Ofensiva clerical

«A pesar de la ofensiva clerical reiente, aquí hay que llegar a un acuerdo con la Iglesia como sea. Como los católicos son una considerable proporción de los habitantes de estas tierras, tienen derecho a que se les reconozca su importancia, pero no pueden exigir posición ninguna de privilegio. Y la jerarquía eclesiástica española, que tantas veces ha arremetido contra los intentos de normalización institucional en el último siglo y medio de historia de España, debe abstenerse esta vez de volverse de nuevo piedra de escándalo.El primer conflicto entre la Iglesia delsiempre y el Estado nuevo ha saltado con motivo del proyecto constitucional que pretende declarar aconfesional el Estado español. En el último cuarto de siglo veinte es evidente que éste no puede ser confesional. Pero quizá sea convenienle no decirlo. Uno de los mayores defectos del borrador constitucional recientemente elaborado es su espeluznante prolijidad. Allí se prevé todo y se dice todo, allí sobra casi todo. Cuanto más corta sea la Constitución y más claros y generales sus principios, más fácil será que dure y planteará muchos menos problemas. Probablemente no hace falta decir que el Estado español será aconfesional, basta con que lo sea. Como tampoco parece muy necesario proclamar prohibida la tortura. Se sobreentiende y no hay que decirlo. Como también se sobreentiende que no hay que pisotear a los ancianos y escupir a las madres de familia. Cuantos menos datos concretos se den, mejor.

Pero si el problema nació en la declaración de aconfesionalidad en el borrador constitucional, el verdadero conflicto entre la Iglesia y el Estado no va por ahí. El conflícto se plantea ante la pretensión eclesiástica de seguir controlando el derecho de familia, ante las subvenciones estatales para el mantenimiento del clero secular y ante la pretensión de grupos católicos integristas de que el Estado siga financiando con decenas de miles de millones al año a los colegios religiosos. (...)

(...) Por el momento no queda otro remedio que seguir financiando los colegios privados, mientras el Estado pone en marcha una red suficiente de institutos, y. escuelas públicas que garanticen la enseñanza gratuita y de calidad a todos los españoles que quieran acudir a ella. Pero llegara; un momento en que los presupuestos del Estado deberán dedicarse exclusivamente a financiar esta ensenanza estatal, sin impedir por ello que colegios privados, mantenidos por fundaciones o por los padres de los alumnos operen también en el país. Se podrá llegar incluso a garantizar enseñanza religiosa en las instituciones del Estado si así lo desearan los padres de los alumnos. Lo que no se puede pretender es que un Estado moderno abjudique de su obligación de proporcionar ensenanza gratuita y de calidad a tolos ciudadanos que lo deseen.

19-25 diciembre