Coplaco estudia medidas de participación publica en el planeamiento urbanístico

La Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana aprobó en su último pleno, celebrado el lunes, un informe presentado por el Grupo de trabajo sobre participación pública, en el que se recoge la obligación de Coplaco de permitir la participación de todos los interesados en las directrices del planeamiento urbanístico, y no sólo a posteriori, cuando los planes están ya redactados, sino desde el momento en que se piensa o se inicia el estudio en cuestión.

La decisión del actual equipo de Coplaco se basa en el estricto cumplimiento del artículo cuatro del texto refundido de la ley del Suelo, que señala textualmente: «En la formulación, tramitación y gestión del planeamiento urbanístico, los órganos competentes deberán asegurar la mayor participación de los interesados y, en particular, de los derechos de iniciativa e información por parte de las corporaciones, asociaciones y particulares. »Para la redacción del informe aprobado el lunes, que tiene carácter vinculante para Coplaco y solamente aconsejable para otros organismos, se reunieron en varias sesiones de trabajo un grupo de urbanistas que estudiaron las formas legales que podía adoptar la citada participación pública. Las medidas a corto plazo aprobadas se refieren a tres momentos diferentes del planeamiento. En primer lugar, la difusión, redactada en un lenguaje claro y sencillo incluso para las personas no iniciadas, de todos los asuntos relacionados con el planeamiento vigente, calificación de suelo, licencias, leyes, reglamentos y normas vigentes.

La segunda medida se refiere a la redacción de los planes. En este sentido, la participación abarcará desde el momento del anuncio de la iniciación del proyecto, seguido por la publicidad de las distintas propuestas planteadas para la elección de la más conforme a los intereses generales, y, por último potenciar la información utilizando todos aquellos medios, prensa diaria, radiotelevisión, etcétera, que alcancen al público en general.

Orcasur y Pozo siguen adelante

El pleno aprobó definitivamente los planes parciales de Orcasur y del Pozo del Tío Raimundo. Ambos, en líneas generales, contemplan la remodelación de la situación actual, el derribo de las llamadas infraviviendas y la construcción de otras nuevas en que realojar a las familias residentes.Los planes se ejecutarán en vanas fases cada uno. En el caso del Pozo se prevén tres fases. En la primera se realizará casi un 50 % del total de la urbanización y construcción de viviendas, en un plazo de dieciocho meses. La segunda, también en dieciocho meses, contempla un 34 %, y la tercera el restante 18 %, en período de tiempo similar a los anteriores.

Para Orcasur, el paso siguiente es la publicación de la aprobación en el BOE, requisito indispensable para que los acuerdos tengan fuerza legal. En el caso del Pozo será necesaria la aprobación del Consejo de Estado y la posterior del Consejo de Ministros.

El pleno aprobó, también definitivamente, los proyectos de delimitación de suelo urbano de los municipios de Ambite, Braojos, Brea del Tajo, Carabaña, Estremera, Gascones, Navarredonda, Orwco y Valdaracete.

No se aumentó la sanción a Parque Luz

El pleno, a la vista de los informes de la asesoría jurídica, acordó ratificar la sanción que el Consejo de Ministros impuso en 1974 a la promotora de Parque Luz, urbanización que, según las denuncias presentadas por una comunidad de propietarios, se construyó en terreno rústico. La sanción asciende a doce millones de pesetas, y Coplaco no dispone de medios legales para aumentarla, como era su deseo, dado que está claro que el volumen de beneficios de la empresa ha sido mucho mayor. La sanción más grave, consistente en demoler los edificios construidos irregularmente, no puede llevarse acabo porque la aplicación de este tipo de sanciones caduca a los cuatro años. La primera denuncia de que se tiene noticia en Coplaco es posterior en diez años al momento de la infracción, aunque aún no se ha aclarado convenientemente si existía alguna anterior. Por último, se dio el visto bueno al Plan de Saneamiento Integral de Madrid, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento, y que supone un presupuesto de obras de infraestructura de 32.000 millones de pesetas. El plan se ha enviado ya al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, al tiempo que se han tomado contactos con la Dirección de Obras Hidráulicas para coordinar la ejecución del Plan de Saneamiento con el Plan Especial de Infraestructuras Básicas.