Barcelona: vista del juicio por despido de un médico de la Cruz Roja

Se ha celebrado en la Magistratura de Trabajo número dos, de Barcelona, la vista de la demanda por presunto despido improcedente presentada por el doctor Carlos Castellanos, jefe del departamento de Bioquímica y Hormonología del Hospital de la Cruz Roja de Barcelona y miembro de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, quien fue despedido de la citada institución el pasado 23 de septiembre, poco después de que el propio doctor Castellanos hubiese denunciado al hospital por falta de afiliación a la Seguridad Social.

La demanda del doctor Castellanos ha tenido una gran trascendencia en los medios sanitarios catalanes, ya que se enmarca dentro de una serie de críticas al funcionamiento de la organización barcelonesa de la Cruz Roja. Es, en efecto, de recordar que en Barcelona esta institución y sus centros parecen estar más atentos a las necesidades de la muy minoritaria aristocracia que a las del conjunto de la sociedad. Mientras que en Madrid las esposas de los principales líderes de la izquierda parlamentaria presidieron algunas mesas petitorias en el «Día de la Banderita», esta circunstancia no se ha dado hasta ahora en Barcelona. Es evidente que aquí los recelos que a nivel popular existen hacia la Cruz Roja son compartidos plenamente por los partidos políticos, en un amplio abanico que abarca desde el centro a la izquierda: por ello la comisión pluripartidista para problemas de la sanidad -integrada por fuerzas que van de la UCD a la izquierda extraparlamentaria- acordó tomar cartas en el caso del doctor Castellanos (véase EL PAIS de 16 y 21 de diciembre).El doctor Castellanos fue despedido de la empresa acusado de haberse apropiado indebidamente de 132.263 pesetas, correspondientes a las cantidades pagadas en concepto de análisis a clientes particulares del hospital. El médico ahora despedido había ingresado la citada cantidad en una cuenta corriente a nombre del hospital en tanto no se clarificara su situación laboral y la de los miembros de su departamento. Desde el año 1968, fecha en que el doctor Castellanos paso a dirigir su departamento, los miembros del mismo recibían una retribución complementaria en base a lo recaudado por prestaciones particulares del hospital. En diciembre de 1975 dejaron de percibirlos, y por el contrario, la Cruz Roja pasó a elevarles su retribución en unas 6.000 pesetas mensuales. Como fuera que la retribución era mayor que la cantidad en que se adecuaba la mensualidad, el doctor Castellanos procedió a congelar en una cuenta corriente las cantidades reseñadas, dirigiéndose a la administración del hospital para que se solucionara el conflicto y se regulara la situación laboral de los miembros del departamento. Hubo conversaciones entre el hospital y el jefe del departamento de Bioquímica y Hormonología, con la mediación del presidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, a cuya junta de gobierno pertenece el doctor Castellanos.

En estas conversaciones - y así lo reconoció el presidente del Colegio, Frances Borrell, en el juicio- se llegó al acuerdo de remitir un contrato laboral al doctor Castellanos y regularizar la cuestión de la cantidad congelada en la cuenta bancaria.

En el juicio, el gerente del hospital de la Cruz Roja no aceptó el término de contrato laboral, manifestando que se había llegado a un cierto acuerdo, pero nunca de realizar un contrato. Sin embargo, a instancias de la abogada del doctor Castellanos, Montserrat, Avilés, reconoció como un ejemplar de contrato laboral de la empresa el documento remitido al presidente del Colegio de Farmacéuticos para dar por zanjado el asunto. El doctor Castellanos no admitió este contrato, ya que, a juicio de los servicios jurídicos del citado Colegio, sus cláusulas iban en contra de los intereses del trabajador que lo firmase.

En el curso del juicio, el abogado de la Cruz Roja presentó al doctor Castellanos como un facultativo que cooperaba en una función social con el hospital, negando relación laboral alguna, mientras que el demandante exhibió pruebas de que recibía órdenes del departamento de personal y que se ajustaba a la normativa laboral del centro.

En el caso del doctor Castellanos, se da la circunstancia de que como facultativo había cuestionado en varias ocasiones la actuación del hospital, denunciando la falta de control de calidad imprescindible en todo centro sanitario.