Existe un mercado negro de la vivienda en los barrios periféricos
En toda la zona de San Blas, la promoción más importante de viviendas oficiales construida por la Obra Sindical del Hogar de Madrid, cada parcela dispone de algún agente de ventas que centraliza las ofertas y demandas. Curiosamente, suelen ser mujeres de cierta edad, viudas en muchos casos. Cualquier padre de familia numerosa, o algún joven recién casado que no quiere aguantar más el vivir hacinado con su familia en casa de sus padres, puede contactar con doña Isabel o doña Dolores, entre otras. Ellas les proporcionarán uno de las decenas de pisos que están a punto de quedar vacíos. Tendrán que pagarles una cantidad que oscila por lo general entre las 100.000 y las 200.000 pesetas, y es posible que les tranquilice con la promesa de que «un amigo mío del Ministerio les arreglará los papeles para que el piso figure a su nombre», promesa que hasta ahora no hay constancia de que se haya cumplido nunca.Por supuesto, el comprador no dispone de recibo alguno que pueda comprometer al agente, y tendrán que pasar algunos meses para que se vaya desvaneciendo el miedo a que se descubra el pastel. Cosa que tampoco ha ocurrido nunca, aunque tal vez el cobrador de la Obra Sindical del Hogar, que todos los meses se acerca a pasar el recibo mensual, advierta una cara nueva que sustituye a la del antiguo inquilino.
En realidad los riesgos no son demasiado grandes. Es proverbial la incapacidad de los administradores de la Obra Sindical en el control de sus administrados. El comprador ha pagado en total 400.000 o tal vez 700.000 pesetas, pero se ha evitado acudir periódicamente durante años a la ventanilla del Ministerio, sólo para recibir la eterna respuesta de «ahora no hay pisos, tal vez en la nueva promoción que se construye en el pueblo tal»... A partir de la compra pagará apenas trescientas pesetas, cuota mensual que se abona a la Obra Sindical en concepto de mensualidad y de mantenimiento.
Hay un pacto tácito de silencio alrededor de estas operaciones. Incluso algún comprador con el que hemos hablado, localizado a través de vecinos o conocidos en el barrio, niega rotundamente conocer a doña Isabel o cualquier otra. Son sus vecinos los que se justifican por él: «En Madrid hay que meterse en algún sitio como sea.»
Las viviendas de la Obra Sindical o del Ministerio son las piezas más solicitadas y las que alcanzan mayor precio. Por algo tienen sus tres habitaciones, cocina, servicio y una minúscula terraza. Pero el fenómeno se repite a niveles más bajos. En la UVA de Vallecas se mantienen in pie 1.200 barracones prefabricados construidos provisionalmente desde hace catorce años. Sus dimensiones alcanzan los sesenta y setenta metros cuadrados, con dos, tres y cuatro dormitorios, más o menos pequeños. Las mujeres han adornado sus fachadas con macetas de plantas diversas, y vistas desde el exterior tienen un aspecto limpio, aunque las paredes y techos apenas si tiene cinco centímetros de espesor y están todos carcomidos por la humedad.
Un hombre joven, cercano a la treintena, casado y con una niña de profesión carpintero, ha comprado una de ellas por 150.000 pesetas, apenas hace unos meses Desde entonces no duerme tranquilo. El Ministerio promulgó una especie de amnistía el año pasado por la que se legalizaba la situación de todos los ocupantes de viviendas que lo hubieran hecho hasta entonces, tanto por el sistema de la patada a la puerta como por la compra o el alquiler. Pero desde entonces la actitud ministerial es no reconocer a otros inquilinos que no sean los que figuren en el contrato legal, lo que significa que cuando derriben la UVA para alojarlos en otra promoción, se quedarán sin casa y sin dinero.
Por si a alguien le interesa, podemos anunciar que ahora mismo otro inquilino legal, propietario de dos autobuses de viajeros con los que se gana la vida bastante bien, vende su barracón prefabricado por la módica suma de 300.000 pesetas.
El administrador de la UVA, un veterano falangista apellidado Hernández, más de cinco años como delegado del Ministerio, tampoco parece enterarse de estos cambalaches, aunque la asociación de vecinos instalada en el barrio sostiene que sí, «pero para qué se va a molestar».
Tal vez las personas que mejor conozcan toda la picaresca que rodea este asunto sean los habitante de los núcleos de chabolas e infraviviendas de la zona sur de Madrid. Ellos han estado presentes en todo el proceso, desde los años en que las levantaron clandestinamente, pasando por las irregularidades en las adjudicaciones de pisos de las primeras promociones oficiales, hasta hoy, en que ya de forma organizada luchan por conseguir una remodelación que proporcione casas decentes para todos, y elimine así la necesidad de la solución individual, del sálvese quien pueda.
Los vecinos de Orcasitas, puede que por no estar poseídos de ese complejo de culpabilidad de los ilegales, son más explícitos. Cuentan hechos conocidos por todos, pero de los que no existen pruebas El caso de un delegado del Ministerio en la zona, que por una determinada cantidad, según la época en que se hiciera, te adjudicaba directamente algún piso oficial, «sin tanto rollo de solicitudes, pólizas y demás». Funcionarios muy adictos al Régimen, en el mismo Orcasitas, o en Villaverde Alto, eran piezas de todo un sistema de manga ancha, de lograr un pequeño beneficio personal a costa de la magna obra social.
El sistema no funcionó para todos. Entre la entrega del dinero al benefactor y la adjudicación del piso podían pasar algunos meses, y en ese tiempo a veces cambiaba la situación política con la consiguiente desaparición de funcionarios clave. Ramiro Cano, actual habitante de una chabola en Hormigueras, aún recuerda las 50.000 pesetas que entregó hace años sin recibo y que perdió por este motivo.
Un hecho sintomático de la puesta en el mercado negro de viviendas de estos años lo constituye el caso del Poblado de Absorción de Orcasitas, más conocido por Orcasur. Los chabolistas fueron expropiados hace más de quince años, con la promesa de que se les iba a realojar en pisos nuevos del Ministerio. Efectivamente, los pisos se construyeron, y algunos de los chabolistas figuran como adjudicatarios de los inismos, sin que en realidad los hayan ocupado nunca. La sorpresa de estas familias se produjo cuando fueron al Ministerio a enterarse de su situación, y supieron que eran flamantes propietarios de unos pisos que no llegaron a ver. Lo que se desconoce hasta hoy, es en base a qué sistema se adjudicaron a sus inquilinos reales.
La corrupción administrativa tiene un paralelo en la picaresca de los particulares. Una chabola del Rancho del Cordobés, cuarenta metros por término medio, sin servicios, llena dé humedades y rodeada de barro, puede venderse en unas 70.000 pesetas. Muchos no lo hacen y prefieren conservarlas cerradas, aunque no las ocupen desde hace tiempo, a la espera de que el Ministerio les proporcione otro piso en años próximos. Eso en cuanto a barrios donde no hay perspectiva de remodelación a corto plazo. En otros, como la meseta de Orcasitas, con un plan parcial ya aprobado, nadie vende su casa actual. Saben que el ser titular les valdrá dentro de poco la adjudicación de una nueva vivienda, que luego tal vez ocupen o que vendan o alquilen a los pocos meses. Existen también propietarios que ya cobraron a la Administración el precio de la expropiación, pero que como ésta no se molestó en tirarlas, las han vuelto a alquilar o a vender.
Todo este ambiente hay que entenderlo en su contexto. Hace unos años, y aún hoy, el sueño de cualquier familia de pocos recursos económicos era conseguir una vivienda como fuera. No importaba lo que hubiera que hacer o las complicaciones a asumir. Y pocos escrupulos a los vecinos podía pedir una administración que era la primera en indicarles el camino a seguir.
