Termina un año decisivo para la democracia
Existe acuerdo general en cuanto a la consideración de 1977 como un año decisivo en la política española. Un hecho clave: las elecciones generales del 15 de junio, unido a la firma de los pactos de la Moncloa y al comienzo de las negociaciones pre-autonómicas, configuran una situación radicalmente distinta de la que existía en España a comienzos de 1977, pese a que las coordenadas básicas del poder económico, militare incluso administrativo se mantengan sin cambios apreciables. El rey don Juan Carlos, señalado como impulsor del proceso político de la transición, ha sido considerado «hombre del año» por importantes órganos de opinión.Bien es verdad que los comienzos del año que ahora termina permitían augurar ya las grandes líneas del proceso político: en este país no iba a producirse una ruptura, sino una reforma; se avizoraba con claridad la legalización de los partidos de izquierda, donde el problema del PCE era el más grave; se pensaba ya en unas elecciones. Pero ni el presidente del Gobierno había recibido todavía a la Oposición, ni estaba legalizado ningún partido político -salvo ciertas «asociaciones» de la derecha- ni menos aún podían hacerse previsiones seguras sobre las hipotéticas elecciones.
Desde entonces han pasado doce meses, y una serie de objetivos han ido cumpliéndose, en un continuo tira y afloja entre poder y Oposición para tratar de materializar la mayor parte de sus respectivos planes. Una cuestión en que poder y Oposición ha estado de acuerdo es en evitar todo tipo de disonancia seria en el proceso; la «desmovilización popular» - también llamada « desdramatización de la vida pública española»- ha presidido los esfuerzos de los conductores del proceso, después de un dramático mes de enero en que muertes, secuestros y atentados vinieron a provocar un verdadero estado de inseguridad nacional. Al margen de la campaña electoral, las cuestiones autonómicas han sido las únicas apoyadas en movilizaciones populares de importancia.
Abiertas las Cortes democráticas, y tras las primeras efusiones, la vida parlamentaria no ha logrado prestigiar la importancia y capacidad de decisión de las Cámaras en la vida española. La conducción del proceso posterior a las elecciones ha quedado progresivamente en manos del ejecutivo y de las direcciones de los partidos más importantes, como lo revela la firma de los pactos de la Moncloa, superpuesta al debate parlamentario propiamente dicho.
Consecuencia de ello es que los hemiciclos del Congreso y del Senado han quedado reducidos a un foro de discusiones y explicaciones que, sin estar radicalmente separadas de las preocupaciones populares, tampoco han podido entroncarse directamente en ellas. Sólo dos leyes han salido hasta ahora de las Cortes democráticas -la de medidas urgentes de reforma fiscal, y la de amnistía -, después de seis meses de trabajos, aunque se haya avanzado bastante en la preparación de otros textos legales importantes, como la propia Constitución.
El año 1977 termina con una larga serie de incógnitas. Una de ellas es la propia consolidación constitucional de la Monarquía que por ahora sólo cuestiona - entre las fuerzas parlamentarias- el PSOE; el tiempo dirá si este partido se encuentra verdaderamente dispuesto a utilizar este tema como arma de presión, o si es más el ruido que las nueces. Otra cuestión se refiere al juego político configurado por las elecciones del 15 de junio; el destino normal de UCD y PSOE es convertirse en máquinas electorales cada vez más perfectas si no sufren desgajamientos internos por la fuerza de las circunstancias. Pero la política española se juega, en realidad, a cuatro bandas, y sería absurdo no contar con la capacidad de intervención de los comunistas, sobre todo, y también de Alianza Popular, así como del PNV, la izquierda vasca y los partidos específicamente catalanes, en sus respectivos ámbitos regionales.
El sistema de partidos configurado por las elecciones del 15 de junio tiende a consolidarse, como ponen de manifiesto las encuestas y sondeos posteriores. Es difícil que el acontecer normal de la política ocasione vuelcos espectaculares, y el año termina con intentos destinados más a llenar de contenido las cifras de votos alcanzadas el 15 de junio, que a producir cambios espectaculares en la relación de fuerzas. UCD se ha visto obligada a trabajar por la cohesión interna de un partido que el 15 de junio era una amalgama heterogénea de grupos y personas; el PSOE trata de organizarse para consolidar ese 30% de votos que pocos esperaban. PCE y AP sufren problemas de adaptación a la nueva realidad, por distintas razones, y también sus respectivos magmas internos parecen lejos de haber alcanzado su forma definitiva.
Por otra parte, existen demasiados extraparlamentarios en la vida política española -a la derecha, en el centro y en la izquierda- como para considerar totalmente consolidado el sistema de partidos.
El contrapunto de esta compleja transición Política es su alto coste en vidas humanas: 1977 es el año en que treinta españoles han muerto en atentados de diverso signo, o en enfrentamientos con la fuerza pública. Todo un índice de las graves tensiones que la transición a la democracia ha experimentado a lo largo del año.
