar un programa de viviendas de construcción directa en 1978 que supere en cuantía considerablemente a los iniciadas en 1977. Además, estamos llevando a cabo reuniones con los Ministerios de Hacienda y Economía para facilitar los trámites de financiación de la «vivienda social». Con la puesta en marcha del Plan Extraordinario de Andalucía, Canarias y Extremadura, ha quedado patente que, cuando hay financiación, la iniciativa privada se lanza a construir.

EL PAÍS: ¿Qué va a pasar con las autopistas?

J. F.: Con respecto a las autopistas pensamos que es preciso suspender la adjudicación de nuevas concesiones al sector privado; incluso creo que hay que paralizar por un largo tiempo tramos no rentables y proceder a replantearse su conveniencia. El Estado, conjuntamente con los entes locales y regionales y las cajas de ahorros, deben ser los protagonistas de las autopistas porque pensamos que hay algunas que son necesarias. Ojalá se pudiera contar con recursos presupuestarios para realizar, y sin peaje, autopistas como la de Murcia-Alicante, que es anhelada mayoritariamente por ambas provincias, y la de Madrid-Toledo. En cuanto al peaje, no veo -aunque lo deseo- cómo podemos eliminarlo, al menos hasta tanto no se alcance un nivel mucho más alto de ingresos presupuestarios. Ahora bien, esto no quita que aquellas autopistas que se demuestren necesarias deban ser emprendidas por el Estado con la participación de las cajas de ahorros y entes regionales y en unas condiciones de financiación, tanto exterior como interior, que las haga viables. Estas condiciones entiendo que deberían ser flexibles, pues la financiación de una obra de infraestructura se hace necesaria sobre un período de tiempo en donde son muchas y de todo signo las variaciones que pueden sufrir los mercados monetarios interiores y exteriores.

EL PAÍS: En el Ministerio de Obras Públicas se han barajado siempre unos presupuestos de gastos de inversión muy fuertes. Hay mucha gente que piensa que es uno de los departamentos de la Administración en donde mayor grado de corrupción se ha dado en estos últimos años y en donde, curiosamente, existe una de las mayores plantillas de funcionarios (personal operario) con niveles retributivos muy deficientes, como se puso de manifiesto en la reciente huelga de dicho personal. ¿Cómo se va a superar esta contradicción?

J, F.: Con respecto a la corrupción, qué duda cabe que ha existido, como consecuencia de un ilógico y absurdo sistema de unos complementos retributivos no legales. De la misma forma, y por un absurdo sistema fiscal, en España defraudaba al Estado la casi totalidad de los ciudadanos. También se dan aquí algunos casos determinados que estamos atacando y que procederemos a expedientar. Ahora bien, sin dejar en absoluto de vigilar la total transparencia y honestidad en la utilización de los fondos a nuestra disposición, procuraremos poner más énfasis en implantar unos sistemas de funcionamiento y retribución racionales y lógicos que en una caza de brujas del pasado. En cuanto a los funcionarios y al personal operario, tengo que decir que me he encontrado con sorpresas notables a mi llegada al Ministerio, después de toda una vida profesional desarrollada en la empresa privada, desde donde a veces se tiene una imagen distorsionada del funcionario público. Tengo que decir que, salvadas las naturales excepciones, no hago otra cosa que encontrarme con funcionarios eficaces, trabajadores, honestos y deseosos de que los asuntos salgan adelante y de que el Ministerio funcione con eficacia. Esto tiene mucho más mérito por cuanto no existen en la Administración los incentivos que hay en el sector privado y porque el nivel retributivo de la gran masa de funcionarios es francamente bajo. ¿Que son muchos o pocos? De esto, como de la mecánica de funcionamiento, no tiene la culpa el funcionario. El restituir tanto en el aspecto económico como profesional la figura del funcionario, es uno de los objetivos que tenemos muy presente en nuestras actuaciones.